Freno judicial al petróleo offshore en Malvinas: una jueza de Río Grande ordenó paralizar el proyecto Sea Lion

La Justicia Federal de Río Grande ordenó este miércoles a las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum frenar en forma inmediata el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar promovida por veteranos de guerra y ambientalistas, estableciendo que las firmas extranjeras deberán abstenerse de realizar perforaciones, tendidos submarinos y tareas de extracción hasta que se someta la iniciativa a una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades nacionales competentes, ratificando además la tutela sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Alcance de la medida cautelar y prohibiciones de la Justicia

La resolución de la magistrada Mariel Borruto frena de manera preventiva cualquier acto material de ejecución o expansión del emprendimiento "Sea Lion" (denominado "León Marino" en el expediente judicial). La medida alcanza no solo el inicio de la extracción comercial, sino también el conjunto de obras de infraestructura asociadas en el lecho y subsuelo marino.

Entre las actividades alcanzadas por la prohibición judicial se destacan:

• Perforaciones en el lecho marino para exploración o explotación.

• Instalación permanente de infraestructura submarina, tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control.

• Operación de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

• Obras portuarias y bases logísticas terrestres de apoyo (plantas de lodos, cementación, depósitos químicos e instalaciones aeronáuticas).

El fallo aclara que estas restricciones se mantendrán vigentes en tanto no se dé cumplimiento al procedimiento ambiental normado por la Ley General del Ambiente argentina (N° 25.675).

El riesgo ambiental y el reclamo soberano en el Atlántico Sur

La demanda impulsora fue incoada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) junto a la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Al evaluar el peligro en la demora, la jueza Borruto sostuvo que el proyecto "superó la etapa teórica y entró en fase de ejecución efectiva", citando contratos para la adaptación de unidades flotantes, perforadores y la Decisión Final de Inversión adoptada por el consorcio a fines de 2025.

Si bien la cautelar no afirma taxativamente la ocurrencia de un daño irreparable, la jueza aplicó los principios preventivo y precautorio ante los riesgos del proyecto, que contempla un esquema de 23 pozos. Entre las posibles contingencias analizadas figuran la alteración del lecho marino, contaminación química, ruido submarino y potenciales derrames en zonas de alta sensibilidad ecológica.

Asimismo, la magistrada destacó que la controversia trasciende el plano exclusivamente ambiental: reconoció que en el fondo de la demanda subyace la "defensa de la soberanía nacional", calificándola como un bien colectivo indivisible y de interés federal.

Intimación y preservación de pruebas documentales

Junto con la paralización de los trabajos, el juzgado intimó a Rockhopper y Navitas a presentar, en un plazo perentorio de diez días hábiles, una declaración jurada detallada sobre el estado real de la iniciativa.

Las empresas británica e israelí deberán transparentar:

• El cronograma completo de obras, instalaciones y fecha prevista para la extracción.

• Ubicación exacta y estatus de los pozos perforados o previstos.

• Contratos de equipamiento, buques, contratistas principales y subcontratistas.

• Esquema societario, entidades financieras involucradas, aseguradoras y planes de contingencia ambiental.

Adicionalmente, el fallo exige a las corporaciones preservar íntegramente la totalidad de la documentación contractual, societaria y técnica relativa a Sea Lion, impidiendo cualquier alteración o destrucción de datos que resulte clave para el avance de la causa.

Comodoro Py impulsa la vía penal contra las firmas involucradas

De manera paralela al fuero civil y ambiental de Tierra del Fuego, la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires activó la vía penal. El Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py dio curso al requerimiento formulado por el fiscal Carlos Stornelli en la causa CFP 4492/2026.

Este expediente penal, promovido tras denuncias presentadas por la Cancillería argentina y la Procuración del Tesoro de la Nación, investiga a Desire Petroleum Limited, a su grupo controlante Rockhopper y a sus directivos por presuntas actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. En ese marco, el tribunal solicitó antecedentes a la Secretaría de Energía, libró requerimientos bancarios y emitió un exhorto internacional al Reino Unido para obtener la información societaria e impositiva de las firmas involucradas.

La decisión judicial de Río Grande sienta un precedente determinante al articular la legislación ambiental nacional con la reafirmación imprescriptible de los derechos soberanos argentinos sobre el archipiélago. Al requerir la intervención de los organismos del Estado nacional para evaluar cualquier proyecto productivo en la zona, la Argentina eleva la presión legal e internacional sobre las compañías transnacionales que operan bajo licencias ilegítimas dictadas por las autoridades coloniales de las Islas Malvinas.