Tras las amenazas en escuelas, la lupa está sobre la venta de armas en Santa Fe: ¿se cumple la norma?

La problemática de las amenazas en escuelas, luego del trágico suceso en un establecimiento educativo de San Cristóbal, sigue estando en la agenda pública. Como informó El Litoral, el gobierno provincial de Santa Fe continúa con las notificaciones a familiares de los alumnos identificados como autores de tales intimidaciones.

Se realizaron 11 notificaciones en seis departamentos de la bota, con un resarcimiento que supera los 36 millones de pesos. “Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos”, explicó este diario.

En tanto, en el Concejo capitalino se le dio una bajada local a este tema: a través de la sanción de una comunicación, se le solicitó al Ejecutivo Municipal que informe sobre el grado de implementación, cumplimiento y fiscalización de las previsiones contenidas en la Ordenanza N° 12.146, del año 2014 y que se encuentra vigente.

Esta normativa regula en Santa Fe capital la habilitación y funcionamiento del comercio de armas, municiones y materiales controlados dentro del ejido urbano. Fija una serie de estrictos requisitos tanto para los titulares de las denominadas armerías como para quienes pretenden adquirir de forma legal un arma.

Qué se pidió saber

En concreto, el Legislativo le solicitó al municipio que informe la cantidad de usuarios comerciales que se encuentran registrados a la fecha por el Ejecutivo; y los controles, inspecciones y verificaciones realizadas desde diciembre de 2023 a la fecha.

Se requirieron datos sobre si el sistema informático en el que deben constar todos los datos personales del vendedor y comprador, las operaciones comerciales realizadas -compras y ventas con los comprobantes de las armas, municiones y materiales controlados, entre muchos otros elementos-, se encuentra en funcionamiento y actualizado a la fecha.

También, si existe algún usuario comercial “cuyo local esté ubicado en un radio menor a 50 metros de instituciones educativas, centros de salud, estaciones de servicio -o asimilables a las mismas- y geriátricos; y si hay convenios vigentes con organismos nacionales y/o provinciales con competencia sobre la ordenanza” antes referida.

“Poder de policía”

El autor de la comunicación sancionada fue el concejal Jorge Fernández (PJ), con la coautoría de su par de bloque Jorgelina Mudallel. “Impulsamos esta comunicación porque queremos saber si efectivamente el municipio local está cumpliendo con el poder de policía que la norma le confiere”, declaró el legislador local.

En rigor, en el artículo 3 de la ordenanza, se establece que la Municipalidad “deberá efectuar controles, inspecciones y/o verificaciones periódicas en los aspectos que correspondan al poder de policía local en los comercios de armas”, en orden a las Leyes Nacionales Nº 20.429 y Nº 24.492, modificatorias y normas complementarias.

La primera ley regula la adquisición, uso, tenencia, portación, transporte e importación de armas de fuego y explosivos. Y la segunda prohíbe la transmisión de cualquier tipo de arma de fuego, ya sea a título gratuito u oneroso, sin la debida registración y autorización del Registro Nacional de Armas (RENAR), hoy ANMaC.

Esto último va en línea con otro pedido de Fernández que ya se había sancionado, por el cual se le pidió al Ejecutivo, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, que realice gestiones ante Nación para que en Santa Fe se reactive el plan de entrega voluntaria de armas, y para que vuelva a abrirse la oficina del RENAR, hoy cerrada.

“Responsabilidad”

Más allá de la baja de los homicidios en la provincia, “seguimos teniendo serios problemas con la utilización de armas en la ciudad. En los primeros cuatro meses de este año, de los cinco homicidios que están en los primeros lugares del ranking, tres de ellos se cometieron con armas de fuego”, aseguró el edil justicialista.

Pidió “responsabilidad” sobre los controles en las armerías, “mucho más en un contexto actual de desregulación en el acceso a las armas, y de eliminación por parte de la Nación de todos los dispositivos institucionales de control sobre las armas de fuego”, advirtió luego Fernández.

“Las ciudades norteamericanas desde donde se importan estas prácticas de desregulación, de menor control y fiscalización, están entre las más violentas del mundo -aseguró el concejal-. No han resuelto el problema de la violencia: al contrario, lo han potenciado”.

Por otro lado, más armas de fuego en manos de civiles -sumado a la flexibilización de los requisitos y la falta de controles-, “también alimentan a los mercados ilegales de armas de fuego que son los más difíciles de perseguir y controlar, y a esto lo sabemos muy bien en la ciudad de Santa Fe”.

“Necesitamos que el intendente de la ciudad haga los esfuerzos necesarios para que Nación dé marcha atrás con estas políticas de desregulación y destrucción de los organismos que controlan el acceso y el uso de armas de fuego y de municiones por parte de civiles”, cerró Fernández.