La iniciativa que llevará adelante el gobierno de la provincia contempla la creación de la Comisión de Coordinación de Políticas, Acciones y Programa de atención de los efectos de la inundación de la ciudad de Santa Fe en el año 2003; un dictamen imparcial de expertos y un eventual acuerdo con las demandantes en las causas relativas a estos hechos.
Justifica la medida el hecho de que “los daños generados por estos hechos aún persisten de forma palpable en la sociedad pese haber transcurrido casi seis años desde que ocurrieron los mismos, evidenciando que las soluciones brindadas aún no lograron reparar los efectos ni individual ni colectivamente. Así, se advierte que más allá de las causas de los daños, lo cierto es que todavía no se han brindado todas las respuestas requeridas por la sociedad para restablecer, al menos, un sentimiento de justicia y paz social”.
Seguidamente sostiene que “perviven de esta forma los requerimientos colectivos de información, prevención y mejora de las zonas afectadas y, principalmente, perviven los reclamos de justicia y verdad. Por su parte, el Estado provincial afronta una litigación masiva llevada a cabo por miles de víctimas que entienden que existe responsabilidad de la provincia en los hechos en cuestión”.
Solución definitiva
Señala luego que “la solución definitiva de todos estos problemas debe constituir una política de Estado que trascienda la actual gestión y en esta línea se han llevado a cabo y se continúan implementado diversos cursos de acción relacionados con la materia y a través de todas las carteras involucradas” y se enumeran las acciones que, desde diversos ministerios, se fueron llevando a cabo.
Según se explicó “en esta instancia se prevén cuatro órdenes de respuestas consistentes en: a) una respuesta reparadora colectiva; b) la construcción de un adecuado marco de información, educación, difusión y memoria respecto de los hechos; c) la re-elaboración o reconstrucción de la “verdad” oficial respecto de lo acontecido; d) la limitación de la conflictividad o la litigiosidad vinculada con estos hechos”.
Tarea de reparación
Se informó que “en primer lugar, en cuanto a la reparación colectiva, se continuará trabajando en el sentido que lo viene haciendo este gobierno, pero se procederá a constituir una instancia de articulación interna en busca de optimizar resultados y que permita a su vez el contacto con los demás actores sociales de la manera más eficiente posible. Así se crea una comisión que unificará o coordinará los programas, planes y proyectos de las distintas dependencias del Estado y cuyo objetivo en definitiva será la confección de un programa de atención integral de los efectos de la inundación del año 2003”.
También se conoció que “se adoptarán medidas tendientes a investigar, difundir la información, preservar los elementos documentales, educar y, en definitiva, preservar la memoria de lo acontecido. En cuanto a la reconstrucción de la verdad, cabe señalar que el Estado Provincial viene históricamente sosteniendo una posición que sucesivamente es puesta en duda por informes privados, informes periodísticos, grupos de damnificados y el grupo de litigantes, todo lo cual, al menos en busca de una necesaria pacificación, amerita la revisión de esta postura en un marco de gran transparencia y participación ciudadana. Lo trascendente de la cuestión impone además que el cometido sea llevado a cabo por expertos de una trayectoria incuestionable”.

































