Vamos de frente con el etiquetado

Por María Celeste Nessier (*)

Por Dr. Guillermo Kerz (**)

El próximo 26 de octubre la Honorable Cámara de Diputados de la Nación tiene la oportunidad histórica de tratar la primera política alimentaria nacional gestada desde los aportes de investigaciones que demuestran lo que funciona con eficacia, libre de especulaciones corporativas y que ha logrado reunir amplio respaldo social y político junto con las lecciones aprendidas de otros países que nos precedieron en estos caminos.

El proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable persigue incorporar en alimentos y bebidas envasados unos sellos de advertencia octogonales de color negro con reborde blanco que indica con la palabra Exceso aquellos productos cuyos aportes de azúcar, sodio, grasas y calorías superan los límites recomendados para una alimentación que no enferme. Esta reglamentación, es la llave de entrada que permite en consonancia, sacar a los alimentos que deban llevar estas advertencias en el frente de sus envases del ámbito escolar y de la publicidad dirigida a niños y niñas.

El marketing es un vector de la cadena causal de las enfermedades asociadas a la alimentación. El foco está puesto en el envase que es una poderosa herramienta de marketing y donde operan poderosas prácticas persuasivas, como por ejemplo, encontrar una imagen de frutilla cuando el contenido real en el producto es casi inexistente, o madres y madres avalando consumos de productos que se destacan por el aporte de calcio pero que tiene igual o mayor cantidad de azúcar que una golosina. Esto sumado al hecho de que la legislación vigente en nuestro país, no obliga a las empresas a declarar el contenido de azúcar en sus productos.

Como sociedad hemos aprendido que fumar es un hábito perjudicial para la salud pero, aún no hemos reparado en que consumir una gaseosa diaria incrementa un 20% la posibilidad de ser diabético en 20 años. Hemos sido muy compasivos en avalar otros consumos adictivos. Los consumidores no conocemos las cualidades reales de los productos que comemos. Claramente, hay un estado de naturalización y sedación de estas tácticas, que son oportunamente explotadas por la industria alimentaria que tiene amplio interés en extender su rentabilidad en América Latina por ser una de las regiones del mundo donde aún hay margen de crecimiento para sus ventas.

Este proyecto VA DE FRENTE EN TÉRMINOS DE DERECHOS a la salud, a la alimentación adecuada, a la información y a la comprensión.

Este proyecto VA DE FRENTE EN TÉRMINOS DE SALUD PÚBLICA, al considerar que persigue dar respuesta a las principales causas de muerte y discapacidad en nuestro país, que son enfermedades que se asocian con dietas con altos consumos de calorías, grasas, azúcar y sal como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, entre otras. En 2003, la Organización Mundial de la Salud declaró a la obesidad como una epidemia mundial.

En América Latina el 44% de las muertes se atribuyen a la hipertensión, a la glucemia elevada en ayunas y, al sobrepeso y obesidad. Asimismo, el consumo excesivo de dichos nutrientes se ha atribuido a la amplia disponibilidad, asequibilidad y promoción de los productos ultraprocesados, que son aquellos que resultan de la combinación industrial de ingredientes, sin presencia de alimentos frescos o identificables. Cuanto más desregulado se encuentra el mercado, más se comercializan este tipo de productos.

En este contexto, uno de los instrumentos de la política es la definición de marcos normativos que desalienten el consumo de dichos productos. En esta línea, los ministros de Salud de los países del continente han acordado en 2018, el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, estableciendo recomendaciones que han demostrado mayor efectividad y que deben reunirse en una propuesta integral como son las políticas fiscales, la rotulación frontal de alimentos, regulación del entorno escolar y la restricción de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a los niños.

Este proyecto VA DE FRENTE EN TÉRMINOS DEMOCRÁTICOS al preocuparse por la supremacía del interés público sobre los intereses individuales. Todas las grandes conquistas de salud pública fueron consecuencias de marcos de regulación. La alimentación configura un campo de alta rentabilidad del mercado y la captura corporativa de la salud pública se ha instaurado a través de marcos de regulación injustos o ausentes subsidiarios al interés particular.

Esta propuesta de Ley llega con un prontuario de haber tenido que sortear las más incisivas y agresivas prácticas de influencia corporativa sobre los tomadores de decisión, y lo ha logrado alineando las narrativas y estrategias de las coaliciones promotoras de la regulación. La política triunfa cuando la sociedad se apropia de la agenda pública.

Este proyecto VA DE FRENTE EN TÉRMINOS INCLUSIVOS. La salud hace tiempo que opera como eje articulador entre el Estado y la sociedad. La modernidad vino a instaurar una lógica de responsabilización personal frente a los problemas de salud, en desmedro de propuestas compresivas que consideren la dimensión sistémica. En este sentido, las personas con menor nivel educativo, menores ingresos, mayor carga de tiempo laboral y que habitan barrios precarios registran mayor frecuencia de hábitos insanos. Los grupos poblacionales desventajados tienen menores chances de acceso a la información, a los recursos, habilidades y trayectorias que le permiten adoptar pautas saludables.

Llevamos años de obesidad con modelos dominantes de abordajes centrados en el comportamiento individual que poco sirven. El proyecto de Ley cambia la perspectiva, reconociendo la emergencia del énfasis en los contextos como promotores de conductas saludables, minimizando los esfuerzos individuales. Hoy sabemos que tardamos intangiblemente entre 4 a 6 segundos en definir una decisión de compra alimentaria y por ello, herramientas como las advertencias del exceso de nutrientes perjudiciales transforman dato en información sin requerir esfuerzos interpretativos o cálculos adicionales. Es decir, hace que amplios grupos sociales no se sientan ajenos al lenguaje de la calidad alimentaria.

Este proyecto VA DE FRENTE PARA AFRONTAR LA POSPANDEMIA en un mundo que registró una adición de entre 83 y 123 millones de personas con hambre a consecuencia de la crisis por la emergencia sanitaria. Este marco normativo acerca una propuesta que permita desarticular la enquistada práctica de la ayuda alimentaria centrada en la distribución y/o acceso a productos ultraprocesados por lo que garantiza la realización de la seguridad alimentaria al promover soluciones más justas, sostenibles y saludables.

Se sabe que el deterioro de la salud y alimentación de todos los grupos poblacionales se encuentran condicionados a un modelo de desarrollo que reproduce inequidades; por lo que éste debe ser el punto de partida que debe primar en los análisis y propuestas alineadas a la erradicación del hambre y la pobreza, y en la construcción de modos de convivencia que reconozcan la interdependencia de la vida. Problemáticas estructurales, complejas y sistémicas en nuestro país, implican acciones del Estado que vayan en congruencia con las demandas sociales. ES MOMENTO DE IR DE FRENTE.

(*) Lic. en Nutrición, docente e investigadora de Universidad Católica de Santa Fe

(**) Vicerrector Académico a cargo de la Secretaria de Ciencia, Técnica y Extensión. UCSF

Esta reglamentación, es la llave de entrada que permite en consonancia, sacar a los alimentos que deban llevar estas advertencias en el frente de sus envases del ámbito escolar y de la publicidad dirigida a niños y niñas.

Los grupos poblacionales desventajados tienen menores chances de acceso a la información, a los recursos, habilidades y trayectorias que le permiten adoptar pautas saludables.