Traferri pide que la Corte se pronuncie sobre sus fueros

El senador por San Lorenzo Armando Traferri pidió al juez de Cámara José Luis Mascali que permita que la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe se pronuncie sobre el fallo en el que declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución de la provincia.

El jefe del bloque Juan Domingo Perón en el Senado presentó un escrito ante el magistrado para que "tenga por interpuesto el recurso de inconstitucionalidad de la ley 7055" y que "oportunamente, conceda el presente recurso, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, a sus efectos", además de reservarse la posibilidad de, en caso contrario, acudir directamente a la Corte.

Traferri decidió ir a Tribunales para cuestionar el fallo de Mascali, a pesar de que entiende que no es parte de la causa en la que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra lo han citado a una audiencia imputativa, para el día 23 de agosto próximo.

Antecedentes

El legislador justicialista del Nuevo Espacio Santafesino entiende que su caso fue resuelto por sus pares cuando, en diciembre de 2020, por una mayoría agravada la Cámara alta rechazó el pedido de Edery y Schiappa Pietra de quitarle sus fueros.

Como se sabe, ambos fiscales no actuaron de acuerdo con lo que les ordena el Código Procesal Penal para cuando un legislador mantiene sus inmunidades parlamentarias, que en Santa Fe comprenden, además de la inmunidad para el arresto, para el proceso. El CPP les mandaba pasar al archivo el asunto, pero en su lugar presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Perdieron en primera instancia, pero apelaron. Y en la siguiente, Mascali entendió que lo inconstitucional no es el Código, sino directamente un artículo de la Constitución de Santa Fe. Su fallo parte de la base de que no puede la provincia mantener inmunidades parlamentarias mayores de las que existen a nivel nacional.

Su sentencia pone en jaque los "fueros absolutos" santafesinos, que no solo impiden el arresto de los diputados y los senadores provinciales entre otros cargos, sino que para que un legislador pueda ser procesado debe mediar una decisión de la cámara a la que pertenece el involucrado.

Como en el caso de Traferri el Senado otorgó un rotundo no, el senador sostiene que no debe continuar el proceso en su contra.

Mientras, los dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación, entienden que el fallo de Mascali no solo les otorga la razón al no haber obedecido al CPP, sino que además pueden seguir con el caso a pesar de lo votado por la mayoría de los senadores. Y han citado a una audiencia imputativa a Traferri para el 23 de agosto. Los fiscales acusan al legislador de ser el "jefe-organizador" de una supuesta estructura en la que se le otorgaba protección al juego ilegal a cambio de dinero.

Decisiones

En lo que va de julio, Traferri decidió cambiar de abogado y también presentarse ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Segunda Circunscripción. Oscar Romera y Juan Ignacio Murray son ahora sus asesores jurídicos.

El senador aún estaba con otro estudio jurídico cuando anunció a El Litoral, a días de conocido el fallo de Mascali, que no iría a Tribunales ni se presentaría a una audiencia. Más aún, Traferri se refería siempre a su asesor jurídico y se cuidaba de no hablar de un abogado defensor, porque siempre ha entendido que no es parte en el juicio. Ahora optó por llevar un escrito a Mascali y no adelanta opinión sobre lo que ocurra en agosto, más allá de la suerte que corra su pedido al juez para que la Corte resuelva.

"Grave conflicto de poderes"

La presentación del senador por San Lorenzo considera que es "arbitraria e infundada" la decisión del juez y que "ha planteado una grave situación institucional de conflicto de poderes, ya que ha pretendido sustituir la decisión adoptada por el Senado provincial, a quien la Constitución provincial le reconoce la competencia para resolver de modo definitivo sobre el desafuero de sus integrantes".

Armando Traferri argumenta que "conocer y resolver en los conflictos de poderes que se puedan suscitar entre los órganos de gobierno de provincia de Santa Fe es una labor fundamental que tiene a su cargo la Corte Suprema provincial" y que "la Constitución provincial le otorga esa competencia de modo originario y exclusivo, al igual que la gran mayoría de las constituciones provinciales".

Advierte que "en un conflicto de poderes las partes son –nada más y nada menos- sus órganos de gobierno y lo que allí se decida tiene un claro y directo impacto en el diseño de la convivencia institucional y política".

"En todo conflicto de poderes existe un 'poder invasor' y un 'poder invadido'. En este caso, un juez provincial de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la 2da Circunscripción Judicial constituye el "poder invasor" y el Senado es "el poder invadido" (concretamente, en cabeza del senador Traferri), ya que a través de una decisión judicial, dictada con un manifiesto exceso de jurisdicción, ha declarado inconstitucional una norma de la Constitución local y del Código Penal (…) ha pretendido ubicarse por encima del normal ejercicio de las atribuciones que la Constitución le atribuye a la Legislatura en el procedimiento de desafuero de un senador".

"En la resolución de este caso de conflicto de poderes se hallan comprometidos aspectos básicos y fundamentales de nuestra organización constitucional", señala.

"La actuación del Poder Judicial no se ha ceñido a los límites de oportunidad que exige la Constitución, ha actuado fuera del marco de un 'caso' o 'causa' y ha menoscabado facultades privativas e inmunidades funcionales propias del Poder Legislativo. Ello ha conducido a una situación en la que la medida dispuesta por el juez de la Cámara de Apelaciones sea arbitraria y, por ende, inválida", dice Traferri.