Juicio al Comando de la Costa: "Cuando los policías pasaban nos pegaban y escupían"

En el marco del juicio a dos integrantes del Comando de la Costa, la primera persona en declarar fue una mujer que -a pesar del enorme temor con el que vive- decidió contar su historia y declarar cómo los policías no sólo la violentaron, sino que además le provocaron la pérdida de un embarazo.

Constituida como querellante en el proceso, la mujer relató durante más de una hora las vejaciones y humillaciones a las que fueron sometidos tanto ella como sus familiares en octubre de 2017, luego de que el Comando ingresara sin autorización a su casa.

El tribunal, conformado por los Dres. Susana Luna, Rodolfo Mingarini y Pablo Ruiz Staiger, es el encargado de presidir el debate en el que los fiscales de Delitos Complejos Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández pretenden penas de 18 y 12 años para los acusados.

Ariel Alejandro Sanabria (44) y Exequiel Maximiliano Mendicino (34) son representados por los abogados Sebastián Oroño y Jorge Questa, respectivamente. Mientras que la única víctima en constituirse como querellante recibe la asistencia legal de las Dras. Laura Gerard Vivian Galeano, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

Sin autorización

Durante sus alegatos de apertura las querellantes habían señalado que el tribunal "tendrá la responsabilidad de juzgar el accionar de dos funcionarios policiales que, en plena vigencia de un estado democrático y de derecho, atentaron contra la libertad y dignidad de personas empleando prácticas y métodos que probablemente les recuerden a una historia pasada de nuestro país".

La ronda de testigos comenzó con su representada, que vive con tanto miedo que los acusados debieron ser trasladados a otra sala para que ella pudiera prestar su declaración sin temor. La mujer narró que aquel 19 de octubre de 2017 arribaba a la vivienda de la abuela de sus hijas y presenciaba cómo los agentes policiales ingresaban sin autorización y arrastraban desde adentro a su pareja, mientras lo golpeaban.

Su hermano, que la estaba acompañando, tomó su teléfono y comenzó a registrar lo que sucedía. Esto llamó la atención de los uniformados, que le quitaron el aparato y lo destrozaron, a la par de que lo golpeaban y reducían. Con ambos hombres a bordo de las camionetas, emprendieron su marcha hasta la Comisaría 14.

Golpes e insultos

La denunciante y su cuñada decidieron seguir a los móviles para saber a dónde los llevaban, lo que provocó que repentinamente ambos vehículos frenaran en seco. De ellos se bajaron al menos 5 efectivos que, sin mediar palabras, las agarraron de los pelos y las aprehendieron.

En el camino, la mujer declaró cómo la golpeaban con un handy y la pisaban a pesar de que les había informado que estaba cursando los primeros meses de un embarazo. Al arribar a la dependencia, los ubicaron contra un casillero y "cuando pasaban nos pegaban cachetadas, me escupían la cara, me pegaban en la espalda". Sumado a esto, la insultaban y denigraban, a la par que le decían que perdería al bebé que llevaba en su vientre.

La violencia continuó durante horas, y cuando llegó el momento de que el médico legista los viera fueron amenazados para que no dijeran nada. Una vez derivados a otra comisaría, se constataron las lesiones, y cuando ella finalmente pudo ir al baño, notó que el dolor y la presión que venía sintiendo en el abdomen bajo eran consecuencia de la pérdida que estaba sufriendo.

Trauma

Veinticuatro horas más tarde, la mujer pudo reunirse con sus cuatro hijitas, que en ese momento tenían entre 2 y 10 años, y que estaban profundamente atemorizadas ya que habían presenciado la brutalidad policial.

Sufrió hemorragias durante un mes, que sumadas al trauma, hicieron estragos en su salud física y psicológica. Durante ese tiempo no salió de su hogar, ya que recordaba la amenaza efectuada por los agentes: si los volvían a ver, se los volverían a llevar.

El accionar del Comando de la Costa marcó un antes y un después en su vida. El estrés no le permitía comer, ni dormir, comenzó a fumar más de 5 atados de cigarrillos por día y hasta debió ser medicada, "no tenía ánimos de seguir". Sus pequeñas también sufrieron, el sólo hecho de ver un móvil policial les generaba tanto pánico que no podían evitar comenzar a llorar y gritar.

Al exponer su historia, ella sólo espera "que se haga Justicia" y que Sanabria y Mendicino "no vuelvan a ejercer" labores como policías. No sólo porque desea que sus acciones sean reprimidas y tengan consecuencias, sino también porque la invade el miedo de que su experiencia vuelva a repetirse.

Los "compañeros" del Comando

En el marco de la causa judicial se investigaron más de 60 delitos cometidos por ocho miembros del Comando Radioeléctrico de la Costa. Por esto, cinco policías fueron condenados a través de juicios abreviados: la subcomisaria Nadia Lucrecia Soperez recibió una pena de 8 años y 6 meses, mientras que Claudio Javier Núñez y Juan Emilio Torres fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión respectivamente. Claudio Cerf y Gabriela Cerf fueron penados a 3 años de cumplimiento condicional.

Luis Exequiel Gómez, quien iba a ser juzgado en el debate, firmó un acuerdo de juicio abreviado que contempla una pena de 8 años de prisión, y que fue admitido los días previos al comienzo del juicio.

La acusación

Ariel Alejandro Sanabria está acusado como coautor de los siguientes delitos: allanamiento ilegal -12 hechos-, falsedad ideológica en instrumento público -10-, amenazas coactivas -6-, vejaciones -4-, apremios ilegales, severidades -7-, robo calificado -3-, hurto calificado, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional -4- y tortura -2 hechos-, todos estos en concurso real. Se solicita una pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

Exequiel Maximiliano Mendicino está acusado como coautor de: allanamiento ilegal -7 hechos-, falsedad ideológica en instrumento público -5-, amenazas coactivas -5-, vejaciones -2-, apremios ilegales, severidades -3-, robo calificado -2-, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional, omisión de denuncia y comisión por omisión de tortura de funcionario competente ajeno al delito, en concurso real. Solicitan una pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y portar armas.