El Senado santafesino pasó su sesión para la semana próxima

Luego de un par de horas de reunión, los jefes de los bloques del Senado santafesino acordaron postergar para dentro se siete días la sesión prevista para este jueves 30 de junio. La semana próxima será la última antes del receso parlamentario de invierno que, al cabo de 15 días de inactividad, llevará la agenda legislativa a fines de julio o principios de agosto.

Los presidentes de las bancadas del interbloque del radicalismo y las dos del peronismo entendieron que no era aconsejable forzar la realización de una sesión en la que los temas a tratar que se podían aprobar sobre tablas con acuerdo no eran lo suficientemente relevantes. En cuanto a los demás asuntos, aquellos que merecen más atención pública porque importan al Poder Ejecutivo al oficialismo legislativo o a la oposición, todavía no tienen acuerdo y, lo más importante, no han avanzado en comisiones.

El compromiso que asumieron los senadores antes de dejar el Palacio Legislativo pocos minutos antes de las 17 es que van a tener un miércoles 6 de julio cargado de labor en comisiones para hacer avanzar los expedientes y llegar a la sesión del jueves 7 con proyectos de ley despachados para su tratamiento en el recinto. Más que trabajo técnico para su concreción, a los proyectos en el cuadernillo de las Preferencias les falta debate en términos políticos. El concepto incluye diálogo entre los dos bloques del PJ encabezados por Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) y por Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos), así como con su par del radicalismo Lisandro Enrico (UCR-General López). La idea es que incluso se pueda negociar con representantes de la otra Cámara un temario posible de asuntos a tratar.

Del mismo modo, el Orden del Día -que estaba previsto para este jueves y pasará al próximo- contiene pocos temas fuertes: allí van camino a obtener la unanimidad dos proyectos de ley del presidente provisional del Senado Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) para crear una comisión legislativa en Defensa del Usuario Vial, otro para beneficiar a las bibliotecas populares mediante una modificación a la Ley 10.572, un cuarto de Germán Giacomino (UCR-Constitución) que adhiere a la Ley Nacional 27.535 que declara el "Derecho a recibir educación sobre el folclore" y busca que se lo ejerza sobre los estudiantes en las escuelas. Finalmente, con un sentido bastante más práctico, aguarda su turno para tener la aprobación y pasar a Diputados una iniciativa de Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) para que en la jurisdicción de la ciudad de Rafaela sea expropiado un inmueble con destino a la ejecución de obras de saneamiento hídrico.

En cambio, entre las preferencias hay más posibles títulos para los cronistas parlamentarios que no superan su estado de borradores desde hace demasiado tiempo, no porque no por falta de estudio en comisiones, sino por falta de acuerdo. El caso más notorio es el que llegó a la Cámara donde el peronismo tiene la mayoría en febrero de este año y busca vender la Colonia de Vacaciones de Alta Gracia, propiedad del Estado santafesino, sin uso desde mediados de 2018. El gobierno argumenta que con la venta del terreno y la edificación en las sierras cordobesas se podrían construir centros turísticos, también con fines sociales, en territorio santafesino. En cuatro oportunidades se le renovó la preferencia pero la idea no parece reunir el apoyo necesario.

Sin acuerdo

Otras tantos compromisos de tratamiento preferencial, sin resultados a la vista, recibió el proyecto de ley pedido por el gobernador Omar Perotti para cederle al Estado Nacional la jurisdicción y el dominio de islas de propiedad de la Provincia, con destino a la ampliación del Parque Nacional "Islas de Santa Fe" que logró despacho de la Comisión de Medio Ambiente y ya pasó al filtro final de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En cambio, tiene más chances de avanzar un mensaje del Poder Ejecutivo que corrige un error de la Ley 12.069 que regula las grandes superficies comerciales en la Provincia: modificar el artículo 28 que estipula las infracciones y también las sanciones, que fueron establecidas en pesos hace más de veinte años. Ahora se las actualiza y se les impone un sistema automático que acompañe la inflación.