Posiciones encontradas en Diputados a la hora de adherir a la Ley de Trabajo Social

Con 32 votos positivos y 14 de rechazo, la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con un proyecto de ley que apunta a jerarquizar la tarea de los profesionales del Trabajo Social, reconociendo la importancia del título universitario y adhiriendo a la norma nacional sancionada en diciembre de 2014.

Colegiados en la barra central de la Cámara de Diputados siguieron con atención el tratamiento del tema que llegó al recinto con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que aconsejaba aprobar el proyecto ingresado por el socialista Rubén Galassi quien fue acompañado con las firmas de José Corral (UCR), Alejandra Rodenas (PJ), Celia Arena (PJ), Varinia Drisun (PS) y Carlos Del Frade (FAS).

Legisladores oriundos del norte -especialmente Dionisio Scarpin (UCR) y Emiliano Peralta (Somos Vida) - marcaron la postura contraria ante el temor del futuro de un instituto terciario que en Reconquista dicta la carrera.

La ley nacional apunta a promover la jerarquización de la profesión de trabajo social por su relevancia social y su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales; establece un marco normativo de carácter general para la profesión de trabajo social en Argentina, sin perjuicio de la aplicación de las normas locales que regulan la matriculación, fiscalización y control del ejercicio profesional; determina las incumbencias profesionales de los/as trabajadores/as sociales en todo el territorio nacional.

Además apunta a proteger el interés de los ciudadanos, generando las condiciones mínimas necesarias para la prestación de servicios profesionales con competencia, calidad e idoneidad; ampliar la obligatoriedad de la matriculación para el ejercicio profesional en instituciones nacionales, binacionales e internacionales con representación en el país; y regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación al ejercicio profesional de trabajo social en todo el territorio nacional.

"El proyecto procura adecuar el marco normativo que regula el ejercicio profesional de trabajadores sociales en la provincia de Santa Fe, tomando como referencia lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo Social sancionada en el año 2014. Desde entonces, la mayoría de las provincias argentinas han avanzado en procesos de adhesión o adecuación normativa, mientras que en Santa Fe continúa vigente la Ley No 7754, sancionada a fines de 1975. Esa circunstancia torna necesario revisar el régimen actual, actualizar sus disposiciones y armonizarlo con los estándares establecidos a nivel nacional para el ejercicio de la profesión", marcó Galassi.

En la provincia de Santa Fe, tanto la Universidad Nacional del Litoral como la Universidad Nacional de Rosario dictan la carrera de Licenciatura en Trabajo Social. Además, coexisten dos institutos de formación terciaria -el Instituto Superior Particular Incorporado N.º 9191 Juan XXIII", de la ciudad de Reconquista, y el Instituto Superior Particular Incorporado N. 9145 "Católico de Enseñanza Superior", de la ciudad de Venado Tuerto- que expiden títulos de asistente social y cuyos egresados se encuentran actualmente habilitados para matricularse en el Colegio profesional.

Esta situación, en la que graduados universitarios y terciarios pueden acceder a la matrícula profesional, no se encuentra contemplada en los mismos términos por la ley nacional a cuya adhesión se vota. El texto incorpora previsiones transitorias destinadas a resguardar situaciones consolidadas y a evitar que la adecuación normativa genere efectos regresivos o irrazonables sobre quienes ya transitaron trayectos formativos reconocidos oficialmente.

Las dudas sobre el futuro de los terciarios quedó sobrevolando en los argumentos de los diputados norteños a la hora de expresar el rechazo así como la posibilidad de que estudiantes de esas zonas puedan realizar carrera en los grandes centros urbanos de la provincia.

En su extensa argumentación, Galassi marcó los cambios que ha tenido la profesión en los últimos años y la importancia de trabajadores sociales en gobiernos locales, provinciales e incluso en el ámbito del Poder Judicial y de allí la necesidad de jerarquizar la carrera universitaria en beneficio de la sociedad.

Hoy en la UNR la carrera es cursada por 674 estudiantes, de los cuales 139 comenzaron en el actual período y en la UNL son 2.522 alumnos, 272 que empezaron en el presente ciclo lectivo.

Desde el FAS, Claudia Balagué agregó argumentos aclarando que "necesitamos cada vez más trabajadores sociales para liderar equipos multidisciplinarios. Arena marcó que ya 18 provincias adhirieron a la norma nacional y aseguró que la norma prevé la situación de aquellos que no tienen el título universitario.

"La jerarquización no puede ser a costa de otros, dejando de lado a los jóvenes del interior" marcó Scarpin. "No hay motivos para que la gente del interior quede afuera" sumó Peralta.

Amalia Granata (Somos Vida), Omar Paredes (Unidad por Santa Fe) y Ariel Bermúdez (Creo) sumaron votos negativos y Corral cerró el debate marcando que la ley no es contra nadie admitiendo que todos los cambios significan temores y negó el cierre de institutos terciarios.

Alcances

Además de adherir a la Ley Nacional N° 27.072 el texto votado modifica dos artículos y deroga otros dos de la vigente ley que regula el Trabajo Social en la provincia, la Ley 7754 dictada en enero de 1976.

Los artículos reformados son el 4 y el 6 y los derogados el 3 y el 9.

Así, en la nueva redacción del artículo 6 se determina que "el ejercicio independiente de la profesión estará también sujeto a las normas de inscripción en el Registro de Profesionales y contralor del ejercicio de la profesión que habrán de efectuar los Colegios de Profesionales del Trabajo Social, con su correspondiente, Tribunal de Ética Profesional".

La iniciativa girada en revisión al Senado establece cómo se hará el reconocimiento de derechos a las personas cuyos títulos académicos no reúnan las condiciones establecidas en la Ley Nacional 27072 y hayan sido expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Ellos conservarán su habilitación para el ejercicio de la profesión de trabajo social, en tanto acrediten haberse matriculado en alguno de los Colegios creados por la Ley 7754 en forma previa al comienzo de la vigencia de la presente.