Imputaron al segundo adolescente detenido por el ataque en la escuela de San Cristóbal

La causa por la tragedia en San Cristóbal sumó este jueves un nuevo capítulo. La Justicia de Santa Fe avanzó sobre el segundo adolescente detenido y le puso una imputación concreta.

En una audiencia realizada este jueves en los tribunales de San Cristóbal, la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 5, Carina Gerbaldo, y el fiscal Mauricio Spinosa imputaron a un adolescente punible como partícipe secundario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravadas, también por el uso de arma de fuego, por el ataque cometido el pasado lunes 30 de marzo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”.

El dato central de la jornada no fue sólo la atribución penal. También lo fue la cautelar. Después de formular los cargos, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación solicitaron que el joven investigado sea alojado en un instituto de puertas cerradas. El tribunal hizo lugar al planteo y dispuso que la medida se extienda por 90 días.

Qué le atribuyó la Fiscalía

Según se informó, al adolescente se le atribuyó haber tenido una participación secundaria en el hecho. Es decir, haber prestado colaboración a quien ejecutó los disparos, aunque esa ayuda, según la acusación, no fue esencial ni determinante para que el ataque se concretara.

Ese punto es el que delimita la calificación escogida por los fiscales. No se le imputó haber sido autor material ni coautor del tiroteo, sino haber colaborado con quien llevó adelante la secuencia que terminó con un adolescente muerto y con dos tentativas de homicidio agravadas reconocidas en esta etapa procesal.

Durante la audiencia, Gerbaldo y Spinosa le hicieron saber al joven “los hechos con apariencia de delito” que se le atribuyen y reclamaron la medida de encierro con dos argumentos principales: preservar la investigación en esta etapa inicial y resguardar a las víctimas. El tribunal acompañó ese criterio.

La calificación penal fue aceptada judicialmente en los términos planteados por el Ministerio Público de la Acusación: partícipe secundario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravadas, también por el uso de arma de fuego.

En la audiencia, los fiscales sostuvieron que existen “evidencias contundentes” de que el adolescente punible conocía las intenciones del autor del ataque y que, aun así, “lo revalidó a concretar su objetivo delictivo”.

Ese planteo conecta con lo que ya venían insinuando las líneas investigativas abiertas en las últimas jornadas. Desde el inicio, los pesquisas no concentraron toda la atención sólo en el adolescente señalado como autor del disparo, sino también en su entorno y en la posibilidad de que otras personas hubieran tenido algún grado de intervención indirecta, conocimiento previo o acompañamiento.

El trasfondo de la investigación

La situación del segundo adolescente había tomado estado público tras su detención en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Nelson. Según lo informado previamente por fuentes oficiales, el procedimiento se realizó luego de 24 horas de vigilancia y seguimiento sobre determinados domicilios y personas, en el marco de una tarea coordinada entre la Fiscalía Regional Quinta, el MPA, la Policía de Investigaciones y la Policía Federal Argentina, con intervención de una brigada especial antiterrorista.

En una conferencia de prensa realizada días atrás en Casa de Gobierno, el director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, había explicado que la información sensible se reservaba porque primero debía ser comunicada al imputado en la audiencia respectiva, bajo el procedimiento de menores. En esa instancia también confirmó que el detenido era una persona menor de edad punible, aunque evitó brindar precisiones sobre edad, identidad y vínculo puntual con el caso.

Aquella detención, que en un primer momento había abierto interrogantes sobre el grado de involucramiento del joven, encontró ahora su traducción judicial. Ya no se trata sólo de una línea investigativa en desarrollo o de una sospecha bajo reserva. Desde este jueves hay una acusación formal, una calificación penal y una medida cautelar de encierro.

Audiencia con presencia de las familias

Otro dato relevante de la jornada es que en la audiencia estuvieron presentes familiares de las víctimas de los hechos cometidos en el establecimiento escolar.

La referencia marca, por un lado, la dimensión pública y emocional que sigue teniendo la causa en San Cristóbal. Y por otro, deja ver que cada avance judicial ocurre con una comunidad todavía atravesada por el impacto de lo ocurrido en la escuela.

La tragedia de la Mariano Moreno sigue produciendo sus efectos. Recién este miércoles, los docentes de las demás escuelas de la ciudad retomaron sus tareas, con reuniones plenarias y actividad especiales, todavía en un marco de anormalidad. Mientras que la institución donde sucedió la tragedia permanece, todavía, con sus puertas cerradas.