La tasa de siniestralidad se redujo de 68 a 33 pero la litigiosidad creció de 1 a 13 cada mil trabajadores

Las últimas elecciones legislativas definieron un horizonte económico que procura las reformas laboral y tributarias en un gobierno que reniega de políticas y asistencias sectoriales. El ajuste dejó -y dejará- fuera de carrera a pymes dependientes de una estructura de poder que está lejos de regresar. Pero que no exime al oficialismo de los desafíos de "la micro".

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados disminuyó significativamente, pasando de 512.357 a 493.193, lo que representa una contracción de 19.164 empresas. Este ritmo negativo implica el cierre de casi 30 (28,25) empresas por día durante este período. En términos de empleo, la pérdida fue aún más drástica: se redujeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, cayendo de 9.857.173 a 9.580.549, una baja del 2,81%. Esto se traduce en la pérdida de más de 432 (432,23) trabajadores registrados por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei, según el análisis del Centro Cepa que dirige Hernán Letcher.

La gran mayoría de las bajas de empleadores (99,63% o 19.094 casos) se concentró en empresas de hasta 500 trabajadores. Sin embargo, la mayor expulsión de trabajadores registrados se produjo en las firmas de gran porte (más de 500 empleados), que explicaron el 68,15% de la caída total del empleo (-188.525 puestos). Estas grandes empresas redujeron su personal un 3,94%, mientras que las firmas con menos de 500 empleados lo hicieron en un 1,74%.

Sin embargo, hacer foco en la administración Milei es sólo una parte menor del problema. Mientras el cambio de modelo y la irrupción de la tecnología reconfiguran el mapa laboral, el panorama se complementa con el crecimiento de formas alternativas de contratación: mientras que el empleo asalariado privado creció solo un 3% (tomando enero de 2012 como base), el empleo público creció un 42% y el independiente, un 34%, de acuerdo al informe del economista Santiago Bulat.

Entre unos y otros, la informalidad total alcanzó el 42% en 2025, volviendo a niveles similares a los de 2008. De hecho, solo el 32,5% del empleo en Argentina es privado formal, una cifra muy baja comparada con el 44,8% de Chile o el 54% del promedio de la OCDE, reveló el economista en el Coloquio de Idea.

Costos indemnizatorios y laborales

¿Se puede regenerar el empleo formal en el país? Bulat expuso con evidencia estadístic que la dificultad para generar empleo formal se explica en gran parte por los elevados costos de contratación en relación a la región. Los costos no salariales promedio del trabajo asalariado en Argentina alcanzan el 79% del salario, la cifra más alta en comparación con países como Brasil (63%) o Paraguay (44%).

Los altos costos y contribuciones fiscales también incentivan la informalidad o el uso de esquemas de empleo independiente (monotributo). Un ejemplo claro de esta disparidad es que la contribución fiscal total anual al sistema previsional de un solo trabajador formal es similar a la de 27 monotributistas. Es parte de la escena que explica el quebranto previsional em un país que inveirte más de la mitad de su presupuesto en previsión mientras sus beneficiarios son pobres.

El gobierno propone blanqueo y generación de nuevos empleos formales. Para los empleadores, el sistema de Riesgos del Trabajo está enfrentando una crisis sistémica producto del crecimiento exponencial en la cantidad de juicios. Según el Instituto de Desarrollo Social Argentino, existe una paradoja alarmante: en los últimos 20 años, la tasa de siniestralidad (accidentes laborales) se redujo de 68 a 33 siniestros cada 1.000 trabajadores, mientras que la litigiosidad se disparó de 1 a 13 juicios por cada 1.000 trabajadores.

El centro de estudios que dirige Jorge Colina puso el ojo en la subjetividad de los criterios judiciales y periciales en las justicias provinciales. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) estima que 8 de cada 10 casos que llegan a juicio son evaluados por sus comisiones médicas como no laborales o laborales sin incapacidad. Sin embargo, en los juzgados provinciales, los peritos oficiales dictaminan que sí son laborales con un promedio de incapacidad del 13%. Esta enorme diferencia sugiere que los peritos médicos aplican criterios subjetivos.

Además de la discrecionalidad en la cuantificación del daño, la arbitrariedad se extiende a la actualización de los montos de los juicios. Hay jueces que utilizan índice salarial, otras tasas de interés, y otros combinan ambos con adicionales, sin un criterio unificado a pesar de las advertencias de la Corte Suprema.

Finalmente, el sistema enfrenta un incumplimiento sistemático de los plazos de caducidad, ya que aproximadamente la mitad de las demandas se presentan fuera de plazo y aún así son receptadas por las justicias provinciales. Si los peritajes no se ajustan a reglas objetivas, el riesgo del trabajo se vuelve no asegurable, amenazando la viabilidad financiera de las ARTs.

¿Hay solución en la reforma?

Mientras la oposición ajusta crítica a los números con Milei en el poder, demora una visión de su incidencia hacia la informalidad en largos años de poder y le abre espacio político a una reforma que, deberán mostrar los libertarios, podría cambiar el escenario. Hasta tanto, Idesa expone el colapso del sistema de riesgos del trabajo y la incapacidad de generar empleo formal (el blanqueo de 2024 apenas regularizó al 0,3% del total de empleos informales).

Señala el centro de estudios que para solucionar los problemas de la litigiosidad y garantizar la subsistencia de las ARTs, la reforma debe centrarse en la objetividad y la racionalidad de las pericias médicas. Las propuestas concretas que deben contemplarse, y que requieren un acuerdo con las provincias para uniformar criterios, incluyen:

1. Constituir un cuerpo médico forense en las justicias provinciales.

2. Establecer que los peritajes judiciales se aboquen a revisar la evaluación hecha por la comisión médica de la SRT, en lugar de proceder a una nueva evaluación de la incapacidad.

3. Exigir a los jueces que respeten los plazos de caducidad.

4. Establecer que la actualización de los créditos laborales se ciña al Código Civil y Comercial, sin capitalización de intereses.

Señala la propuesta que si no se ajustan los peritajes a reglas objetivas y los jueces no se atienen a una única forma de actualizar créditos y cumplir plazos, el seguro de riesgos del trabajo resulta inviable, trasladando el problema de manera directa a los empleadores.

No sólo la reforma

Finalmente, para impulsar la generación de empleo, Idesa expone que no solo es necesario abordar los costos, sino también el problema de la empleabilidad: el 46% de las empresas considera difícil o muy difícil encontrar talento, y un 94% registra algún tipo de brecha entre las capacidades que necesitan y lo que se contrata en el mercado laboral.

Los resultados de las pruebas Aprender, que demuestran uno de los peores momentos en el desempeño a nivel secundario, subrayan la necesidad de abordar también la calidad educativa.

Resolver la crisis del empleo formal y la inminente crisis de la litigiosidad por riesgos del trabajo es como intentar construir un puente con materiales de calidad (generación de empleo) sobre un río caudaloso (la inseguridad jurídica y los costos laborales). Si no se solidifican primero los cimientos jurídicos y procesales (estandarizando criterios médicos y de actualización de créditos), el puente colapsará antes de que pueda soportar el flujo del crecimiento económico.