“La Defensa es un equipo pequeño, pero fuerte”: Moreno Robinson reclamó más recursos y defendió el lugar en el nuevo Anexo judicial

La defensora general de la provincia de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson, presentó este jueves ante la Legislatura el Informe Anual 2025 del Ministerio Público de la Defensa (MPD), en un acto que tuvo un valor institucional particular por tratarse de la primera rendición de cuentas realizada bajo el nuevo estatus constitucional que la reciente reforma otorgó al organismo.

La exposición se desarrolló en la Cámara de Senadores y contó con la participación del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y de la presidenta de la Cámara baja, Clara García, quien destacó que se trató del primer informe presentado desde la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna provincial.

“Me embarga la emoción y agradezco la presencia”, expresó Moreno Robinson al iniciar una exposición que se extendió durante más de una hora y en la que repasó los principales indicadores de gestión de un documento de 270 páginas dedicado a analizar el funcionamiento de la Defensa Pública durante 2025.

“Hoy estamos en este espacio rindiendo cuentas, en cumplimiento de una obligación constitucional”, sostuvo. A su vez, definió la presentación como una herramienta de “transparencia activa” y explicó que el informe busca ofrecer información objetiva para evaluar el desempeño institucional y proyectar mejoras futuras.

“La importancia de contar con datos adecuados es poder definir objetivos para cumplir con nuestra misión institucional”, señaló la titular del MPD, quien describió el modelo de organismo que pretende consolidar como “proactivo, moderno, flexible, cercano a la ciudadanía y capaz de garantizar derechos”.

Presencia institucional

Además de la defensora general participaron del acto los cinco fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación: Leandro Miró, de la Regional 1 de Santa Fe; Martín Riccardi, de la Regional 2 de Rosario; Mariano Mascioli, de la Regional 3 de Venado Tuerto; Valeria Lapissonde, de la Regional 4 de Reconquista; y Carlos María Flores Zanella, de la Regional 5 de Rafaela.

También estuvieron presentes integrantes de la conducción del Ministerio Público de la Defensa, entre ellos la administradora general Mariana Lirusso; el secretario de Relaciones y Programas Institucionales, Rodrigo Giménez; el secretario de Políticas de Prevención de la Violencia Institucional, Santiago Bereciartua; y el defensor Daniel Schmid.

La representación institucional del Ministerio Público de la Acusación estuvo a cargo de su secretario general, Leandro Maiarota, quien acompañó la actividad desde las primeras filas del recinto.

Una estructura desigual

Uno de los ejes centrales de la exposición fue la situación estructural de la Defensa Pública y la histórica diferencia de recursos respecto del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Aunque evitó referencias personales, Moreno Robinson sostuvo que al asumir encontró una institución con escasa información sistematizada y con una dotación de defensores insuficiente para responder a la demanda creciente del sistema penal.

“Vimos que teníamos muy pocos defensores activos, incluso menos que cuando comenzó el nuevo sistema”, explicó.

Según detalló, al inicio de su gestión el MPD contaba con apenas 73 defensores frente a 199 fiscales. Esa disparidad comenzó a reducirse parcialmente a partir de diciembre de 2025, cuando juraron 19 defensores públicos adjuntos subrogantes.

“Eso trajo más equilibrio en los números”, afirmó. Sin embargo, aclaró que la brecha sigue siendo significativa: actualmente la provincia cuenta con 218 fiscales y 92 defensores públicos.

“Cuando crece el número de fiscales, eso trae un aumento de causas para la Defensa”, remarcó.

La funcionaria también lamentó la falta de herramientas informáticas adecuadas para producir estadísticas y evaluar el rendimiento institucional. “No tenemos un sistema que nos permita proveer datos. Así es muy difícil reunir indicadores”, advirtió.

Justicia penal juvenil

Otro de los capítulos más extensos de la presentación estuvo dedicado a la implementación del nuevo sistema de justicia penal juvenil, una materia en la que Moreno Robinson reivindicó su experiencia profesional previa.

“Creo que puede ser un motor de cambio y brindar apoyo y contención a quienes no lo tienen”, afirmó.

La defensora general sostuvo que el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal exige una lógica diferente a la utilizada con personas adultas. “El sistema adversarial debe ser distinto porque requiere una dimensión preventiva y exige especialización”, explicó.

En ese contexto informó que entre julio y diciembre de 2025 la Defensa Pública intervino en actuaciones vinculadas con 873 adolescentes individualizados. “No son números; son historias de vida, personas en desarrollo que pueden hacer un cambio y transitar una vida digna”, sostuvo.

No obstante, reconoció importantes limitaciones. “A veces sentimos mucha soledad porque las leyes prescriben dispositivos que en la práctica no están”, afirmó. También señaló que la futura implementación de la ley de baja de imputabilidad representará “otro reto más” para el organismo, al incorporar jóvenes de 14 años al sistema penal.

Moreno Robinson vinculó además la problemática juvenil con fenómenos como el microtráfico de drogas, las adicciones y la vulnerabilidad social, especialmente en el caso de mujeres detenidas.

Tres de cada cuatro audiencias

Durante su informe, la titular del MPD destacó el incremento sostenido de la actividad judicial desarrollada por los defensores públicos.

Según indicó, la comparación entre 2024 y 2025 muestra un crecimiento cercano al 20% en la cantidad de audiencias realizadas, con excepción de los juicios abreviados, donde se verificó una disminución.

El dato que más enfatizó fue que el 75% de las audiencias penales celebradas en la provincia cuentan con participación de la Defensa Pública. “Eso nos transforma en un actor central dentro del proceso penal”, aseguró.

También hizo referencia a los primeros juicios por jurados desarrollados en Santa Fe. Hasta el momento, informó, la Defensa Pública participó en tres debates ya concluidos y actualmente interviene en cinco audiencias preliminares vinculadas a ese nuevo modelo procesal.

El reclamo por el anexo

El tramo más contundente del discurso llegó hacia el final de la exposición, cuando Moreno Robinson abordó el conflicto abierto con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por la utilización del nuevo edificio anexo de tribunales, conocido como Centro de Justicia Penal.

La defensora recordó que en 2021 se había informado al organismo la asignación de 1.030 metros cuadrados dentro del complejo, sobre cuya ocupación se avanzó con tareas de planificación e inversión de recursos.

Por ello cuestionó la decisión posterior de excluir a los ministerios públicos del futuro edificio. “Lamentablemente no fue una decisión consensuada”, afirmó.

“Fue difícil porque no entendimos la razón”, agregó, al explicar que el MPD promovió un recurso de revocatoria y posteriores presentaciones administrativas que hasta el momento no obtuvieron respuesta.

“Soy una persona de bien y tengo una responsabilidad. Si la Constitución dice que es un edificio de la Defensa, tengo la obligación de solicitarlo”, concluyó.

Con una frase que resumió buena parte de su exposición, Moreno Robinson definió el presente del organismo: “La Defensa es un equipo pequeño, pero fuerte”, dijo ante los legisladores, al reivindicar el trabajo de una institución que, según sostuvo, continúa ampliando su intervención pese a las limitaciones estructurales y presupuestarias que aún enfrenta.