La Corte rechazó un planteo de Sain y dejó firme su destitución

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la destitución de Marcelo Sain como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. Lo hizo al rechazar un recurso presentado por el ex ministro de Seguridad del gobierno de Omar Perotti, que había acudido al Máximo Tribunal cuestionando las decisiones de la Justicia santafesina, ante la cual no había conseguido frenar un sumario administrativo en el que se lo acusaba de “faltas graves”. Precisamente por esas faltas fue destituido por la Legislatura en noviembre del 2021.

Sain llegó a la Corte Suprema en queja por denegatoria de recurso de inconstitucional. Buscaba cuestionar el sumario administrativo en su contra y que se declarara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley provincial 14016, que amplió el régimen disciplinario diseñado para los integrantes del Ministerio Público de la Acusación. En esa presentación, alegó que el procedimiento configuraba un “juicio político encubierto” y que se aplicaba de forma retroactiva una ley disciplinaria que consideraba inconstitucional.

El fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la queja presentada por el ex funcionario por considerar “inadmisible” el recurso extraordinario planteado, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lorenzetti, en su voto, aclaró que este tipo de decisiones no implica convalidar la justicia del fallo cuestionado, sino únicamente rechazar la vía procesal elegida, citando el precedente “Vidal”.

La causa

El caso se originó cuando Saín presentó una acción de amparo contra la provincia de Santa Fe para detener un sumario administrativo abierto en su contra durante su gestión como director del Organismo de Investigaciones, cargo que asumió en 2017.

El juez de primera instancia rechazó el planteo, lo que fue confirmado después por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Rosario y luego por la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Laboral. Ambos tribunales entendieron que la vía del amparo no era idónea y que la cuestión se había tornado abstracta, ya que en noviembre de 2021 la Legislatura santafesina había votado su destitución.

La Corte Suprema provincial, también por mayoría, rechazó la queja. Ante ese escenario, la defensa de Saín acudió a la Corte nacional, que este martes cerró el camino judicial y otorgó firmeza al procedimiento que derivó en su apartamiento del cargo.

Saín, politólogo y creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), denunció en reiteradas oportunidades que fue objeto de persecución y sostuvo que la ley provincial había sido diseñada especialmente para desplazarlo. Sin embargo, todos los tribunales que revisaron su reclamo coincidieron en que el amparo no resultaba procedente para cuestionar decisiones de carácter legislativo.

Espionaje

Pero al margen de este planteo rechazado, Sain enfrenta un proceso judicial que podría llevarlo a prisión, junto a algunos de sus ex colaboradores. En noviembre de 2024, la Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, pidió elevar a juicio la causa iniciada en 2022 en su contra por presunto espionaje ilegal.

De acuerdo con la acusación, Saín lideró una asociación ilícita que confeccionó al menos 661 “perfiles” sobre dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales sin orden de un juez, en violación de la Ley de Inteligencia. La imputación sostiene que esas prácticas implicaban la sistematización de datos sensibles -patrimoniales, familiares y migratorios- obtenidos tanto de registros públicos como de bases privadas.

En esa causa también están involucrados seis ex colaboradores de su gestión en el Ministerio de Seguridad de la provincia, entre ellos la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman, y la ex directora de Inteligencia del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Además, se les atribuyen delitos de abuso de autoridad, peculado y desvío de fondos destinados a gastos reservados.

La investigación incluyó, además, sospechas sobre una licitación para la compra de armas para la policía provincial. En ese marco, Saín fue imputado por “negociaciones incompatibles con el cargo” y tentativa de defraudación a la administración pública, con un perjuicio estimado en más de 17 millones de dólares.

Pedido de prisión

En una extensa presentación realizada a fines de agosto pasado, el equipo de abogados que representa al gobernador Maximiliano Pullaro formalizó una acusación formal ante el Colegio de Jueces Penales de la provincia contra Marcelo Sain y otros funcionarios por, entre otros puntos, espionaje ilegal, en la que pide 10 años de prisión.

El documento, de 174 páginas, firmado por los letrados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín, acusa al ex funcionarios por defraudación, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de la ley 25.520, relacionada con el espionaje ilegal.

La acusación detalla cómo los imputados, muchos de ellos funcionarios públicos, habrían organizado un sistema para recopilar ilegalmente información personal, política y laboral de individuos, incluyendo al propio Pullaro y su entorno, utilizando recursos del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones.

Cabe recordar que para ese entonces, el ahora gobernador ocupaba una banca como diputado provincial en el bloque de la UCR, opositor al gobierno del cual formaba parte Sain.

El texto presenta pruebas documentales, comunicaciones y testimonios que respaldan la existencia de esta red de espionaje, cuyo objetivo era influir en la vida política y la opinión pública de la provincia de Santa Fe, y se solicita la apertura de un juicio.

En simultáneo, se conoció que la Fiscalía de Estado santafesina también acusa a Sain y sus ex colaboradores, y pide pena de prisión.

La oficina a cargo de Domingo Rondina presenta un documento de más de 400 páginas con fundamentos para alcanzar esta acusación en carácter de querellante en la causa que se investiga.