La secuencia se desencadenó en la noche del domingo, en el bar ubicado en la zona de la Recoleta santafesina, y terminó con una mujer aprehendida, daños materiales en el frente del local y una causa judicial en marcha.
La mujer exigía el pago de una deuda en concepto de sueldo. Rompió vidrios con un martillo, amenazó con incendiar el local y fue detenida por la policía.

La secuencia se desencadenó en la noche del domingo, en el bar ubicado en la zona de la Recoleta santafesina, y terminó con una mujer aprehendida, daños materiales en el frente del local y una causa judicial en marcha.
De acuerdo con la información recabada por personal del Comando Radioeléctrico (CRE), el episodio tuvo lugar alrededor de las 19.50 en el citado comercio. Allí, una mujer, de 32 años, se presentó visiblemente alterada para reclamar el pago de una deuda salarial.
Según el testimonio de un empleado del comercio, la mujer ingresó al lugar en estado de ofuscación y exigió que se le abonara un dinero que, según dijo, le adeudaban en concepto de sueldo.
En ese contexto, la situación escaló rápidamente: la mujer tomó un martillo y comenzó a golpear los cristales frontales del bar, provocando daños en la estructura vidriada del local.
Minutos más tarde, alrededor de las 20.30, se hizo presente en el lugar la propietaria del establecimiento. La dueña manifestó ante los uniformados que la agresora no solo había ocasionado destrozos, sino que además la habría amenazado con incendiar el comercio si no se saldaba la supuesta deuda.
Con la situación ya controlada y la implicada aún en el sitio, el personal policial procedió a su aprehensión a las 20.40. En el procedimiento se secuestró un martillo de mango de madera —de unos 30 a 35 centímetros— con cabezal metálico, presuntamente utilizado para causar los daños.
La causa fue caratulada como “Hurto y daño” y quedó en manos del fiscal en turno, doctor Persello, quien ordenó las primeras medidas de rigor. No se informaron personas lesionadas, aunque sí perjuicios materiales en el frente del local.
El caso vuelve a poner en foco conflictos laborales que, fuera de los canales institucionales, derivan en episodios de violencia con consecuencias penales.




