Usurpaciones: el Estado no debe mirar para otro lado

Por Andrea Valsagna (*)

Las usurpaciones sucedidas en Santa Fe desde principios de febrero son un gran llamado de atención sobre cómo estamos construyendo nuestra ciudad y qué respuesta deben tener los gobiernos en sus diferentes niveles. Al menos tres barrios se han visto conmocionados por estos hechos, el más contundente detrás del CIC de Facundo Zuviría.

Esta situación pone en evidencia dos cosas: la demora del Estado para intervenir en estos episodios que devienen de la falta de acceso a una vivienda digna y, al mismo tiempo, la muestra cabal de la violencia como método de resolución de conflictos. Esto no se debería tolerar, porque los barrios que nacen a partir de usurpaciones se construyen desde un matriz ilegal: familias que crecen al desamparo, bajo códigos violentos, donde siempre hay algunos haciendo su “negocio”.

El déficit habitacional en la ciudad, y en la Argentina, es muy grande. El Censo 2020 nos dará una real dimensión del problema. Pero no es ésta la mejor manera de resolverlo. Hace falta un Estado capaz para ofrecer propuestas serias de acceso a la vivienda y los servicios básicos, y también un Estado activo para controlar que no se instale la cultura de la ilegalidad como norma urbana.

No es lo que está pasando: en estas tres semanas han intervenido distintos organismos del Estado: el Municipio, la Policía Provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Policía Federal, la Justicia Federal, Gendarmería y varios ministerios de la Provincia. Y el conflicto no se resuelve, porque se derivan el tema unos a otros. En realidad, lo que falta es la decisión política de actuar ante este tipo de situaciones y coordinar las competencias que cada uno debe cumplir. Uno solo no alcanza.

Si las usurpaciones volviesen a ser la forma “normal” en que las familias acceden a un terreno, estaremos en serios problemas. Por un lado, porque se ocupará el escaso suelo vacante de la ciudad de la peor manera: sin planificación y sin servicios. Por otro, porque se convalidará la violencia como forma de acceso a un terreno para las familias más vulnerables, expuestas a todo tipo de injusticias y atropellos. Si fuese así, será la evidencia de la ausencia total del Estado: ni ofrece soluciones ni acompaña a quienes más lo necesitan, ni ayuda a evitar las desigualdades ni es capaz de marcar lo que está dentro de la ley y lo que no.

Estaríamos repitiendo la historia de crecimiento irregular que tuvo la ciudad décadas atrás, cuando muchos barrios se formaron sin planificación urbana y sin la más mínima infraestructura (agua, iluminación, cloacas), incluso ocupando zonas inundables. Una situación que se desplegó ante un Municipio que miraba para otro lado y un Estado que pregonaba derechos pero validaba injusticias. Las consecuencias las sufrimos todos y fueron dramáticamente evidentes con la inundación de 2003.

Por eso, asumiendo la importancia del ordenamiento urbano y la gestión de riesgos como políticas de Estado, durante la últimas gestiones municipales se pusieron en marcha políticas a largo plazo y también respuestas coyunturales ante estos episodios. La Guardia de Seguridad cumplía un rol activo, controlando especialmente las zonas de riesgo hídrico para evitar que se instalen familias en lugares que luego se inundan. Había un trabajo articulado con los agentes territoriales a fin de desalentar las tomas de terrenos, y un procedimiento de la Agencia Santa Fe Hábitat en coordinación con la Justicia y la Policía para intervenir a tiempo, apenas se observaba o denunciaba un caso. Son esas acciones que se valoran cuando faltan.

Ciudades que incluyan

Ahora bien, las usurpaciones son el síntoma de problemáticas más complejas. Es lo que se analizó en talleres y debates durante el proceso de elaboración de la Estrategia de Resiliencia de Santa Fe. Un concepto que aún suena extraño pero que resulta muy potente para pensar el desarrollo urbano: busca proyectar el crecimiento de las ciudades teniendo en cuenta los riesgos a los que están expuestas, que no son sólo los climáticos sino también los sociales como la violencia urbana, la exclusión económica, la inseguridad. Podemos así diseñar políticas públicas que nos permitan estar más preparados ante los desafíos del siglo XXI y poner en marcha iniciativas concretas para fortalecernos y anticiparnos al futuro de manera estratégica, involucrando a todos los actores sociales.

En ese proceso, una de las preocupaciones fue vincular las experiencias de los referentes que trabajan en el desarrollo comunitario de nuestros barrios, con quienes lo hacen desde el enfoque de la seguridad y la justicia. Esto permitió entender que el hábitat, el entorno social, la comunidad de la que somos parte, resulta ser un condicionante significativo al momento de generar cohesión social. Si no lo tenemos presente, puede alimentar la desigualdad e incluso la violencia urbana.

Si realmente queremos tener una política pública en materia de inclusión social, debemos avanzar en programas integrales que promuevan el acceso a un hábitat adecuado y construyan comunidades saludables -no solo planes de vivienda. Esto implica pensar dónde vamos a vivir, con quiénes, cómo y de qué. Debemos articular las intervenciones de obra pública con las acciones sociales y conectar a las familias con más y mejores oportunidades de empleo, de educación, de salud, de socialización. Esa es la clave para pensar ciudades integradas, sostenibles y resilientes como plantea la Agenda Urbana 2030.

La ciudad avanzó en estos temas durante los últimos años, aunque todavía falta mucho. Los Jardines Municipales y las Escuelas de Trabajo son un buen ejemplo. También el Plan Nacional de Habitat que permitió brindar acceso a servicios a 6500 familias y mejorar el entorno de 8 barrios de Santa Fe. El esfuerzo articulado de los tres niveles del Estado y el Movimiento Los Sin Techo, con distintas operatorias, permitió que más de 500 familias que vivían en zonas inundables accedan a viviendas con servicios y cota segura. También el Plan Abre y Mi Tierra Mi Casa del gobierno provincial lograron mejoras en diferentes barrios y el acceso a terrenos urbanizados, y la gestión municipal puso en marcha el Plan de Regularización Dominial, y los Programas Urbanos Integrales que transformaron sustancialmente los barrios Coronel Dorrego y Barranquitas. Se podrán revisar estos programas para mejorar la gestión social o las articulaciones inter-estatales, pero han sido buenas iniciativas que deberían continuarse.

Porque si no se interviene a tiempo y no se piensan soluciones integrales, las tierras vacantes del Estado (sean nacionales, provinciales o municipales) e incluso algunos terrenos de propiedad privada (que están en estado de abandono), seguirán siendo objeto de usurpaciones e intrusiones.

El Estado no puede ir detrás de los problemas, sino anticiparse y planificar. Las buenas prácticas en la materia plantean la necesidad de sumar a todos los sectores: el privado, las propias familias, las ONGs y las universidades. Debemos promover un trabajo articulado, para no dejar a nadie afuera. Pero donde cada uno se haga cargo de la responsabilidad que le toca. En primer lugar, los gobiernos de cada nivel del Estado.

(*) Ex secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia del Municipio de Santa Fe. Docente en UNL.