Comenzó el juicio a empresarios arroceros por el colapso de la Ruta 1

Llegó a juicio la causa que investigó el colapso de parte de la Ruta Provincial N°1, ocurrido en enero de 2019. La cúpula de una empresa dedicada a la producción y comercialización de arroz está en el banquillo de los acusados, y se enfrenta a un pedido de pena de 5 años de prisión.

Este lunes, pasado el mediodía, la jueza Celeste Minniti dio inicio al debate. Rubén Arnoldo Carlen, Raúl Francisco Carlen y María Ángela Nini son juzgados por los delitos de "estrago doloso", "daño" y "daño calificado".

Se trata del presidente y vicepresidentes, respectivamente, de la empresa "Los Cerrillos S.A.", propietaria del terreno ubicado en zona rural de Colonia Teresa (departamento San Javier) en el que se los acusa de haber construido terraplenes y desviado el caudal de un arroyo. Esto, con las fuertes lluvias de principios de 2019, habría generado que estallara una alcantarilla y colapsara la calzada de la RP1 a la altura del km 190.

La investigación estuvo en manos de las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos Mariela Jiménez (actualmente jubilada), Laura Urquiza y Barbara Ilera. Ésta última es quien representa al MPA en el juicio, acompañada por su colega Ezequiel Hernández. El bloque acusatorio también está compuesto por tres querellas: el Estado provincial y dos particulares damnificados.

La defensa de los empresarios está a cargo del estudio del Dr. Néstor Oroño, quien representa a Rubén Carlen. Sebastián Oroño asiste a Raúl Carlen mientras que Alejandro Otte y Mariana Oroño defienden a Nini.

La acusación

Los hermanos Carlen y Nini están acusados de "haber construido -desde 2007- terraplenes de más de 6 km. de extensión y de una altura que, en algunos tramos, supera los 2 metros y medio, alrededor de la explotación arrocera" ubicada al oeste de la Ruta 1, a la altura del km 190.

También de haber mandado a hacer "canales de riego y desagüe y un canal de derivación de aproximadamente 3 km. de longitud que desemboca en la cuneta oeste de la ruta". Esto, sin la autorización de los organismos públicos competentes. Las obras "obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación y generaron la desviación de los caudales de agua hacia el río San Javier".

Con las grandes lluvias registradas a principios de 2019, estas construcciones irregulares generaron un "endicamiento" de las aguas al norte de los terraplenes, inundando los campos allí ubicados. El único drenaje posible era la alcantarilla ubicada debajo de la ruta, que no estaba construida para soportar semejante caudal, y el 19 de enero se derrumbó, provocando el colapso de una parte de la cinta asfáltica.

Este corte de la ruta no fue la única consecuencia, ya que la situación causó pérdidas millonarias a los productores agropecuarios de campos linderos, daños en una vivienda cercana y también puso en peligro el casco urbano de Colonia Teresa.

Rédito económico

La fiscalía hizo hincapié en que la realización de las obras no autorizadas fue "para obtener un rédito económico, al obtener mayor superficie para sembrar", y que los acusados se aprovecharon de esto durante más de 10 años, ya que si bien la empresa adquirió el campo en 2013 lo alquilaba desde 2007.

Agenda

El juicio comenzó el lunes 6 de noviembre y está previsto que la declaración de testigos continúe hasta el viernes. Recién la semana próxima la jueza Minniti dará a conocer si veredicto.