La Procuración General de la Corte en la reforma constitucional: funciones, datos y alcances institucionales

En el marco de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, el procurador general ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, expuso el martes 5 de agosto ante la Comisión del Poder Judicial y otros órganos constitucionales presidida por el ministro Lisandro Enrico.

Durante su intervención, presentó un informe técnico sobre las competencias y el funcionamiento actual de la Procuración General, haciendo foco en sus áreas de gestión, desempeño estadístico y principios organizativos.

Estructura institucional y competencias

Barraguirre explicó que la Procuración General comprende distintas unidades bajo su órbita, entre ellas las defensorías civiles, defensorías zonales y fiscalías extrapenales. Estas oficinas actúan en ámbitos no penales del servicio de justicia, incluyendo el derecho de familia, sucesiones, defensa del consumidor, cuestiones ambientales, y atención a víctimas de violencia de género, entre otros.

También mencionó que la Procuración ejerce funciones ante la Corte Suprema en materias recursivas, disciplinarias y de superintendencia, además de intervenir ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y ante el Tribunal Electoral de la provincia.

Desempeño territorial y datos de gestión

Durante 2025, según los datos presentados, las unidades dependientes de la Procuración General registraron las siguientes cifras:

Defensorías Zona Norte (período febrero/junio 2025)

Defensoría Civil Distrito Nº 1 (Santa Fe capital): 5.452 personas atendidas; 437 audiencias; más de 4.280 dictámenes; 407 demandas iniciadas; 2.932 escritos adicionales.

Defensoría Civil interdistrital Nº 1 (San Justo, Esperanza, San Jorge): más de 1.000 personas atendidas; 342 audiencias; 1.384 dictámenes; más de 63 demandas.

Defensoría Civil circunscripción Nº 4: 3.538 personas atendidas; 787 audiencias; 557 dictámenes; más de 212 demandas.

Defensoría Civil circunscripción Nº 5: 3.739 personas atendidas; 255 audiencias; 494 dictámenes; más de 233 demandas.

Defensorías Generales Zonales de Santa Fe: consultas atendidas 3826; escritos presentados 1051; audiencias programadas 1507.

En las defensorías de Zona Sur, los números presentados fueron:

Defensorías civiles de Rosario (son 10): 46.288 personas atendidas; 1.127 denuncias recepcionadas; 7.501 dictámenes; 2.179 demandas; 11.151 escritos varios.

Defensorías Civiles Circunscripción N° 2: personas atendidas 13968; audiencias celebradas 4127; dictámenes 924; denuncias iniciadas 409

Defensorías Civiles Circunscripción N° 3: personas atendidas 6846; audiencias celebradas 999; dictámenes 777; denuncias iniciadas 235;

Defensorías Generales Zonales de la ciudad de Rosario: consultas atendidas 28411; escritos presentados 5134; audiencias programadas 1992.

Atención a víctimas de violencia de género

Las oficinas especializadas en esta temática reportaron:

En Santa Fe capital (enero/julio 2025): 5.346 personas atendidas; 3.157 medidas solicitadas a juzgados de familia; 267 a otros juzgados y 1.922 derivaciones a otros subsistemas.

En Rosario la Oficinas de Atención a las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género atendió a: 4.689 personas atendidas; y registró 4.098 denuncias realizadas (2263 por violencia de género; 1749 por violencia doméstica; 84 por temas penales, entre otras).

Las encuestas internas aplicadas a estas oficinas registraron niveles de satisfacción del 80% en los ítems de escucha activa y rapidez en la atención en 2025.

Fiscalías extrapenales

En las localidades de Villa Constitución y Casilda, las fiscalías extrapenales atendieron alrededor de 1.900 causas sucesorias, 42 acciones sumarias y 5 casos de defensa del consumidor.

En Rosario, una sola fiscalía extrapenal tramitó más de 6.000 sucesiones y emitió 964 dictámenes vinculados a la defensa del consumidor.

Control disciplinario y dictámenes ante la Corte

Barraguirre también detalló la labor realizada en materia de control disciplinario:

En 2022: 162 dictámenes; 71 archivos recomendados; 64 medidas dispuestas.

En 2023: 147 dictámenes; 78 archivos; 18 dictámenes

En 2024: 69 dictámenes; 43 archivos.

En 2025: 40 dictámenes; 32 archivos y 8 medidas dispuestas.

Respecto a los dictámenes recursivos ante la Corte:

En 2022: 167 dictámenes, con una demora promedio de 15 días hábiles (5 días por fuera del plazo).

En 2023: 127 dictámenes, dentro del plazo legal (3,98 días de antelación).

En 2024: 187 dictámenes, con 3 días de anticipación respecto al plazo máximo previsto.

En cuanto a denuncias en el Tribunal de Enjuiciamiento, Barraguirre informó que en 2023 hubo dos denuncias (una culminó con destitución), y en 2024 otras dos (una en curso). Se mencionó que en uno de los casos, la Procuración llevó adelante una investigación interna sobre más de 23 expedientes judiciales, lo que derivó en una renuncia voluntaria por parte de una magistrada.

En temas ambientales desde 2019, se registraron 35 causas medioambientales con intervención directa de la Procuración.

La Procuración cuenta con un sistema de gestión certificado bajo normas ISO 9001 desde 2019. Se realizan auditorías internas para medir el nivel de satisfacción de los usuarios. Las encuestas de satisfacción muestran un crecimiento en los rubros de atención y escucha activa, con un índice actual de aproximadamente 72%.

Principios institucionales destacados

Durante su exposición, Barraguirre subrayó tres principios que, según expresó, guían el funcionamiento del organismo:

Especialidad: mantener funciones diferenciadas para ámbitos jurídicos no penales.

No delegación: concentrar ciertas funciones técnicas dentro del mismo órgano que las desarrolla.

Pluralismo democrático: permitir una distribución institucional que contemple diversidad de roles y enfoques.

Asimismo, planteó que en los proyectos de reforma revisados, existen “áreas de vacancia” respecto a las funciones que actualmente cumple la Procuración, en especial en materia disciplinaria y en la emisión de dictámenes ante la Corte.

Discusión normativa y proyectos alternativos

Barraguirre hizo referencia a dos textos alternativos que se están evaluando en la Convención Constituyente, los cuales contemplan diferentes grados de integración de la Procuración dentro del artículo 84 (composición de la Corte) y el artículo 93 (competencias del Poder Judicial y la Procuración).

En relación al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), señaló que la decisión sobre si deben permanecer dentro del Poder Judicial o como órganos extrapoderes corresponde al constituyente, aunque recordó que el espíritu de la ley 13.013 de 2008 fue otorgarles la mayor autonomía posible.

Durante su exposición, Barraguirre presentó datos cuantitativos, organizativos y operativos del funcionamiento actual de la Procuración General ante la Corte. Estos elementos fueron acercados a la Comisión del Poder Judicial como insumos para el análisis del rol de la Procuración en la futura estructura constitucional de la provincia.