La defensa de Trigatti rechazó un pedido de Jury al tribunal que lo absolvió

La causa judicial que tiene al docente santafesino Juan Francisco Trigatti como protagonista alcanzó una nueva dimensión tras el pedido de enjuiciamiento a los magistrados que lo absolvieron en primera instancia.

Los jueces Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca estuvieron a cargo del juicio por abuso sexual a cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá, y unánimemente resolvieron absolver al profesor de educación física. Luego, la Cámara de Apelaciones dio vuelta el fallo, condenando a Trigatti a 12 años de prisión.

Tanto la condena como la prisión preventiva impuestas al docente ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, mediante quejas interpuestas por el abogado defensor Marcos Barceló.

Ahora, el Máximo Tribunal deberá resolver no sólo la situación procesal del docente, sino también la admisibilidad de una denuncia que acusa a los jueces de grado de haber incurrido en un "fraude procesal" y "prevaricato".

El diputado provincial Fabián Palo Oliver fue quien solicitó la apertura de un Jury de Enjuiciamiento para los tres magistrados. La defensa de Trigatti no tardó en reaccionar ante lo que considera un ataque a la independencia judicial, y se presentó este miércoles en los tribunales locales. Para Barceló, el pedido de Jury busca condicionar las decisiones futuras de la Corte respecto a su cliente.

Rechazo y pedido de sanción

En el escrito presentado, el defensor solicitó formalmente el "rechazo in limine" de la denuncia contra los jueces. Para él, la actuación del legislador constituye un "atentado republicano" que intenta convertir el mecanismo del Jury en una "instancia de revisión política" de las sentencias.

El abogado afirmó que la denuncia tiene como fin "amedrentar a los Ministros de esta Corte Suprema" para que no dicten resoluciones favorables a su defendido en los recursos pendientes. Barceló señaló que el diputado habría violado el "deber de reserva" previsto en la ley de enjuiciamiento al difundir los términos de la denuncia antes de que ésta fuera admitida.

"Se ha violado ese deber de reserva y la ley de enjuiciamiento de magistrados plantea concretamente multas severísimas", expresó Barceló, quien solicitó que se declare la "temeridad y malicia" de la presentación de Palo Oliver y se le imponga la multa máxima "correspondiente a la suma de cien millones de pesos o arresto de 30 días".

Solicitud de Jury

El pedido de enjuiciamiento sostiene que Busaniche, Torres y Labanca incurrieron en "mal desempeño e ignorancia inexcusable y manifiesta del derecho". El documento judicial afirma que los magistrados realizaron una "manipulación y adulteración dolosa de la plataforma fáctica" de la causa al momento de dictar la sentencia absolutoria.

Entre los puntos más graves, el Palo Oliver señaló la "posible comisión del delito de prevaricato", argumentando que el tribunal fundó su resolución en hechos falseados. Asimismo, acusó al tribunal de haber creado una "ficción jurídica" al sostener la hipótesis de una "contaminación e inoculación de los relatos" de las niñas por parte de sus familiares.

El pedido de Jury concluye que los magistrados "silenciaron a las víctimas" y actuaron con una "insoportable parcialidad", apartándose de los estándares internacionales de perspectiva de niñez y género. Por estas razones, se solicitó la suspensión preventiva de los magistrados y su posterior remoción.