El costo de ofender en suelo brasileño

"El ridículo deshonra más que el deshonor". La máxima de François de La Rochefoucauld condensa con precisión el riesgo que afrontan los gobernantes cuando abandonan la mesura en la escena internacional. Esa sombra planea hoy sobre la relación bilateral más estratégica de la Argentina: la que mantiene con Brasil.

El origen del conflicto es conocido. El sábado 25 de julio, el presidente Javier Milei participó en San Pablo de la convención del Partido Liberal que proclamó a Flávio Bolsonaro candidato a la presidencia.

En un discurso de unos 25 minutos, sin nombrar explícitamente a Luiz Inácio Lula da Silva, lo calificó de "ladrón", "presidiario" y "totalitario", aludió al "riesgo Lula" como equivalente brasileño del "riesgo Kuka" argentino y se refirió al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes como "basura calva".

La reacción de Itamaraty fue inmediata y contundente: el canciller Mauro Vieira llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para transmitirle el "repudio" del gobierno y exigir explicaciones por la conducta del jefe de Estado argentino en territorio brasileño.

Vieira calificó las declaraciones de "graves e inaceptables" y de injerencia en asuntos internos. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, elevó el tono al tildar a Milei de "payaso". La medida de llamar a consultas a un embajador no es simbólica.

En el lenguaje de la diplomacia contemporánea constituye un gesto intermedio de protesta: el representante regresa temporalmente a la capital para evaluar la crisis con su Cancillería, sin que ello implique todavía la ruptura de relaciones ni la expulsión.

Es una señal de que el umbral de tolerancia ha sido superado y de que el Estado ofendido reserva opciones más severas. En la práctica, equivale a un enfriamiento deliberado del canal político de más alto nivel.

Brasil no es un socio cualquiera. Desde 1991 es, de manera ininterrumpida, el principal socio comercial de la Argentina. Según datos del Indec procesados por la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2025 el intercambio bilateral alcanzó los 31.195 millones de dólares, el nivel más alto en trece años. En el primer semestre de 2026 rondó los 14.000 millones.

Brasil concentra alrededor del 13 % de las exportaciones argentinas totales y cerca del 70 % de las destinadas al Mercosur; es el primer destino de la industria automotriz, del trigo y de una porción significativa de las manufacturas de origen industrial.

Al mismo tiempo, es el segundo origen de las importaciones argentinas, detrás de China, y un proveedor clave de autopartes, bienes de capital e insumos industriales. Una escalada que afecte la fluidez de esa relación tendría costos económicos concretos y medibles para ambos países, pero especialmente para el más pequeño y dependiente de los dos.

¿Qué dice el derecho internacional sobre situaciones de este tipo? La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, piedra angular del régimen diplomático moderno, no contempla de manera expresa las ofensas verbales de un jefe de Estado en visita privada.

Sin embargo, sus principios y los del derecho internacional general ofrecen un marco claro. El artículo 41 obliga a las misiones y, por extensión, a los representantes de los Estados a respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y a no inmiscuirse en sus asuntos internos.

El artículo 9 autoriza al Estado receptor a declarar en cualquier momento "persona non grata" a un miembro del personal diplomático, sin necesidad de motivar la decisión; el Estado acreditante debe entonces retirarlo en un plazo razonable.

Más allá del texto convencional, el derecho internacional consuetudinario y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia reconocen que todo hecho ilícito internacional genera la obligación de reparar.

Las formas de reparación incluyen la satisfacción (disculpas formales, expresión de pesar, retiro de declaraciones), la restitución cuando sea posible y, en casos graves, medidas de garantía de no repetición.

Las sanciones diplomáticas posibles van desde el llamado a consultas -ya aplicado- hasta la reducción del nivel de representación, la declaración de "persona non grata" de diplomáticos o, en el extremo, la ruptura de relaciones.

Ninguna de estas medidas está automatizada; todas dependen de la voluntad política del Estado ofendido y de la valoración de los costos recíprocos. Brasil ha optado, por ahora, por la vía del diálogo exigente.

Vieira descartó la retirada de embajadores y subrayó que la diplomacia se basa en el entendimiento, aunque insistió en la necesidad de explicaciones. La respuesta argentina, hasta el momento, ha oscilado entre la minimización y nuevas acusaciones de Milei sobre un supuesto financiamiento brasileño de una "campaña antiargentina". Esa dinámica de réplica y contrarréplica solo agrava el daño.

La diplomacia no es un ejercicio de sinceridad absoluta ni de catarsis ideológica. Es, ante todo, un sistema de formas cuyo propósito es preservar canales de comunicación incluso -y sobre todo- cuando las diferencias políticas son profundas.

Los insultos lanzados desde un estrado extranjero no solo ofenden a la contraparte; erosionan la confianza, complican la gestión de intereses compartidos y proyectan una imagen de imprevisibilidad que los mercados y los socios regionales registran con rapidez.

Cuidar las formas no es debilidad ni hipocresía: es la condición mínima para que la soberanía de cada Estado no se transforme en un arma de desgaste mutuo. En el vínculo entre Argentina y Brasil, donde se juegan decenas de miles de millones de dólares, empleos industriales y la estabilidad del Mercosur, esa lección no es retórica. Es estratégica.

El autor es analista internacional, docente de Ciencia Política, escritor y consultor.