Absolvieron a las cuatro acusadas por estafas en la agencia Maros Turismo en Santa Fe

Tras casi una década desde el inicio de la causa conocida como Maros Turismo, que investigó la posible comisión de estafas en la agencia de la ciudad de Santa Fe, el juicio terminó con la absolución de las cuatro acusadas.

Los jueces Celeste Minniti, Pablo Spekuljak y Pablo Busaniche aboslvió por unanimidad a Marcela Arévalo, Ana Felice, Lucila García e Ivana Álvarez Flores por el delito de “estafas”, y declaró prescripto el delito de “falsificación de instrumento privado”.

Durante su sentencia, el tribunal se dirigió a los damnificados: “Los hemos escuchado durante todo el proceso. Tomamos en serio el dinero perdido, los viajes que nunca se concretaron y la angustia de estos años. Sabemos que lo que buscan es justicia, pero haber sufrido un daño real no es lo mismo que haber sido víctima de un delito”.

“En este caso, respecto a algunas de las acusadas, la prueba demostró que no tuvieron la participación que le atribuían. Respecto de otra, no alcanzó el grado de certeza que una condena exige. Por eso decidimos de esta manera”, indicaron, y señalaron que sus fundamentos se darán a conocer en diez días.

Las fiscales Rosana Marcolín y Gabriela Arri llevaron adelante la acusación pública, acompañadas por un frente de abogados querellantes que representaron a unos 60 damnificados: Celeste Roa Hertelendi (por 24 víctimas), Clyde Balbina Cavalieri (por 17 damnificados), Luis Federico Hilbert y Lago Marcelino (por 14 personas) y César Andrés Rojas (en representación de otras 13 víctimas).

En tanto, el bloque de las defensas se dividió entre los defensores públicos Raúl Sánchez Lecumberri, Mónica Echaníz y Abel Bustamante Friggeri, pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa (MPD) y encargados de la representación de Marcela Arévalo, Ana Felice y Lucila García, y los abogados particulares Humberto Damián Meili y Diego Martini, quienes defendieron a Ivana Álvarez Flores.

Un fallo inesperado

Las cuatro mujeres llegaron a juicio acusadas por el delito de “estafas reiteradas”, sumando en algunos casos la acusación de “falsificación de instrumento privado”.

La hipótesis de la fiscalía y las querellas sostenía que las imputadas habían estructurado una maniobra defraudatoria deliberada y sostenida en el tiempo, diseñada para aparentar una falsa solvencia comercial y desviar los fondos de los clientes hacia fines ajenos a los contratados.

Aunque en los alegatos finales las fiscales desistieron de los cargos contra la idónea técnica Álvarez Flores, mantuvieron pedidos de pena de 9 años de prisión para la ex dueña Marcela Arévalo, 4 años para la ex empleada Lucila García y 3 años de ejecución domiciliaria para Ana Felice. Los querellantes rechazaron la desestimación y exigieron para Álvarez Flores una condena de 3 años de cárcel.

Sin embargo, el tribunal de primera instancia no encontró probado el dolo requerido para la configuración del delito. Tras la lectura de la sentencia, la fiscalía se mostró sumamente sorprendida por la resolución unánime, remarcó que el fallo fue inesperado y adelantó que esperarán los fundamentos escritos de la sentencia para evaluar una eventual apelación.

Para ellas, todos los elementos de los tipos penales y las maniobras de estafa se encontraban plenamente acreditados en el juicio, y suponen que los jueces parecieron interpretar los hechos como una conducta de irresponsabilidad comercial en lugar de una defraudación intencional.

No obstante, para el MPA la intención delictiva estaba demostrada ya que las imputadas seguían cobrando dinero a sabiendas de que los fondos se destinarían a fines particulares y continuaron con la recaudación incluso después de haber presentado el concurso preventivo de la empresa.

Respecto a los cargos por falsificación de firmas, las fiscales señalaron que el tribunal declaró extinguido el delito por prescripción, aunque insistieron en que dicha maniobra formaba parte del engaño generalizado.

El caso de la "idónea técnica"

La defensa técnica de Ivana Álvarez Flores, representada por los Dres. Humberto Damián Meili y Diego Martini, expresó su profunda satisfacción con el veredicto absolutorio de los jueces.

Los abogados recalcaron que la conducta de su clienta se ajustó plenamente a lo que correspondía, no existiendo responsabilidad alguna ni por acción ni por omisión en los hechos investigados.

Los más de nueve años de proceso fueron “un calvario” para su defendida. “Si alguien quería una pena, ya la logró. Desde el 2017 que ella empezó con esto, su hija hoy está en tercer o cuarto grado, con todas las vicisitudes que suceden en la familia, en lo personal, en lo económico. A veces la pena es el mismo proceso”, dijo Meili.