Julio Iglesias busca frenar la investigación en España por presuntas agresiones sexuales

La defensa de Julio Iglesias, el cantante español de 82 años y una de las figuras más reconocidas de la música latina, presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España un escrito en el que solicita el archivo de una investigación preliminar abierta luego de que dos exempleadas presentaran denuncias por presuntas agresiones sexuales y otros tratos abusivos.

El letrado del artista, José Antonio Choclán, argumenta que los tribunales españoles no tendrían jurisdicción para instruir la causa porque los hechos denunciados habrían ocurrido fuera del territorio nacional, específicamente en sus residencias en República Dominicana y Bahamas en 2021, y las presuntas víctimas no residen ni son de nacionalidad española.

En ese marco, sostiene que la causa debería tramitarse en los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos.

En el escrito, al que tuvieron acceso medios internacionales, la defensa también pidió tener acceso completo a las diligencias, que están bajo secreto, para poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa. Además, reclamó que se detenga lo que describió como una “campaña mediática” que —según afirma— ha causado un “grave daño reputacional” al cantante.

El planteo de Choclán incluye que la Fiscalía debe admitir su personación formal en la causa y que se retiren medidas como la protección de identidad de las denunciantes, argumentando que estas decisiones no pueden adelantarse sin la intervención de la defensa.

Origen de las denuncias

La investigación preliminar se inició después de que organizaciones de derechos de las mujeres y medios de comunicación publicaran testimonios de dos extrabajadoras del servicio doméstico del cantante, quienes relataron experiencias que incluyen toques no deseados, presiones para encuentros sexuales y maltrato físico y verbal durante periodos en que trabajaron en las mansiones del artista en el Caribe.

Según estas denuncias, parte de los hechos habrían ocurrido en el año 2021 cuando Iglesias tenía 77 años. Una de las mujeres afirmó que era llamada a la habitación del cantante repetidamente, describiendo los encuentros como forzosos, mientras que otra denunciante relató un ambiente laboral de control intenso y vejaciones por parte de superiores dentro del personal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional confirmó la apertura de “diligencias de investigación preprocesales” sobre la base de una denuncia presentada el 5 de enero de 2026. Estas diligencias se encuentran bajo secreto de sumario para proteger a las personas que han realizado las declaraciones.

Julio Iglesias respondió públicamente a las acusaciones a través de su cuenta en Instagram, donde afirmó que las imputaciones son “absolutamente falsas” y expresó su pesar por la situación.

En su mensaje, aseguró haber sentido “una gran tristeza” ante las acusaciones, negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a cualquier mujer y manifestó que aún tiene “fuerzas para que la gente conozca toda la verdad” y defender su “dignidad”.

Además de negar las imputaciones, Iglesias ha contratado a un equipo legal de alto perfil, encabezado por Choclán, quien ya se ha hecho cargo de la defensa de otras figuras públicas en España.

Competencia jurisdiccional, reputación y repercusiones

El eje central de la estrategia de defensa radica en cuestionar que los tribunales españoles sean competentes para continuar con la investigación, dado que los hechos denunciados —según la versión de Iglesias y su abogado— ocurrieron en el extranjero y con personas que no tienen vínculo jurídico estable con España.

El abogado argumenta que aceptar la competencia de España para este caso permitiría a las víctimas “elegir el fuero que les resulte más conveniente”, algo que, a su juicio, representa un “perjuicio” para la defensa del cantante y pone a la justicia española en una posición irregular.

Este planteo se suma a un debate más amplio sobre la competencia de la Audiencia Nacional en casos que implican a ciudadanos españoles y presuntos delitos cometidos fuera del territorio, un tema que en ocasiones genera controversia legal y mediática.

El caso ha generado reacciones diversas en España y en medios internacionales, con voces tanto de apoyo como de crítica hacia Iglesias. Políticos y figuras públicas han intervenido en el debate, defendiendo al artista o cuestionando el manejo de la denuncia y la investigación en curso.

Por el momento, la Fiscalía continúa evaluando si mantiene la competencia para la acusación y si las diligencias deben avanzar o archivarse conforme a lo solicitado por la defensa de Iglesias. Mientras tanto, el proceso se encuentra en una fase inicial y reservada, y aún no hay decisiones judiciales definitivas sobre la admisión de la petición de archivo o el levantamiento del secreto del sumario