Por qué las Malvinas son argentinas: la historia y las resoluciones de la ONU que respaldan el reclamo

La cuestión de las Islas Malvinas no comenzó con la guerra de 1982. El reclamo argentino tiene antecedentes que se remontan al proceso de independencia y, desde el punto de vista del Estado argentino, se sustenta en una combinación de argumentos históricos, jurídicos y geográficos.

La posición oficial sostiene que la Argentina heredó los territorios que habían pertenecido a España, ejerció actos de soberanía sobre las islas después de la independencia y estableció allí autoridades y población antes de la ocupación británica de 1833.

La discusión internacional, sin embargo, tiene una particularidad que resulta central para comprender el reclamo: Naciones Unidas no resolvió que las islas pertenezcan a la Argentina.

Lo que sí hizo la Asamblea General fue reconocer la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y establecer que ambos gobiernos deben buscar una solución pacífica mediante negociaciones. Esa posición se mantiene como uno de los principales respaldos diplomáticos del reclamo argentino.

El argumento histórico de Argentina y la ocupación británica de 1833

Según los antecedentes oficiales recopilados por la Cancillería argentina, durante el período colonial las islas estuvieron vinculadas a España. Tras el proceso de independencia, la Argentina asumió la posición de heredera de los derechos territoriales españoles en la región.

Durante la década de 1820, los gobiernos argentinos realizaron distintos actos destinados a ejercer soberanía sobre las Malvinas. Entre ellos estuvieron la designación de autoridades, la regulación de actividades económicas y pesqueras y el establecimiento de población. En ese período también se desarrolló Puerto Soledad como centro de actividad y administración.

Uno de los episodios destacados por la documentación oficial argentina ocurrió el 6 de noviembre de 1820, cuando el comandante David Jewett tomó posesión formal de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata e izó el pabellón argentino.

Para el Estado argentino, ese acto forma parte de la continuidad de derechos heredados de España y del proceso de consolidación de la soberanía después de la independencia.

El 10 de junio de 1829, otro acontecimiento considerado relevante fue la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.

Luis Vernet fue designado gobernador y se desarrollaron estructuras administrativas destinadas a consolidar la presencia argentina en el archipiélago.

Ese proceso se interrumpió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas. La Cancillería argentina considera que se trató de una ocupación ilegítima y sostiene que, desde entonces, ningún gobierno argentino reconoció la pérdida de sus derechos sobre el territorio.

Para la posición argentina, este punto es central: el ejercicio efectivo de soberanía que había comenzado a consolidarse después de la independencia fue interrumpido por un acto de fuerza británico.

Desde entonces, la Argentina mantuvo el reclamo por vías diplomáticas. La guerra del Atlántico Sur de 1982 modificó profundamente la relación entre ambos países, pero no eliminó la controversia territorial. De hecho, la propia documentación de Naciones Unidas posterior al conflicto volvió a referirse a la existencia de una disputa de soberanía.

Qué dicen las resoluciones de Naciones Unidas sobre Malvinas

El principal respaldo internacional al reclamo argentino se encuentra en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las decisiones del Comité Especial de Descolonización.

Una de las más importantes es la Resolución 2065 (XX), aprobada en 1965. Ese documento reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución. La cuestión pasó así a formar parte formal de la agenda de Naciones Unidas.

La importancia de esta resolución está en que Naciones Unidas no trató el caso como una cuestión exclusivamente interna del Reino Unido. La organización reconoció que existía una controversia entre dos Estados respecto de la soberanía.

A partir de entonces se abrió un período de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido que se extendió hasta 1982. Durante esos años se analizaron distintas alternativas destinadas a resolver la controversia, aunque nunca se alcanzó un acuerdo definitivo.

Otra resolución relevante fue la 3160 (XXVIII), aprobada en 1973. La Asamblea General volvió a expresar su preocupación por la falta de avances y pidió que las negociaciones continuaran para alcanzar una solución pacífica a la disputa.

Luego del conflicto de 1982, Naciones Unidas volvió a pronunciarse. La Resolución 37/9, aprobada el 9 de noviembre de ese año, solicitó a la Argentina y al Reino Unido que reanudaran las negociaciones con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. El documento también señaló que debían tenerse debidamente en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

A esta resolución se sumaron otras durante la década de 1980. Entre ellas aparecen las resoluciones 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, que mantuvieron el llamado al diálogo entre los dos países.

La legislación argentina recoge expresamente esta serie de pronunciamientos internacionales como parte de los antecedentes del reclamo.

La Resolución 31/49, aprobada en 1976, también ocupa un lugar importante en la posición argentina porque pidió a las partes que se abstuvieran de adoptar decisiones que introdujeran modificaciones unilaterales mientras se desarrollaba el proceso de negociación.

En paralelo, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas continúa incluyendo la Cuestión de las Islas Malvinas en su agenda. En junio de 2025, el Comité aprobó sin votación un nuevo proyecto de resolución sobre la cuestión.

Qué significa que la ONU reconozca una "disputa de soberanía"

Este punto es importante para entender qué respaldo internacional tiene realmente la Argentina.

Las resoluciones de Naciones Unidas no adjudican las islas a la Argentina. Tampoco establecen que el Reino Unido haya perdido jurídicamente la soberanía. Su importancia reside en que reconocen que existe una controversia territorial pendiente entre ambos países y sostienen que debe resolverse mediante negociaciones.

La Cancillería argentina explica que, después de 1982, la Asamblea General continuó reafirmando la existencia de la disputa y reclamando que ambos gobiernos retomen las conversaciones. El Comité Especial de Descolonización también sostiene que la cuestión debe resolverse de manera pacífica y negociada.

La Argentina considera, además, que se trata de un caso colonial particular. Su posición sostiene que la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos debe analizarse teniendo en cuenta las características específicas de la controversia y el hecho de que la población británica fue establecida después de la ocupación de 1833.

La Cancillería señala que las resoluciones específicas sobre Malvinas de la Asamblea General y del Comité de Descolonización no han utilizado el principio de libre determinación como mecanismo para resolver esta disputa.

El Reino Unido mantiene una posición diferente y sostiene su propia reivindicación de soberanía sobre las islas. Por eso, desde el punto de vista internacional, la cuestión continúa siendo una controversia no resuelta.

La Constitución argentina y el reclamo como política de Estado

El reclamo argentino tiene además un respaldo directo en el ordenamiento jurídico nacional.

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, incorporada en la reforma de 1994, establece que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por considerarlos parte integrante del territorio nacional.

La misma disposición determina que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Por eso, la Cuestión Malvinas es considerada por el Estado argentino una política de Estado que atraviesa a los distintos gobiernos. El reclamo oficial se mantiene asociado a la búsqueda de una solución pacífica y al llamado a reanudar las negociaciones con el Reino Unido.

En el plano internacional, el dato central es otro: Naciones Unidas reconoce que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y reclama una solución pacífica y negociada. Esa diferencia entre el reclamo argentino y lo que efectivamente establecen las resoluciones internacionales resulta fundamental para comprender por qué, más de 190 años después de la ocupación británica, la Cuestión Malvinas continúa abierta.