Entre la corrección sesgada y el superávit para pagar las deudas

Aumento de las jubilaciones y moratoria previsional; Emergencia en discapacidad; Ley de Financiamiento Universitario; Asistencia económica a Bahía Blanca; Emergencia pediátrica y fondos para el Hospital Garrahan. Son parte de la agenda políticamente correcta que la oposición impulsó en el Congreso y que Javier Milei ha empezado a vetar o vetará.

Incluso el rechazo a varios decretos como los relacionados con el INTA, INTI, Vialidad Nacional, y otros organismos, apuró al jefe de Gabinete Guillermo Francos para acusar al kirchnerismo por hacer "demagogia" y sumar apoyos de bloques que habitualmente acompañaban al oficialismo, como radicales, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales.

Martín Lousteau (UCR-capital federal) reconoció durante la sesión del Senado en la que se aprobó la recomposición de haberes, que desde el año 2017 (abarcando los últimos años del gobierno de Macri y la totalidad del gobierno de Alberto Fernández), las jubilaciones y pensiones perdieron alrededor del 45% de su poder adquisitivo.

Sin embargo, recién ahora aportó su voto a la iniciativa kirchnerista hasta aquí ausente, para recuperar apenas 7% de toda esa pérdida, que en mayor medida se dio durante el gobierno de Unidos por la Patria.

Según Francos la oposición intenta "romper el superávit fiscal" que alcanzó 3,8% del PBI en 2024 y 2,4% en lo que va de 2025. Francos ya había anticipado que se vetaría todo lo posible, incluyendo las reformas de Federico Sturzenegger decretadas en el marco de facultades delegadas por el propio Congreso y con principio de ejecución.

La disputa de unos y otros revela dos modelos de país en disputa. Uno en el que en la oposición coinciden circunstancialmente el kirchnerismo, brazo ejecutor del déficit fiscal, atrincherado en Buenos Aires y con José Mayans manejando un bloque decisivo en el Senado nacional.

Y el nuevo frente opositor Provincias Unidas (hasta aquí formado por los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz) en el que el equilibrio fiscal se presenta como un principio a preservar. Pero se defienden las políticas activos del Estado.

La deuda, ¿qué deuda?

Sin embargo, no son profundas las coincidencias en las diferentes columnas de la oposición. Axel Kicillof -quien busca validar su rol de opositor por el peronismo, imponiendo condiciones a la condenada Cristina Fernández- ha cuestionado la lógica de la negociación con el FMI, a la que ha calificado en reiteradas ocasiones como una "estafa piramidal" y una "hipoteca" para el futuro del país. Tiene sintonías con la extrema izquierda.

Pablo Olivares es una voz especialmente crítica contra la especulación financiera. El ministro de Economía de Santa Fe plantea -contra el centralismo de Milei- el federalismo fiscal y, en línea con Maximiliano Pullaro, pone el acento en el desarrollo productivo, incluso con políticas sectoriales activas, en las antípodas libertarias. Las provincias reclaman a coro por las rutas nacionales, sin las cuales se comprometen vidas y desarrollo.

Pero Santa Fe -como Córdoba- tienen la deuda como instrumento de sus políticas. Con la ventaja de no haber heredado los compromisos que Sergio Massa le dejó a Luis Caputo. Pero basta con recordar la autorización legislativa santafesina para que Pullaro pueda tomar US$ 1.150 millones (US$1.000 en el mercado financiero y US$ 150 millones de la CAF).

La administración Mediterránea de Martín Llaryora emitió en julio pasado US$ 775 millones de deuda al 9,75%. En Córdoba, sólo US$365 millones son para obras; el resto es para recomprar viejos créditos asumidos por Juan Schiaretti. No puede en este caso el mandatario "acusar" a la herencia, aunque queda claro que recomponer ese frente financiero no es distinto a lo que conceptualmente hace Caputo con lo que recibió de sus antecesores.

En cualquier caso queda claro que, si Provincias Unidas tiene aspiraciones de ir más allá de la pelea por el presupuesto nacional para constituirse en alternativa electoral, ningún aspirante a presidente podrá pararse "en contra" del FMI como plantea Máximo Kirchner. Al menos no sin pagar costos en la carrera al poder.

Una evidencia del pasado reciente revela que, sin crédito externo y con alta emisión para financiar gasto sin recaudación genuina, el proceso promete inflación y deterioro en los ingresos. Empezando por los más desprotegidos: jubilados, discapacitados… y así.

El compromiso con el FMI

Un nuevo informe del Iaraf revela que del Staff Report del FMI surge que el gasto primario "se mantendría prácticamente constante en términos del PBI durante los años 2024, 2025 y 2026, es decir, la baja de 4,5% p.p. del PBI respecto del gasto de 2023 se mantendría constante".

¿Crecería nominalmente el gasto en esos términos? Sólo si crece la economía -el PBI- se agranda y las promociones relativas son en ese caso de mayor volumen sin cambiar su porcentaje. Pero la economía argentina, tras recuperarse y prometer crecimientos en minería o Vaca Muerta, tiene problemas para crecer por la alta carga fiscal.

MIentras el país político disputa representaciones antes que la Casa Rosada encare reformas estructurales prometidas, Iaraf indica que por el lado del ingreso total, se mantendría constante entre 2023 y 2025, en un nivel de alrededor de 16,7% del PBI, mientras que en 2026 se espera que suba a 17,3% del PBI.

"Esta suba -aclara Iaraf- con un gasto primario constante, implica un mayor superávit primario, que se elevaría del 1,6% del PBI en 2025 al 2,2% del PBI en 2026. No obstante, debido a un incremento del gasto en intereses superior a la mejora del resultado primario, el resultado fiscal de 2026 disminuiría en relación con el de 2025, pasando de un superávit de 0,37% a un resultado equilibrado".

No en vano comenzaron a circular en las últimas horas, en la Argentina, los planes de una nueva instancia de canje no forzado de deuda.