Votación dividida por aportes tributarios de mutuales a entidades deportivas

En votación dividida, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que establece un crédito fiscal a favor de las asociaciones mutuales que tengan convenio de reciprocidad vigente con entidades deportivas de la provincia. El objetivo es que hasta el 50% de ese tributo pueda destinarse a fines específicos de clubes. La iniciativa corresponde a la socialista Lorena Ulieldin quien la defendió en el recinto cuando el tema llegó con los respectivos dictámenes de comisiones. En cambio, el justicialista Ricardo Olivera justificó el voto contrario de la bancada oficialista aunque dijo coincidir con el objetivo de fortalecer a los clubes pero consideró más apropiado seguir los lineamientos actuales donde es el Consejo Provincial del Deporte que avala los aportes de empresas que devengan impuestos a clubes.

En el medio del debate, tanto el Frente Social y Popular como Igualdad pidieron permiso para que sus integrantes se abstengan en la votación. Así 23 diputados votaron a favor del proyecto; 7 por el rechazo y 4 se abstuvieron.

"Las asociaciones mutuales que tengan convenio de reciprocidad vigente con entidades deportivas de la provincia o cuando las entidades deportivas se encuentren constituidas como mutual deportiva, en la medida que por el ejercicio de sus actividades resulten alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, podrán deducir del impuesto determinado por cada periodo fiscal, un crédito fiscal que no podrá exceder el 50% del importe a abonarse, sin que el excedente que no se deduzca pueda ser trasladado a periodos fiscales posteriores" reza el artículo central del proyecto.

También se determina que el importe de ese crédito fiscal será destinado a la construcción, mejora o ampliación de la infraestructura edilicia, a la adquisición de implementos y materiales que resulten útiles para la práctica de los deportes o actividades que allí se realizan, a la organización o realización de eventos y en general para la realización de cualquier actividad que resulte de interés para dicha entidad deportiva. También para el funcionamiento y desarrollo, cubriendo gastos corrientes de las diferentes actividades deportivas y recreativas que desarrollen las entidades mencionadas (contratación de profesores, pago de viáticos y/o adquisición y/o reparación de elementos deportivos).

El proyecto votado también permite que mutuales que no tengan convenio de reciprocidad con clubes, podrán efectuar el aporte del 50% de Ingresos Brutos con destino a las asociaciones, entidades de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas que elijan, cumpliendo determinados requisitos.

Según Ulieldin, son 140 las mutuales vinculadas a clubes pero también estimó que el impacto al Tesoro será solo del 0,2% de la recaudación anual de Ingresos Brutos. Es más, situó el fondo a repartir en 300 millones de pesos en una segunda intervención para responder a una serie de interrogantes planteados por Olivera, entre ellos desconocer el impacto fiscal del aporte a clubes.

La socialista marcó en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos que si bien el Código Fiscal establece como regla que las asociaciones mutuales están exentas del pago, prevé como excepciones los ingresos generados como consecuencia del ejercicio de determinadas actividades : actividad aseguradora; prestación del servicio de ayuda económica mutual con captación de fondos de sus asociados, como consecuencia de entregas de dinero efectuadas a los mismos; prestación del servicio de proveeduría; y, los Ingresos Brutos provenientes del importe de cada cuota de círculo de ahorro.

Olivera defendió la tarea de las mutuales pero entendió que se genera una deducción de impuestos direccionada a determinados clubes o instituciones y en detrimento de la igualdad de oportunidades. Insistió en que el Consejo Provincial del Deporte es el cuerpo colegiado que avala los destinos tributarios que pueden hacer empresas a entidades y puso el ejemplo de lo realizado años atrás en Marcelino Escalada (dpto San Justo) donde merced a ese aporte se puede construir una pileta de 25 metros.

Insistencia

Sobre tablas y por unanimidad, la Cámara de Diputados volvió a votar un proyecto de ley que establece los principios rectores que deben observar los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado y auxiliares de justicia en relación con las personas que hayan sido víctimas de delitos. La iniciativa lleva las firmas de Oscar Martínez (Frente Renovador) y de Pablo Farías (PS) y fue votada el año pasado pero no prosperó en el Senado.

La llamada 'ley de víctimas' motivó incluso reuniones entre familiares y el Senado donde se avanzó en la discusión pero la Cámara Alta no alcanzó el consenso necesario para el aval.

El proyecto parte por reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el acceso al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en la Ley Nacional 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Fuerte reclamo por gasoil

En comisiones, Diputados unificó cuatro proyectos ingresados por diferentes bloques y exigió al gobierno provincial que actúe con mayor firmeza ante autoridades nacionales exigiendo el abastecimiento de gasoil a todo el territorio santafesino.

Uno de los textos -del socialista Joaquín Blanco- le pide que gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional "recomendando que éste, en el marco de sus funciones como Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional 27.640 "Marco Regulatorio de Biocombustibles", eleve el porcentaje obligatorio de biodiésel que debe contener el combustible líquido clasificado como gasoil o diésel que se comercialice dentro del territorio nacional, actualmente fijado en cinco por ciento (5%), en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final". La justificación radica en la falta de gasoil, la consecuente necesidad de importar dicho combustible, y la plena facultad legal de la Secretaría de Energía para elevar el referido porcentaje obligatorio, "cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".

Para Blanco es inadmisible el silencio de Perotti sobre la cuestión mientras que el radical Sergio Basile advirtió sobre la cantidad de sectores santafesinos desprotegidos.

Reforma

En el recinto, la diputada Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) ingresó el octavo proyecto que propicia la reforma de la Constitución de la provincia. La iniciativa propone mantener inalterables solo tres artículos: 1, 4 y 6. El segundo de ellos es mantener la capital en la ciudad de Santa Fe el 6 determina que "los habitantes de la Provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran".

Además de los artículos que sugiere incorporar al texto constitucional, la iniciativa propone elegir convencionales constituyentes en forma conjunta a las elecciones provinciales del 2023 y prevé el funcionamiento de la asamblea en la ciudad capital a los diez días de la elección y con un límite de plazo de cien días.