La reforma laboral desafía a las cúpulas sindicales pero también a las empresariales

“El proyecto de reforma laboral que el gobierno elevaría al Congreso plantea que los acuerdos de empresa prevalezcan sobre los convenios colectivos sectoriales. La idea es correcta. Pero para que sea efectiva hay que habilitar a los trabajadores de cada empresa para que puedan negociar su propio acuerdo con su empleador”.

Mientras la CGT define su nueva conducción, Gerardo Martínez (Uocra) afirmó que “no somos una máquina de impedir” pero advirtió “movilizaciones” si el gobierno de Milei no les garantiza un diálogo profundo sobre el proyecto. Además ya dejó en claro sus cuestionamientos preventivos a Federico Sturzenegger, una de las plumas del proyecto.

Pero desde 2011 el empleo formal creció 2%, el empleo público 34% y los monotributistas 42%. Un 36,8% de quienes reciben un salario, no paga contribuciones a la seguridad social ni recibe aportes de su empleador. Y si se toman los empleos independientes, esto llega a un 42% al cierre del 2024. El sistema previsional está quebrado y los empleadores formales temen los costos indemnizatorios.

Fracasos desde el ‘83

Raúl Alfonsín (1983–1989) intentó “democratizar” sindicatos con la Ley Mucci en 1994. Los 13 paros generales de la CGT y el señorío del PJ en el Senado fueron la antesala del fracaso económico del radicalismo, que sepultó con populismo electoral el intento estabilizador del Plan Austral.

Carlos Menem (1989–1999), con la Ley de Empleo 24.013 (1991), introdujo contratos temporales, de aprendizaje y modalidades más flexibles. La ley Ley 24.465 (1995): profundizó la flexibilización y la 25.013 (1998) introdujo topes indemnizatorios y reducciones de aportes. Pero el desempleo superó el 18% tras la crisis de 1998.

Fernando de la Rúa (1999–2001) logró una reforma laboral (2000) que terminó conocida como “Ley Banelco”; introdujo la negociación por empresa pero el escándalo precipitó la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez y la norma fue parcialmente derogada tras la crisis de 2001.

Eduardo Duhalde (2002–2003) congeló despidos por decreto y no promovió reformas estructurales. Néstor Kirchner (2003–2007) recompuso el poder sindical desactivando gran parte de la flexibilización de los ‘90.

Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) mantuvo la negociación colectiva y fortaleció el rol del Ministerio de Trabajo. Mauricio Macri (2015–2019) planteó “modernizar” las relaciones laborales y reducir litigiosidad, pero su blanqueo laboral fue impedido por los sindicatos, aunque pudo sancionar la ley de ART.

Alberto Fernández (2019–2023) prohibió los despidos en pandemia y duplicó el costo de indemnización. Y Javier Milei (2023– ) dictó el decreto 70/2023 que incluía una reforma laboral amplia (contratos, indemnizaciones, contribuciones, derechos sindicales), que fue judicialmente suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo.

La Ley Bases (2024) contenía parte de esas reformas pero el capítulo laboral fue retirado para garantizar la aprobación del resto de la norma. Ahora la Casa Rosada hará un nuevo intento, tras el resultado electoral de las elecciones de medio término.

Informalidad y supervivencia

“Está circulando informalmente un borrador de proyecto de reforma laboral que eventualmente sería presentado al Congreso Nacional. Según el diagnóstico oficial, de esta reforma se derivará una masiva formalización de trabajadores lo que permitirá aliviar la crítica situación financiera del sistema previsional”, señala el reporte de Idesa, que dirige el economista Jorge Colina.

El borrador tiene más de 100 artículos. La mayoría son cambios aclaratorios en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT): propone una excluir el trabajo de plataforma de la LCT; propone eliminar la exigencia de matrícula para el ejercicio liberal de la profesión; permite que las empresas organicen su producción y las remuneraciones en acuerdo con sus trabajadores.

En el diagnóstico, los trabajadores informales, entre asalariados y cuentapropistas no registrados, son unos 7 millones de trabajadores. Y de ellos, 3 millones poseen bajo nivel de educación (secundaria incompleta) y trabajan en establecimientos con menos de 10 empleados son unos 3 millones.

Para Idesa, “como mínimo, en el 42% de la informalidad laboral prevalecen condiciones de muy baja productividad laboral. Estos datos muestran que en la mayoría de los casos, el incumplimiento de las normas laborales es una estrategia de supervivencia”.

Necesario pero insuficiente

En esa lectura, “mejorar el diseño de las regulaciones laborales es positivo, pero para casi la mitad de los trabajadores informales es insuficiente, ya que necesitan, además, aumentar el capital humano y tecnológico a fin de elevar su productividad”.

Mientras el gobierno habla de reforma laboral y tributaria, postergando la previsional. Idesa sostiene que los cambios propuestos “sirven de poco si los únicos habilitados a negociar ambos convenios son las cúpulas sindicales y empresariales.

“El gran paso transformador es romper con el monopolio que actualmente detentan las cúpulas. Esto es, hay que permitir que el convenio a nivel de empresa lo puedan celebrar los propios trabajadores con su empleador”.

Sugiere Idesa que en la negociación para las microempresas (hasta 10 trabajadores) el convenio sectorial no aplique sino que operen sólo las leyes laborales y lo que acuerden sus trabajadores con el empleador.

Plantea además “para las pequeñas y medianas empresas, habilitar a los trabajadores de cada empresa a negociar su propio acuerdo sin necesidad de autorización del sindicato de actividad.

“Se puede prever que esta regla se aplica en la medida que dicho sindicato tenga un convenio colectivo ultraactivo. Esto es, un convenio colectivo vencido pero que sigue vigente por la cláusula de ultraactividad que impone la Ley de Negociación Colectiva”.

Para no repetir frustraciones es imprescindible incorporar estas reglas orientadas a sacarles el monopolio a las cúpulas sindicales y empresariales.

La ley que no se usa

“Un antecedente muy sugerente es el fracaso de la ley 24.467 de 1995 que estableció la descentralización de la negociación colectiva a nivel de pymes. En esta ley está regulada la prevalencia de los convenios de empresa, como se propone en el borrador de proyecto, e incluso se establece que el sindicato de actividad puede facultar a los trabajadores de la empresa a negociar.

“Esta ley está vigente desde hace 30 años. Pero ningún sindicato facultó a los trabajadores a negociar su propio acuerdo con su empleador. Hay que aprender de este error para no volver a fracasar”, concluye Idesa.