Mientras los 67 pliegos judiciales concentró la agenda política, el Senado Nacional dio curso este jueves a una serie de acuerdos internacionales. Entre los mismos figura uno de relevancia comercial para las exportaciones argentinas.
La Cámara alta avaló por unanimidad el tratado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Abre oportunidades de venta en unos 15 millones de consumidores con alto poder adquisitivo para alimentos y economías regionales.

Mientras los 67 pliegos judiciales concentró la agenda política, el Senado Nacional dio curso este jueves a una serie de acuerdos internacionales. Entre los mismos figura uno de relevancia comercial para las exportaciones argentinas.
La Cámara alta prestó conformidad al Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), firmado en Río de Janeiro el pasado 16 de septiembre de 2025. Los cinco tratados fueron aprobados por unanimidad, con 65 votos afirmativos.
El acuerdo crea una zona de libre comercio que persigue liberalizar bienes y servicios, mejorar las condiciones para las inversiones, reducir obstáculos técnicos, ampliar el acceso a compras públicas y establecer reglas comunes sobre propiedad intelectual y desarrollo sostenible.
La senadora libertaria Belén Montes de Oca, en su rol de miembro informante, definió el convenio como “un instrumento estratégico para la Argentina”.
La dimensión demográfica de esos cuatro países europeos es relativamente acotada: alrededor de 15 millones de habitantes. Pero el interés está puesto en su capacidad de compra. “Permite abrir las puertas de la producción argentina a un bloque de más de 15 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo”, señaló la legisladora.
Considerado junto con los países del Mercosur, el tratado comprende un área cercana a los 283 millones de habitantes y un Producto Bruto combinado superior a US$4,3 billones.
El punto más concreto está en los aranceles. Los Estados de la AELC otorgarán preferencias para más del 97% de las exportaciones del Mercosur, mientras el bloque sudamericano aplicará su propio cronograma para los productos europeos.
El acuerdo, además, limita la posibilidad de alterar unilateralmente esas concesiones: las partes no podrán crear nuevos derechos de importación ni incrementar los comprometidos en sus listas arancelarias, salvo las excepciones previstas por el propio tratado.
Para la Argentina, la apertura tiene un fuerte componente agroindustrial. Entre los productos que recibirán desgravación inmediata aparecen limones, naranjas, maní, determinados aceites vegetales, legumbres, biodiésel y productos pesqueros. También se negociaron mejores condiciones de acceso para carne bovina, carne aviar, productos lácteos y miel.
El vino consiguió un tratamiento específico. Suiza concederá una cuota bilateral de 55.000 hectolitros con arancel cero.
El convenio reconoce además 108 indicaciones geográficas argentinas, entre ellas “Patagonia” y “La Rioja, Argentina” para vinos y “Cordero patagónico” para carnes. El capítulo de propiedad intelectual obliga a establecer mecanismos de protección para impedir que denominaciones geográficas sean utilizadas en productos que no provengan efectivamente de esos lugares.
Montes de Oca sostuvo por eso que para las economías regionales “el impacto positivo es inmediato y directo”.
La apertura tampoco será automática en todos los rubros. El Mercosur preservó exclusiones y consiguió cronogramas de adaptación de hasta 15 años para sectores considerados sensibles, un mecanismo destinado a escalonar la competencia de productos europeos.
El alcance del convenio ayuda a explicar por qué la negociación demandó casi una década.
Las conversaciones comenzaron en Buenos Aires en julio de 2017 y atravesaron 14 rondas hasta su conclusión. Durante 2025 se intensificaron nuevamente sobre la base del entendimiento alcanzado años antes, con tres reuniones presenciales en Buenos Aires y encuentros virtuales.
El resultado es un acuerdo de base amplia. Además del comercio de bienes, alcanza servicios e inversiones; reglas de origen; compras gubernamentales; competencia; propiedad intelectual; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos; defensa comercial y solución de controversias.
También introduce exigencias de transparencia. Entre otras disposiciones, obliga a las partes a publicar normas y resoluciones administrativas que puedan afectar el funcionamiento del tratado y establece intercambio periódico de estadísticas para controlar el aprovechamiento efectivo de las preferencias arancelarias.
El embajador Rubén Ruffi, director de Asuntos Institucionales del Mercosur, había defendido el texto en comisión como “un paso significativo en la estrategia de relacionamiento externo de la República Argentina”.
Según explicó, el objetivo es dar mayor previsibilidad a las empresas y diversificar mercados en un escenario comercial internacional crecientemente atravesado por disputas arancelarias y políticas proteccionistas.
El voto de este jueves representa un paso parlamentario, pero las preferencias comerciales no comienzan a funcionar de inmediato.
El propio tratado establece que debe ser sometido a ratificación, aceptación o aprobación. Su entrada en vigor se producirá el primer día del tercer mes posterior a que, como mínimo, un Estado de la AELC y uno del Mercosur hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación. También contempla mecanismos de aplicación provisional de acuerdo con las normas internas de cada país.
Noruega actuará como depositaria del acuerdo y Paraguay coordinará las actuaciones correspondientes al Mercosur.





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