Lerche, a un paso del juicio oral

Más de cien testigos fueron aceptados por la Justicia para ser citados a declarar en lo que será el juicio oral y público contra el ex presidente del Club Colón, Germán Lerche, tres miembros de su comisión directiva y el síndico, quienes están acusados por la administración fraudulenta de la entidad deportiva del barrio Centenario durante el período 2006 a 2013.

El juez Nicolás Falkenberg admitió parcialmente este lunes 27 de julio la acusación presentada en octubre del año pasado por la fiscal Mariela Jiménez, mediante la cual se solicita penas de 6 años de prisión para Germán Eduardo Lerche por el delito de “administración fraudulenta” en carácter de coautor; 4 años para tres miembros de su comisión directiva: Marcelo Eduardo Maglianesi (secretario general), Carlos Alberto Marín (tesorero) y Rubén Osvaldo Moncagata (vice presidente); y 5 años de prisión como coautor de la administración fraudulenta y autor por el delito de estafa para el síndico Osvaldo Pradolini.

La resolución notificada a las partes esta semana, fue el producto de dos jornadas de audiencia preliminar los días 21 y 22 de julio, en la que la Justicia puso punto final a la etapa intermedia del proceso penal iniciado a fines de 2013 cuando se radicó la primera denuncia en sede fiscal. Entre los puntos salientes del nuevo decisorio, el juez admitió el grueso de la prueba ofrecida por la fiscal Jiménez y la querella, a cargo del abogado Ricardo Calvo Arrazola. No obstante, Falkenberg rechazó la acusación en cuanto a la utilización de los servicios de secretaria personal y privada contratada por el club. Y sobreseyó a los cinco por el uso de teléfonos celulares que pagaba el club; y por haber librado cheques sin fondos. En especial, en el caso de Moncagata, se lo sobreseyó además por el alquiler de un departamento de calle Suipacha al 2900.

Por lo demás, el juez consideró admitida “la totalidad de la prueba ofrecida por las partes” a excepción de los puntos antes mencionados. También rechazó la solicitud de suspensión de juicio a prueba intentada por los abogados Néstor Oroño (por Marín) y Matías Spadaro -del Servicio Publico- (por Moncagata). Éste último había propuesto un resarcimiento en concepto de daños de $ 80.000, pagaderos en cuatro cuotas de $ 20.000. Además, el juez definió que el juicio deberá estar a cargo de un tribunal pluripersonal, es decir de tres jueces.

La maniobra

En su requisitoria de acusación, la fiscalía le atribuyó a Lerche y sus dirigentes haber “perjudicado” los interés del club Colón, así como su “administración y cuidado de bienes”. Se sospecha que habrían actuado con ánimo de lucro personal o para terceros, haciendo un “uso abusivo de poderes en sus cargos” durante el período comprendido entre 2006 a 2013.

En cuanto al ex síndico Pradolini, se lo responsabiliza por haber incumplido “deliberadamente con la fiscalización, control y verificación contable, patrimonial y financiera, que se le confiara”, desde diciembre de 2010 hasta el 2013 inclusive. La pieza judicial narra el rol que desempeñó Pradolini como tesorero del Comité Organizador -sede Santa Fe- de la Copa América 2011, en cuanto a los gastos operativos de organización sin justificación. También por haber violado sus funciones de control cuando se pagó con plata del club “gastos personales de traslado y hospedaje a Curitiva, Brasil, el 26 de enero de 2013”; así como vuelos en avión del plantel donde subían dirigentes y familiares.

Si bien existe un detalle minucioso por cada maniobra ilegal atribuida, la investigación apunta al uso de teléfonos celulares y tarjetas de crédito pagados por el club -más de medio millón de pesos-; la falta de rendiciones de cuenta de gastos por viajes de directivos y representantes de jugadores; el pago del alquiler de un departamento en Puerto Madero -alquilado por 1.300 dólares mensuales-; los alojamientos de directivos, representantes y otras personas en el Hotel de Campo Colón; el descuento de cheques a tasas mayores a las de mercado por montos que perjudicaron considerablemente a la institución; y la emisión de 496 cheques a sabiendas de que no existían fondos, entre otros.

Como dato destacado, sale a la luz el caso de la compra de un microscopio, en julio de 2012 por el que se pagaron $ 87.000 que salieron de las arcas del club, cuando en realidad debía hacerlo Lerche, junto con Ariel Garcé, Maglianessi y Muga, en el marco de una probation por la causa judicial por “por robo y daño agravado” por la rotura y desaparición de la Virgen del estadio Brigadier López.

Muchos testigos

El caso surgió el 18 de noviembre de 2013, a raíz de la denuncia radicada por quien entonces era síndico del club ante la Fiscalía N° 3 del Poder Judicial. El 25 de marzo de 2014 se formuló “requerimiento positivo de instrucción” a los fines de investigar la posible comisión de delitos por parte del presidente Lerche, solicitando a su vez una serie de medidas probatorias, las cuales fueron proveídas por el juez de Instrucción Darío Sánchez. Una de las más importantes fue la presentación de resultados de la pericial contable, el 22 de septiembre de 2016, a cargo del perito contador Germán Pérez, de la Corte Suprema.

Para lo que será el juicio oral, fiscalía y querella ofrecieron 77 testigos, más la testimonial del perito contable, entre los que cuentan ex empleados del club, representantes de diversas entidades bancarias, miembros de la comisión investigadora conformada con posterioridad a la salida de Lerche y funcionarios de distintos estamentos del Estado que beneficiaron o trabajaron con la institución de barrio Centenario. Por su parte, la defensa de Lerche ofreció 22 testigos, la mayoría de ellos de concepto, entre los que destaca Nery Pumpido, Cherquis Bialo y el ex presidente de la Liga Santafesina, Carlos Lanzaro. Moncagata por su parte pidió que citen a 9 testigos; y Maglianesi y Pradolini otros tres, varios de los cuales se repiten.

Desmanejo

“Es claro que si no rindieron cuenta el dinero es apropiado para sí” sostuvo la acusación que responsabiliza a los directivos por la quiebra a la que llevaron la institución. Para el juez Falkenberg, “la no rendición de cuentas sistemática al recibir sumas de dineros, evidencia un desmanejo económico, que mal puede ser llamado una ‘desprolijidad’”.