Crisis en Bolivia: bloqueos, desabastecimiento y presión social contra Rodrigo Paz Pereira

El gobierno de Bolivia busca abrir una salida política y logística a una crisis que ya no se mide solamente por la cantidad de cortes en las rutas, sino por sus efectos directos sobre la vida cotidiana en La Paz.

Desde hace dos semanas, distintos sectores sindicales, campesinos e indígenas mantienen bloqueos sobre caminos estratégicos que conectan con la sede política y administrativa del país. Según la información difundida, solo en La Paz y sus alrededores se registran 15 puntos de bloqueo.

La protesta comenzó con un reclamo salarial concreto: la Central Obrera Boliviana, principal organización sindical del país, exigía un aumento del 20% en los salarios. Pero el conflicto fue ganando volumen político con el correr de los días.

A ese pedido inicial se sumaron otros sectores sociales, entre ellos maestros rurales, maestros urbanos y mineros cooperativos. En paralelo, el reclamo derivó en una exigencia más dura: la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el 8 de noviembre tras quebrar dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo.

El Ejecutivo intentó durante el fin de semana abrir una instancia de diálogo con representantes de sectores de La Paz y El Alto. El objetivo fue consensuar un plan de trabajo que permita bajar la tensión social y recuperar la circulación en rutas nacionales.

El problema, sin embargo, ya impacta en el abastecimiento. Después de dos semanas de protestas, se agravó la escasez de productos básicos, alimentos, combustibles e insumos médicos. La prensa local también advirtió sobre faltantes de oxígeno en hospitales.

La crisis se volvió especialmente sensible porque La Paz depende del ingreso regular de camiones para sostener la provisión de bienes esenciales. Con las principales vías cortadas, los precios comenzaron a subir y el desabastecimiento se hizo visible en distintos puntos de la ciudad.

Negociación y tensión

El momento más crítico se produjo el sábado, cuando la Policía y las Fuerzas Armadas avanzaron sobre distintos bloqueos para intentar abrir un corredor humanitario. La intención oficial era garantizar el ingreso de combustibles, medicamentos y oxígeno a La Paz.

La respuesta de los manifestantes incluyó piedras y cargas de dinamita. Ante el riesgo de una escalada mayor, el gobierno decidió retroceder para evitar un “derramamiento de sangre”. No se reportaron víctimas.

Los bloqueos, sin embargo, continuaron con vigilias en autopistas nacionales y puntos clave de ingreso a la ciudad. La tensión quedó instalada entre la necesidad de despejar las rutas y el riesgo político de una represión con consecuencias imprevisibles.

Aunque las protestas no involucran de manera directa a Evo Morales, la figura del expresidente aparece como una sombra sobre la crisis. Morales permanece en su bastión de Chapare, en medio de una orden de captura judicial vinculada a una causa por corrupción de menores.

Seguidores del exmandatario aprovecharon el clima de conflicto para bloquear el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, con piedras y troncos. El objetivo sería impedir cualquier operativo policial orientado a detener a Morales.

La llegada de una marcha de simpatizantes de Morales cerca de La Paz, tras seis días de caminata, sumó otro elemento de presión.

Para Rodrigo Paz, se trata de la crisis más grave desde su llegada al poder. El conflicto aparece apenas seis meses después del inicio de su gestión y marca el final de la etapa de relativa tregua política posterior a la asunción.

La crisis también tuvo repercusión regional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló de una “insurrección popular” y ofreció mediar si el gobierno boliviano lo invita. En paralelo, el gobierno de Javier Milei envió dos aviones Hércules con ayuda humanitaria.

Estados Unidos también se pronunció sobre el conflicto. La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental denunció un intento de “desestabilización” contra el gobierno de Rodrigo Paz y señaló que los disturbios y bloqueos provocaron una crisis humanitaria con escasez de medicamentos, alimentos y combustible.

Por ahora, el Ejecutivo boliviano intenta combinar negociación, asistencia humanitaria y control territorial. La prioridad inmediata es destrabar rutas para que vuelvan a ingresar alimentos, combustibles y oxígeno, mientras la protesta mantiene abierto un conflicto que ya superó el plano salarial y se instaló en el centro de la disputa política.