Al mismo tiempo, el Ejecutivo le encargó una auditoría de todos los fondos a la cartera económica, al determinar que “con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Presidencia de la Nación, o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia, en los términos de la legislación vigente, deberá realizar, dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”.