Productores rurales rechazan la obligatoriedad de la caravana electrónica y proponen alternativas

Distintas asociaciones y sociedades rurales del país, entre ellas la Rural de Santa Fe, elevaron una carta al Dr. Sergio Iraeta, funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), en la que manifiestan su rechazo a la obligatoriedad de la caravana electrónica para la trazabilidad ganadera.

El documento sostiene que la medida genera “profunda preocupación en amplios sectores de la producción” y que no resulta adecuado que se defina “exclusivamente con exportadores o frigoríficos”, dado que los cambios “no son exigidos por los mercados ni aportan mejoras en sanidad o inocuidad”.

Los productores advierten que la imposición compulsiva de la caravana electrónica trasladará los costos hacia el eslabón más débil de la cadena: el criador. Según estimaciones incluidas en la presentación, la medida implicaría una transferencia de más de 20 millones de dólares desde los criadores hacia feedlots y frigoríficos.

Análisis

En ese marco, las entidades rurales plantearon tres propuestas concretas:

Voluntariedad: que criadores y recriadores puedan optar entre caravana electrónica o chip, de modo que quien elija adoptarla pueda capturar un valor agregado genuino.

Limitación de la obligatoriedad al engorde: que la identificación electrónica se realice al ingreso a feedlots o establecimientos de terminación, garantizando que la carne con destino a frigoríficos y exportadores cuente con trazabilidad completa.

Competencia entre proveedores: que se evite el monopolio y se habiliten al menos cuatro o cinco empresas proveedoras de caravanas o chips, promoviendo así competencia en calidad y precios.

Pedido

“No deseamos el fracaso de ninguna iniciativa del Gobierno”, expresaron las entidades rurales en la nota dirigida al Dr. Sergio Iraeta. “Por el contrario, creemos que es un ejercicio saludable advertirle sobre los riesgos de avanzar con urgencia en un régimen compulsivo de caravana electrónica”, agregaron.

En ese sentido, solicitaron “desestimar dicha urgencia y prorrogar la fecha de implementación, incorporando la opinión de los numerosos productores que adhieren a este planteo”.