Entidades de usuarios critican compensación de pasivos para las privadas Edenor y Edesur

El proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación sobre cambios de fondo en beneficios para la Zona Fría del país, en materia de gas natural, contiene también disposiciones vinculadas a la distribución de energía eléctrica también en manos del Estado nacional para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La iniciativa del gobierno nacional que recorta ayudas a los usuarios residenciales en el servicio de gas natural por redes, como la quita del subsidio para el sur de Santa Fe, de Córdoba y buena parte de la provincia de Buenos Aires, posee un artículo que habla de otros aspectos, que interesan a dos empresas privadas: Edenor y Edesur.

Las compañías que distribuyen la energía eléctrica en el mayor mercado del país acumulan fuertes deudas por facturas impagas en la compra de energía mayorista.

Sin beneficios para Santa Fe

Se trata de números en rojo de la totalidad de las distribuidoras de la Argentina con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) que suman, en el total nacional, 1.842 millones de dólares. Casi el 70% de esa cifra corresponde a energía impaga de Edenor (438 millones de dólares), Edesur (345 millones de dólares) y el Grupo DESA (474 millones de dólares). Sobre el último circula poca información a nivel nacional, pero corresponde a las empresas particulares que distribuyen electricidad en el interior de la Provincia de Buenos Aires (Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa).

Es importante destacar que entre las empresas distribuidoras de electricidad que acumulan deudas con Cammesa no se encuentra la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, cuyos pagos están al día.

En discusión

El polémico artículo 4to del mensaje que la mayoría aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación, está ahora en el Senado donde constan nuevas críticas, además de las que recibieron las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación al momento de la discusión en comisiones por parte de diputados opositores. Ahora las advertencias provienen de la Comisión de Usuarios Residenciales del Ente Regulador Eléctrico (Cuenre). Como se sabe, hoy los entes reguladores del sector eléctrico y del gas fueron fusionados en una sola oficina.

Para las entidades que defienden los derechos de los consumidores se trata de un perdón virtual de las deudas que las distribuidoras metropolitanas con el Estado. Mientras tanto, esas empresas privadas han iniciado reclamos por sus tarifas congeladas durante décadas, lo que bajó sus ingresos previstos en los contratos de concesión. A partir de la salida de la convertibilidad, desde 2001 se sucedieron leyes de emergencia que les impidieron actualizar sus tarifas.

El proyecto de ley que tratan los senadores de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contiene entonces unos duros recortes en materia de beneficios para el gas natural a los usuarios residenciales, mediante la reducción de la Zona Fría (como en el caso de Rosario y el sur provincial) pero también lo que las entidades de usuarios describen como "una transferencia multimillonaria de recursos públicos hacia empresas concesionarias privadas" sin que haya de por medio "un proceso judicial pleno" que determine efectivamente "la existencia y magnitud" de lo que reclaman esas prestadoras.

Consumidores Argentinos, Aduc, Adelco, Cruzada Cívica, Consumidores Libres, Proconsumer, Deuco, Lideco y Cesyac advirtieron que el proyecto en juego implicaría "consolidar" el reclamo de esas compañías, a cambio de ningún beneficio para el sector público.

Además de cuestionar la "legitimidad del supuesto daño económico alegado", resultaría "muy grave" reconocer "compensaciones económicas retroactivas a empresas cuyos desempeños fueron objeto de reiterados cuestionamientos por cortes de suministro, deterioro de infraestructura, incumplimientos de inversión y deficiencias en la calidad del servicio; mientras simultáneamente acumulaban enormes deudas con la Cammesa y continuaban cobrando la totalidad de las facturas a todos los usuarios".

Autoridad de aplicación

Según el proyecto de ley, la Secretaría de Energía será la encargada de "determinar las diferencias actualizadas entre los ingresos que les hubieran correspondido a las distribuidoras de haberse aplicado el correspondiente contrato de concesión y los ingresos percibidos con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas".

Y una vez establecidos esos números, el trámite pasará a la Cammesa para la cancelación de las obligaciones pendientes de las distribuidoras incumplidoras. Sin que haya beneficios extra para las empresas que no se atrasaron en sus pagos o cancelaron oportunamente sus deudas ocasionales, como es el caso de la Epe.

Para los usuarios "los denominados activos regulatorios no constituyen actualmente una obligación cierta ni definitiva del Estado, ya que su legitimidad continúa siendo discutida judicialmente en el marco de una causa judicial (1049/2026)".