En pie de guerra

El suboficial Nahuel Agustín Gallo, catamarqueño de 23 años, fue detenido el pasado 8 de diciembre en el puente internacional Francisco de Paula Santander cuando ingresaba a Venezuela desde Colombia para poder tomar contacto con su esposa y su hijo y disfrutar de sus vacaciones en familia. No pudo ser. Según narró su cónyuge, la venezolana María Gómez, la detención habría obedecido a que en su celular había mensajes de ella en los que refería al gobierno de Maduro como una “dictadura” y que Venezuela se había convertido en “un país de mierda”.

Al parecer esos elementos -no hay otros que lo justifiquen aún- bastaron para que las fuerzas de seguridad lo detuvieran y lo trasladaron a un centro de detención del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin). Nada se sabe del joven militar. Desde la Argentina han partido comunicados y expresiones diversas para que sea liberado “de inmediato” pero la ruptura de relaciones entre ambos países hace casi imposible lo que sería difícil si hubiese comunicación con el gobierno venezolano.

A la Argentina le toca vivir en carne propia lo que miles han sufrido -y sufren- en el que fuera uno de los países más ricos de Latinoamérica y hoy condenado a una pobreza extrema, con los índices inflación exorbitantes y con una represión tan grande que hace que sea imposible cualquier actividad política o social.

Y no es que únicamente hay una detención arbitraria sino que también la embajada argentina es sometida a condiciones infrahumanas. Hay que recordar que nuestra delegación diplomática se abrió para recibir a seis disidentes del régimen chavista y desde entonces comenzó un asedio que incluye el corte de energía y patrulleros en el ingreso del edificio. Luego de que las autoridades argentinas se retiraran de Venezuela, la embajada quedó bajo la custodia de Brasil pero eso no impidió que el régimen de Madura siga con el hostigamiento que ahora incluye corte de agua y hasta la presencia de francotiradores en las inmediaciones del edificio.

Venezuela es el primer país de América Latina y uno de los pocos en el mundo en ser objeto de una investigación formal por parte Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en el contexto de la represión de las manifestaciones durante la crisis política que vivió el país en 2017. Es más, ante una impugnación presentada por el tirano Maduro, la respuesta fue contundente ya que rechazó la presentación y notificó que la investigación sigue su curso.

También hay que recordar la intervención de la expresidente de Chile Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quien tras recorrer el país presentó un informe lapidario en el que se consignan denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación.

Así que no solamente está en peligro la vida del gendarme Nahuel Gallo sino la de todas las personas que están hoy dentro de la embajada argentina en Caracas porque poco se sabrá de ellos si salen a la calle. Habrá que multiplicar la presión internacional para que se expidan los salvoconductos para disidentes y otro personal que haya quedado -aún de nacionalidad venezolana- y reclamar por la liberación del cabo primero. Es más, hasta las fuerzas de la izquierda vernácula que aplaudieron a Maduro en cada visita a la Argentina, lo reconocieron con el premio al Periodismo en la Universidad de La Plata o que concurrieron a actos de provocación en Caracas, deberían sumar sus voces para demostrar que el régimen está cada día en mayor soledad.