Costa Rica: Fernández fue evacuada tras una explosión pero descartó un atentado en su contra

Una comitiva oficial encabezada por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, vivió momentos de extrema tensión este viernes cuando una detonación de origen desconocido obligó a activar de emergencia los protocolos de máxima seguridad.

El incidente ocurrió mientras la mandataria realizaba una gira de trabajo junto a varios diputados en la conflictiva localidad de Crucitas, una región del norte del país severamente afectada por el flagelo de la minería ilegal.

De acuerdo con los registros audiovisuales difundidos por los propios acompañantes de la comitiva, el estruendo retumbó con fuerza en las zonas montañosas, provocando la reacción inmediata del cuerpo de escoltas presidenciales.

En cuestión de segundos, los guardaespaldas armados arrojaron a la jefa de Estado al suelo de tierra y la cubrieron con sus cuerpos para protegerla de potenciales esquirlas o disparos, antes de trasladarla de urgencia hacia un vehículo blindado.

La propia Fernández relató con asombro la velocidad de la maniobra a la prensa local poco después del altercado: "Me sentí como lo que ve uno en las películas; que lo agarran a uno, lo tiran al suelo y lo montan al auto".

La mandataria confirmó que tanto ella como cinco miembros de su equipo —incluidos algunos congresistas— debieron recibir asistencia médica debido a descompensaciones por "bajonazos de presión, de azúcar y golpes de calor" derivados del sofocante clima y la situación de estrés.

El "pan de cada día" en la frontera

Tras ser puesta a resguardo y recibir el alta médica protocolar, la mandataria costarricense compareció ante los medios públicos para llevar tranquilidad a la ciudadanía y esclarecer la naturaleza del estallido. "Yo no creo que eso haya sido ningún intento de atentado", afirmó Fernández de manera tajante, buscando desactivar los rumores de una crisis institucional.

Según explicaron los equipos de inteligencia y seguridad que la custodiaban, la detonación provino de sectores profundos de la selva ("monte adentro") y habría sido provocada por los denominados "coligalleros", término con el que se conoce localmente a los mineros ilegales.

Estas organizaciones criminales utilizan explosivos comerciales y de fabricación casera de forma rutinaria para resquebrajar la roca y abrir profundos socavones en la tierra con el objetivo de extraer oro. "Lo que escuchamos es lo que se escucha aquí todos los días: explosiones, detonaciones y ráfagas de balazos para asustar a los policías y repelerlos. Es el pan nuestro de cada día en este lugar", lamentó la presidenta.

Alertas previas en la gestión

El episodio en Crucitas cobró una relevancia internacional inmediata debido a los antecedentes recientes que rodean la seguridad de la titular del Poder Ejecutivo.

Apenas el pasado 3 de junio, el propio gobierno de Costa Rica había encendido las alarmas comunitarias al denunciar públicamente la intercepción de información de inteligencia que sugería un presunto plan para perpetrar un magnicidio contra la mandataria, un complot que supuestamente se estaba fraguando y coordinando desde el interior de un centro penitenciario del país.

Por este motivo, la violenta interrupción de la agenda oficial generó zozobra en los despachos gubernamentales de San José antes de que se confirmara la hipótesis de la actividad minera.

Conflicto ambiental y geopolítico

Más allá del susto presidencial, Laura Fernández enfatizó que lo ocurrido es un fiel reflejo de la gravedad institucional y ambiental que padece la provincia norteña de Guanacaste.

Las mafias del oro no solo operan de manera clandestina evadiendo los controles fiscales, sino que generan un daño ecológico irreversible al contaminar los suelos y las nacientes de agua con mercurio y cianuro en las inmediaciones del río San Juan.

Esta problemática fronteriza se ha transformado en un eje de fricción y debate constante entre las administraciones de Costa Rica y Nicaragua.

Aunque en marzo pasado ambos gobiernos firmaron un acuerdo bilateral para coordinar operaciones policiales conjuntas en los límites territoriales, los hechos demuestran que el control efectivo de la selva tropical sigue siendo un desafío pendiente para las fuerzas de seguridad de la región.