Condenaron a los policías que extorsionaron a un automovilista y le robaron dólares

Los dos agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I que habían sido detenidos a principios de mes tras una denuncia de corrupción, fueron condenados.

En una audiencia realizada en los tribunales locales, la jueza Rosana Carrara homologó los acuerdos de procedimiento abreviado presentados por el fiscal Ezequiel Hernández y las defensas técnicas de los imputados, que ya fueron condenados.

El fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA lideró la investigación desde el momento en que se radicó la denuncia ante Asuntos Internos. Durante el proceso, los agentes Pablo Tomás Pérez y Leandro Nahuel Cárdena contaron con la representación de los abogados Raúl Sartori, y Julio y Jorge Pallavidini, respectivamente.

Los uniformados reconocieron haber abusado de sus funciones para despojar de sus ahorros a un ciudadano que circulaba con su hijo pequeño, y Pérez admitió su responsabilidad en un hecho de violencia institucional previo.

Despojo bajo amenazas

El hecho que motivó la detención de los agentes ocurrió el pasado viernes 3 de julio, aproximadamente a las 19, en la intersección de Bulevar Pellegrini y calle San Lorenzo.

En ese lugar, Pérez y Cárdena interceptaron a un automovilista que circulaba en su vehículo particular junto a su hijo de dos años y medio. Tras requisar el automóvil y hallar dinero en moneda extranjera, los policías comenzaron a intimidar al hombre.

Amenazaron a la víctima con privarla de su libertad y enviar al niño a la Subsecretaría de la Niñez si no entregaba el dinero. La coacción llegó al punto de advertirle que, si los denunciaba, terminaría "dentro de una bolsa".

Bajo ese terror psicológico, la víctima fue escoltada hasta Luciano Molinas y Saavedra, donde entregó 400 dólares. Sin embargo, los agentes también le sustrajeron otros 1.100 dólares que estaban ocultos debajo del asiento del conductor, sin que el hombre lo notara en ese instante.

Hernández explicó que “hubo violencia del tipo psicológica, lo amenazaron, lo intimidaron, exigiéndoles la entrega de $400 que tenía este hombre también en el automóvil, diciéndole que si no lo llevarían detenido”. La rápida denuncia de la víctima permitió que Asuntos Internos detuviera a los suboficiales esa misma noche, encontrando la totalidad del botín repartida entre ambos.

Las condenas

Pérez y Cárdena fueron condenados como coautores de “exacciones ilegales” y “hurto calificado”. Les impusieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional, y el doble de tiempo de inhabilitación especial para ejercer la función policial, además de la aplicación de multas de $1.200.000.

La condena a Pérez incluyó un hecho de "vejaciones" ocurrido en junio de 2025 en Santo Tomé, donde agredió físicamente a un joven de 18 años durante un procedimiento.

Debido a la modalidad de las penas aplicadas, los condenados recuperaron la libertad bajo una serie de restricciones. De no cumplirlas, la condicionalidad de las penas podría ser revocada, lo que los obligaría a completar sus condenas en prisión.

Los agentes deberán someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad. Además, la jueza Carrara les prohibió portar armas de fuego y acercarse a las víctimas, quienes en audiencia manifestaron tener mucho miedo.

Desde la fiscalía destacaron que la víctima no sufrió un perjuicio económico final ya que la totalidad de los 1.500 dólares fueron recuperados durante las detenciones.