El gobierno busca bajar precios cerrando el ingreso de dólares

¿Puede la política de Julián Domínguez amedrentar las intenciones de siembra del maíz? En medio de urgencias electorales, el gobierno cree que regulando el precio de alimentos de vacas o pollos, calmará precios al consumo.

La incertidumbre política, especula el oficialismo inmediatista, no hará retroceder a la cultura de agricultores, adeptos consistentes a un trabajo que, basado en la tierra, no se puede ir. Pero la historia reciente formula advertencias. “Si la intervención de las exportaciones de maíz tiene el mismo efecto que los ROE, los productores podrían perder U$ S 1.100 millones por año por año“.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina difundió el cálculo. “Los ROE generaron una baja promedio del 8% en el precio del maíz, durante los 8 años (2008-2015) que estuvo vigente. Sobre un precio FOB actual de 240 dólares, y una producción de 58,5 millones de toneladas, podría tener una pérdida de 1.100 millones de dólares por año”.

Desde que el ministro Julián Domínguez señaló que “el trigo, el maíz y la carne son considerados bienes culturales argentinos y están en el centro de nuestras tradiciones”, tranqueras adentro se alertaron por el regreso de políticas de intervención estatal, más allá de la recuperación del mercado chino para las vacas viejas. Domínguez se convierte así en un apéndice de Roberto Feletti, el hombre que dictó el congelamiento de precios.

Agricultura aclaró a través de la subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que el país se encamina a cerrar exportaciones de maíz por 38,5 millones de toneladas, de una producción de 60,5 millones. Aclaró que privilegia a las Declaraciones Juradas basadas en compras físicas de granos y descartó implicancias en los mercados a futuro.

El gobierno se escudó en el hecho de que sólo 9 empresas exportan el 96% del maíz argentino. Omitió que -sea cual fuere esa concentración, que ignora exportaciones “cooperativas”- en la cadena de valor, las restricciones “culturales” de exportación suponen impactos en los precios de productores, que no son los exportadores pero asumen la baja de precios mientras suben los costos.

“La decisión del Gobierno, tomada en plena siembra del cereal, puede repercutir sobre las intenciones de siembra de los productores cuando queda el grueso del área por implantar”, advirtió FADA.

El analista Salvador Di Stefano advirtió ya hace una semana que “se está diluyendo a pasos agigantados en el Excel las utilidades de maíz x suba de costos, esto podría dar paso a cambios importantes en la planificación de siembra a favor de la soja, en especial a más de 200 kilómetros de puerto”. En el gobierno creen que las intenciones de siembra se extenderán hasta 10 millones de hectáreas.

Fada resaltó que “un menor precio del maíz, por intervenir en las exportaciones, genera menor inversión y menos producción. Esto repercute de manera directa en el empleo y en el desarrollo del interior productivo. También son menos dólares para el país y menos impuestos para el Estado”, explican desde FADA las consecuencias que podría traer.