¿Puede Santa Fe reglamentar las plataformas para cuidar a menores?

Santa Fe empezó a debatir la posibilidad de avanzar en regulaciones de plataformas para menores. Fue en la jornada de debate y reflexión sobre “Regulación de entornos digitales para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, que tuvo lugar en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

La convocatoria fue impulsada por las diputadas Gisel Mahmud, Astrid Hummel y Varinia Drisun, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, encabezada por Juan Cruz Giménez, y de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Arístides Lasarte. Fueron invitados a exponer Juan Facundo Hernández y Joaquín Cruzalegui, quienes presentaron datos de percepción social y posibles líneas de acción a partir de una investigación realizada por la asociación Protección Digital Argentina. El debate central fue sobre si la provincia puede avanzar en reglas propias para entornos digitales sin esperar una ley nacional.

La puerta que abrió la Constitución

Mahmud ubicó como punto de partida la reforma constitucional de 2025 que incorporó derechos digitales y obligando ahora a dar un paso más, ya que las herramientas normativas actuales resultan insuficientes ante nuevas formas de violencia, exposición a contenidos dañinos, manipulación algorítmica y circulación de riesgos en plataformas. “Nos parecía fundamental que podamos encontrarnos para empezar a analizar qué hacemos”, señaló la legisladora, resaltando que “en Santa Fe tenemos una Constitución que puso en la agenda esta temática” y que “ahora tenemos la tarea de pensar cómo legislamos y qué políticas públicas que nos puedan permitir hacerlo efectivo”.

La diputada Astrid Hummel completó esa mirada citando datos de un informe de UNICEF de 2025 en Argentina, según el cual el 76% de los niños y adolescentes encuestados conoce herramientas como ChatGPT, el 58% las utilizó al menos una vez y dos de cada tres adolescentes que acceden a ellas lo hacen con fines escolares. “Hoy la virtualidad es la realidad de nuestras infancias”, dijo planteando que las plataformas entonces deben ser seguras “desde su diseño”, ya que no alcanza con recomendaciones familiares si los productos digitales están pensados para retener atención, extraer datos y empujar consumos.

Varinia Drisun, por su parte, aportó que el 90% de niñas, niños y adolescentes reconoce no tener control sobre el tiempo que pasa conectado; que el 83% de los chicos de entre 9 y 11 años tuvo su primer celular antes de los 10; que el 40% señala que el único límite para el uso de dispositivos son restricciones materiales y no la mediación adulta; y que el 47% estuvo expuesto a contenido sexual en entornos digitales. “Estos datos nos hablan del rol que está teniendo la tecnología en la vida cotidiana”, planteó y aclaró que “no tenemos una posición negadora” sino que la tarea es construir reglas que permitan aprovechar mejor las herramientas digitales y reducir sus impactos negativos en la vida cotidiana de niños, familias y escuelas.

Responsabilidad tecnológica

La exposición de Juan Facundo Hernández, ex defensor nacional adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, definió el eje conceptual de la jornada. Su punto de partida fue la Observación General 25 del Comité de Derechos del Niño, a la que definió como una hoja de ruta para pensar derechos de infancia en entornos digitales. “El entorno digital e internet no fue pensado para los niños”, advirtió.

Hernández propuso tres niveles de acción. Primero, alfabetización digital, especialmente en un país con fuertes desigualdades sociales. Segundo, políticas públicas específicas frente a riesgos como grooming, bullying, apuestas online, violencia digital, exposición a contenidos sexuales o violentos, robo de datos y problemas de salud mental. Tercero, legislación sobre lo que en el mundo se conoce como “código de diseño apropiado para la edad”.

“La pregunta es si como se venía abordando ahora este tema, con la presencia y diálogo con las familias, alcanza”, planteó Hernández. Su respuesta fue negativa. Las familias son un actor indispensable, pero no pueden cargar solas con un problema que involucra a empresas globales, algoritmos opacos y modelos de negocio basados en la atención.

Asimismo, el expositor repasó regulaciones internacionales. Mencionó el Reino Unido, la Unión Europea, España, Brasil y experiencias subnacionales de Estados Unidos. En América Latina destacó el caso brasileño del ECA Digital, que amplió la protección de derechos de infancia hacia el entorno virtual e impuso obligaciones a redes sociales, aplicaciones, videojuegos y servicios digitales.

Demanda de regulación

Joaquín Cruzalegui presentó resultados de la encuesta realizada por Protección Digital Argentina junto al Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas y Proyección. El trabajo relevó percepciones de adultos con niñas, niños y adolescentes a cargo, y también incorporó voces de jóvenes. El estudio mostró por un lado, las familias dicen conversar sobre internet y entornos digitales; por otro, existe una alta percepción de riesgos vinculados a algoritmos, pérdida de privacidad, entrega de datos a grandes empresas, contacto con desconocidos y exposición a contenidos violentos o sexuales.

En la región centro, señaló Cruzalegui, un 62,5% apoyaría una regulación nacional y casi el 80% considera necesaria una política sostenida de educación digital. También aparece un alto desconocimiento sobre los algoritmos. Pero el dato más relevante fue la idea de responsabilidad compartida entre familias, Estado y empresas. En ese sentido, sintetizó cinco demandas: prohibir algoritmos adictivos, impedir la recopilación abusiva de datos de niñas, niños y adolescentes, auditar plataformas, adaptar diseños a las edades y avanzar hacia una regulación integral. “No prevalece una mirada prohibitiva, cancelatoria o confrontativa”, aclaró sino que lo que aparece es una demanda de reglas para que la tecnología pueda usarse con mayores estándares de protección.

En ese sentido, Hernández aportó un dato sensible: el 54% de los adultos con niñas y niños a cargo usa poco o no usa controles parentales. “Tenemos más de la mitad de niñas y niños navegando solos en internet, que es lo mismo que estar solos en la calle a edades muy tempranas”, comparó.

El problema, insistieron los especialistas, no se reduce al contenido, sino a los datos. Las plataformas recopilan información, los algoritmos aprenden de esos datos y orientan búsquedas, recomendaciones y consumos. Si un adolescente se acerca a contenidos de violencia, anorexia, suicidio o apuestas, el sistema puede reforzar ese recorrido. Ahí aparece la pregunta de fondo: quién controla el diseño de esos caminos.

Qué puede hacer Santa Fe

La propuesta de Protección Digital Argentina es que la ausencia de una norma nacional no impide que las provincias desarrollen herramientas propias. Mencionaron, en esa línea, estándares de diseño apropiado para la edad, mecanismos de protección por defecto, regulación de prácticas de manipulación digital, responsabilidad algorítmica, transparencia, alfabetización digital y evaluaciones de impacto en derechos.

En ese marco, Hernández planteó que la provincia podría avanzar en protocolos específicos para violencia digital, canales accesibles de denuncia, formación de equipos técnicos, regulación de tecnologías educativas y exigencias previas para contratar plataformas usadas en escuelas. También podría intervenir en materia de consumo digital, donde niños y adolescentes son considerados consumidores hipervulnerables frente a publicidad encubierta, compras dentro de juegos, suscripciones engañosas, diseños adictivos y mecanismos que inducen permanencia.

Uno de los puntos más delicados fue el de las tecnologías educativas. Hernández citó un estudio de Human Rights Watch sobre plataformas usadas durante la pandemia para garantizar el derecho a la educación en distintos países. Según expuso, una parte significativa de esos productos capturaba datos de niñas y niños y los transfería a terceros. Aunque advirtió que si el Estado provincial contrata tecnología para escuelas, debe saber qué datos se recolectan, cómo se almacenan, con quién se comparten y qué riesgos generan.

Educación y salud mental

El intercambio con legisladores, universidades y áreas del Estado amplió el debate. Desde salud se planteó la necesidad de incorporar recomendaciones pediátricas claras sobre pantallas, especialmente en primera infancia. La diputada y exministra de Salud Sonia Martorano insistió en que regular no es castigar: es cuidar. También se habló de desarrollo cerebral, juego, vínculos cara a cara y efectos de exposición temprana.

Alejandro Tófolo, decano de la UTN, y Mariano Cordera como docente de la UNRaf se plantearon el rol de las universidades en investigación, ciberseguridad, diseño ético y análisis de los llamados “patrones oscuros”, mecanismos que inducen decisiones dentro de plataformas, juegos o aplicaciones. También apareció la preocupación por la ludopatía digital, las billeteras virtuales, las recompensas y las dinámicas similares a apuestas.

La diputada Claudia Balagué introdujo una tensión educativa: cómo promover alfabetización digital si muchos estudiantes sólo cuentan con un celular y no con dispositivos adecuados para estudiar. La respuesta abrió otro capítulo: no alcanza con restringir pantallas si no hay políticas de acceso, formación docente y tecnología segura.

La subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, propuso hablar de límites. “Los límites están ligados al amor, no al castigo”, sostuvo apuntando a que regular no debería significar expulsar a los chicos del mundo digital, sino asumir que ese mundo también necesita reglas, adultos presentes y responsabilidades institucionales.