Geriátricos del horror: denuncian maniobras con las viviendas de los adultos mayores alojados

Una nueva y delicada denuncia se suma al expediente que tiene bajo investigación a la responsable de varios geriátricos de Santa Fe y Santo Tomé y vuelve a poner el foco sobre el destino de los bienes de los adultos mayores que pasaron por esos establecimientos.

Esta vez, el dato surge del testimonio de una ex empleada de uno de los hogares y de la denuncia realizada por la hija de un hombre que estuvo alojado primero en una residencia de calle Salvador del Carril y luego en un establecimiento de barrio Nuevo Horizonte.

Ambas mujeres describieron ante el programa Santa Fe Policiales, que se emite por CYD Litoral, un funcionamiento que, según sus relatos, excedería largamente las irregularidades vinculadas con la atención de los residentes.

En particular, Melina —ex trabajadora de uno de los geriátricos— aseguró que la mujer actualmente imputada por abandono de persona habría recibido o tomado bajo su control propiedades pertenecientes a adultos mayores alojados en sus residencias.

El señalamiento, de comprobarse, abriría una línea de investigación particularmente sensible: qué ocurrió con los bienes y las viviendas de personas que, por su edad o estado de salud, se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.

La ex empleada sostuvo que durante el tiempo que trabajó en el establecimiento escuchó y observó situaciones que le llamaron la atención. Entre ellas mencionó medicamentos, alimentos y objetos que eran llevados por familiares y que, según su relato, no siempre terminaban en manos de los destinatarios.

Pero fue al referirse a las propiedades donde formuló la acusación más grave.

Viviendas y sospechas

Según Melina, la responsable de los hogares les habría ofrecido a distintos trabajadores la posibilidad de hacerse cargo de viviendas que, de acuerdo con lo que ella les decía, habían quedado disponibles luego del fallecimiento de adultos mayores que habían estado alojados en sus establecimientos.

"Nos ha ofrecido establecimientos, casas que supuestamente a ella le daban por parte de las personas que fallecían", relató.

La mujer aseguró además tener conocimiento de al menos dos inmuebles que habrían sido utilizados para abrir nuevos hogares. Mencionó una propiedad ubicada en la zona de Ocampo y otra en Santo Tomé.

Su relato contiene, además, un elemento que podría resultar determinante para establecer qué ocurrió con esas propiedades. Afirmó que en uno de los casos el propietario original todavía estaría con vida.

"El abuelo está en vida y estuvo en Salvador del Carril y hasta último momento lo tuvo ella", aseguró la ex empleada, al referirse a una vivienda de Santo Tomé.

Se trata, por ahora, de afirmaciones formuladas por una ex trabajadora y deberán ser corroboradas mediante documentación, registros de propiedad, eventuales sucesiones y otros elementos que permitan determinar si existieron transferencias, cesiones, ventas o cualquier otra maniobra sobre los bienes de los adultos mayores.

Una denuncia que todavía espera respuestas

En paralelo, D. R., hija de uno de los hombres que permaneció en esos hogares, viene realizando presentaciones desde el 22 de abril para denunciar lo que considera graves irregularidades en la atención de su padre.

Según consta en su denuncia, su padre ingresó inicialmente a un hogar de calle Salvador del Carril luego de permanecer internado en distintos centros de salud. La derivación se habría producido a partir del contacto de la familia con una asistente social.

La denunciante relató que entregó el DNI y la tarjeta de cobro de la pensión de su padre para facilitar su ingreso y posterior administración de sus recursos. Según su testimonio, la tarjeta quedó en poder de la responsable del establecimiento.

D. R. aseguró que posteriormente consultó en el Banco Nación por los movimientos de la cuenta y que, cuando intentó comenzar a administrar el dinero de su padre para poder trasladarlo a otro establecimiento, se produjo un conflicto.

El 22 de abril, siempre de acuerdo con su denuncia, la mujer retiró el dinero correspondiente a la pensión de su padre pese a que la familia le había solicitado que no lo hiciera. Cuando le reclamaron la devolución, habría respondido que ese dinero correspondía al pago de los servicios prestados durante el mes.

La denunciante sostiene que la devolución nunca se concretó. También afirma que, posteriormente, la responsable del geriátrico habría dejado una constancia en un Centro Territorial de Denuncia en la que explicaba su posición respecto de ese dinero.

El episodio terminó convirtiéndose en uno de los motivos centrales de la denuncia presentada por la familia.

Medicación, pensiones y adultos mayores vulnerables

El testimonio de D. R. también contiene cuestionamientos sobre la atención médica y la administración de medicamentos.

La mujer relató que su padre le decía que en el hogar no recibía la medicación de la manera indicada por sus médicos. También sostuvo que una ex empleada le habría contado que se confeccionaban recetas y que se cobraba a familiares por medicamentos que, según la denuncia, podían ser obtenidos gratuitamente.

Melina, por su parte, describió un mecanismo similar. Dijo que algunas familias entregaban dinero para adquirir medicamentos y que, en determinadas ocasiones, se utilizaban remedios que habían quedado pertenecientes a otros residentes.

"Cuando otro abuelo le hacía falta, sacaban de ahí de los medicamentos que ya esa familia no le terminaba dando", relató.

También afirmó que la responsable del establecimiento, por su condición de enfermera, en ocasiones habría decidido reemplazar medicamentos indicados por profesionales médicos.

Todas estas afirmaciones forman parte de testimonios que deberán ser confrontados con documentación, historias clínicas, recetas, registros de medicamentos y declaraciones de quienes trabajaron o estuvieron alojados en los establecimientos.

La denuncia de D. R. también alcanza a organismos estatales. La mujer cuestionó la intervención de personal vinculado con el área de adultos mayores local y sostuvo que una asistente social que previamente había tomado contacto con su padre terminó, según su relato, amenazándola con denunciarla por abandono de persona cuando reclamaba el DNI y la tarjeta de cobro.

La denunciante también aseguró que acudió a otra dependencia pública vinculada al cuidado de adultos mayores para pedir ayuda y que allí le dijeron que necesitaban una denuncia para poder intervenir en un establecimiento privado.

Posible trama de complicidades

Los testimonios recogidos plantean así un escenario que excede la discusión sobre las condiciones edilicias o la calidad de la atención en los geriátricos.

Lo que deberá establecer la investigación es si existió un mecanismo sistemático mediante el cual personas mayores, algunas de ellas sin familiares cercanos o con dificultades para valerse por sí mismas, quedaban bajo un esquema de dependencia que alcanzaba sus ingresos, sus documentos, sus tarjetas de cobro y eventualmente sus bienes.

Melina fue contundente al hablar de las propiedades. Su relato apunta a determinar si algunas viviendas de adultos mayores fallecidos terminaron siendo utilizadas para nuevos emprendimientos geriátricos o quedaron bajo control de la administradora.

D. R., en tanto, también cuestionó el accionar de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini y expresó su disconformidad con la respuesta que recibió frente a las denuncias que, según afirma, comenzó a formular en abril.

Por ahora, buena parte de las acusaciones son eso: acusaciones y testimonios de particulares. La gravedad de lo denunciado exige que cada una de esas afirmaciones sea sometida a verificación judicial.

En ese contexto, las propiedades aparecen como uno de los puntos más sensibles. Si se comprobara que viviendas pertenecientes a adultos mayores fueron transferidas, cedidas o utilizadas sin consentimiento válido, la investigación podría adquirir una dimensión patrimonial que hasta ahora no aparece completamente expuesta.

Y detrás de los papeles, las tarjetas y las escrituras hay una cuestión esencial: determinar si personas especialmente vulnerables fueron despojadas de bienes que debían permanecer bajo su protección y, eventualmente, pasar a manos de sus legítimos herederos.