El Gobierno nacional busca que los trabajadores de los sectores con salarios más bajos alcancen ingresos superiores al millón de pesos a través de las próximas negociaciones paritarias.
La Secretaría de Trabajo impulsa un piso salarial garantizado de $1.070.000 brutos para las categorías más bajas de algunos convenios colectivos. No se trata de un aumento general ni de una modificación automática del salario mínimo.

El Gobierno nacional busca que los trabajadores de los sectores con salarios más bajos alcancen ingresos superiores al millón de pesos a través de las próximas negociaciones paritarias.
La propuesta, impulsada por la Secretaría de Trabajo, establece como referencia un salario mínimo garantizado de $1.070.000 brutos para agosto de 2026 y apunta especialmente a actividades cuyos convenios colectivos tienen categorías iniciales por debajo de ese nivel.
La iniciativa genera una pregunta central para los trabajadores: ¿significa que todos los empleados pasarán a cobrar $1 millón? La respuesta es no.
No se trata de un nuevo salario mínimo nacional fijado por decreto ni de una suba automática para todos los trabajadores registrados. La propuesta oficial debe traducirse en acuerdos dentro de cada negociación colectiva.
Es decir, los sindicatos y las cámaras empresarias deberán acordar las condiciones y luego presentar esos acuerdos ante la Secretaría de Trabajo para su homologación.
La discusión se da este viernes 28 de agosto, cuando el Gobierno convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para analizar una nueva actualización del salario mínimo y las prestaciones por desempleo. La reunión fue convocada oficialmente para las 12.30, con una segunda sesión prevista para las 14.
La estrategia oficial consiste en utilizar las paritarias como herramienta para elevar los ingresos de los trabajadores que quedaron más rezagados.
Según fuentes de la Secretaría de Trabajo citadas por medios nacionales, el objetivo es que las nuevas negociaciones de determinados convenios contemplen un piso garantizado de $1.070.000 brutos para las categorías de menores ingresos.
La cifra corresponde a un salario bruto, es decir, antes de los descuentos correspondientes a aportes y contribuciones que recaen sobre el trabajador. Por eso, no significa que una persona vaya a recibir $1.070.000 directamente en su cuenta bancaria.
De acuerdo con la información difundida sobre la propuesta, el mecanismo podría incluir bonos o sumas fijas para complementar los salarios de las categorías más bajas y llevarlas hasta el piso planteado.
La intención del Ejecutivo es mantener las referencias porcentuales utilizadas en las negociaciones salariales y, al mismo tiempo, permitir que determinados ingresos iniciales sean reforzados.
La Secretaría de Trabajo ya comunicó la propuesta a actividades que actualmente presentan salarios inferiores a ese nivel. Entre los sectores mencionados aparecen Maestranza, UOCRA y Sanidad, aunque la discusión dependerá de la negociación específica de cada convenio.
Por eso, un trabajador no debería interpretar el anuncio como una transferencia inmediata de dinero ni como una obligación general para todos los empleadores.
El camino previsto es: negociación entre gremios y empresas, acuerdo y posterior homologación por parte del Gobierno.
La propuesta está dirigida principalmente a trabajadores registrados alcanzados por convenios colectivos de trabajo cuyos salarios se encuentran por debajo del nuevo piso de referencia.
Esto significa que el impacto no sería igual para todos los trabajadores.
En actividades donde los salarios establecidos por convenio ya se encuentran claramente por encima del millón de pesos, la medida tendría un efecto mucho menor o directamente no implicaría un cambio.
En cambio, los trabajadores que se encuentran en las categorías iniciales de actividades con remuneraciones más bajas podrían ser los principales beneficiarios si sus respectivos sindicatos y cámaras empresarias acuerdan incorporar el piso propuesto.
Entre los sectores que aparecen mencionados en la discusión están Maestranza, construcción y Sanidad, aunque no se trata de una lista cerrada de beneficiarios. Cada convenio tiene sus propias categorías, escalas y mecanismos de actualización.
Además, el salario que efectivamente cobra cada trabajador depende de múltiples factores: categoría, antigüedad, jornada, adicionales, horas extras y otros conceptos establecidos por el convenio correspondiente.
Por eso, para saber cuánto podría cobrar una persona en particular habrá que esperar los acuerdos de cada actividad.
No. Esta es la principal diferencia que hay que tener en cuenta.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y el piso salarial que impulsa el Gobierno mediante las paritarias son dos conceptos diferentes.
Actualmente, el salario mínimo vigente para agosto de 2026 es de $376.600 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Ese valor fue establecido por la Resolución 9/2025 y comenzó a regir el 1° de agosto.
La propia información oficial de la Secretaría de Trabajo mantiene ese valor como referencia vigente y también informa un RIPTE de $1.915.878 correspondiente a junio de 2026.
El Consejo del Salario convocado para este viernes tiene justamente entre sus funciones discutir una nueva determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La convocatoria oficial establece que la Comisión del Salario debe tratar la determinación del nuevo monto y que luego el tema será elevado al plenario.
Por lo tanto, existen dos discusiones simultáneas: por un lado, cuánto debe valer el salario mínimo legal; por otro, cómo elevar los ingresos de las categorías más bajas de determinados convenios colectivos.
La explicación oficial está vinculada con la fuerte diferencia que existe entre los salarios de distintas actividades.
Un informe de la Secretaría de Trabajo sobre la evolución de los salarios negociados en convenios colectivos mostró que el comportamiento fue muy dispar durante el último año. Algunos sectores lograron recuperar poder adquisitivo, mientras que otros registraron pérdidas importantes frente a la inflación.
El relevamiento correspondiente a junio de 2026 también mostró una caída real del salario promedio del empleo privado registrado durante ese mes, después de otra disminución en mayo. Según el informe citado por Infobae, el ingreso real de junio quedó por primera vez en veinte meses por debajo del nivel de noviembre de 2023.
En ese contexto, el Gobierno busca que los sectores que quedaron más atrasados puedan mejorar sus ingresos sin aplicar una suba uniforme para toda la economía.
La estrategia, entonces, es trasladar buena parte de la discusión a las negociaciones colectivas, donde sindicatos y empleadores pueden definir las condiciones particulares de cada actividad.
Otro punto importante es diferenciar entre salario bruto y salario neto.
Los $1.070.000 planteados por el Gobierno corresponden a un monto bruto. El trabajador no necesariamente recibiría esa cantidad después de los descuentos.
El salario de bolsillo dependerá de los aportes correspondientes, de la situación particular del empleado y de los conceptos que integren su remuneración.
Por eso, tampoco es correcto afirmar que todos los trabajadores que accedan al nuevo piso recibirán $1.070.000 en mano.
La propuesta difundida contempla que las categorías inferiores puedan alcanzar ese nivel bruto mediante una combinación de los aumentos salariales y eventuales sumas adicionales.
La iniciativa oficial fue recibida con reservas por las centrales sindicales.
La CGT cuestionó el monto planteado y sostuvo que el ingreso de referencia debería estar vinculado con el costo de una canasta básica familiar. Según los datos difundidos sobre la discusión, la Canasta Básica Total para una familia tipo alcanzó aproximadamente los $1,56 millones en julio de 2026.
El planteo sindical pone el foco, de esta manera, en el poder adquisitivo y no solamente en alcanzar una cifra nominal determinada.
La diferencia entre ambas posiciones anticipa una discusión compleja: mientras el Gobierno busca que las actividades con salarios más bajos eleven sus pisos mediante las negociaciones colectivas, los gremios reclaman una actualización que tenga una relación más directa con el costo de vida.
La reunión del Consejo del Salario de este viernes será uno de los puntos centrales para definir el nuevo escenario salarial. La convocatoria oficial contempla una reunión de la comisión específica a las 10 y posteriormente el plenario del Consejo a las 12.30, con una segunda sesión prevista para las 14.
Sin embargo, el resultado de esa reunión no implica que todos los trabajadores vayan a cobrar automáticamente un millón de pesos.
En síntesis, el Gobierno busca llevar los salarios más bajos de determinados convenios hacia un piso de $1.070.000 brutos, pero ese objetivo todavía depende de la negociación entre sindicatos y empresas.
El anuncio, por lo tanto, no equivale a establecer un nuevo salario mínimo nacional de un millón de pesos. El salario mínimo legal vigente en agosto continúa siendo de $376.600, mientras que el millón aparece como una referencia para las negociaciones colectivas de los sectores cuyos ingresos quedaron más rezagados.
La diferencia es importante para entender qué trabajadores podrían beneficiarse y, sobre todo, cuándo podría verse reflejado el eventual aumento en el bolsillo.





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