Durante cinco años podrán regularizar la situación de condóminos rurales

La Cámara de Diputados sancionó una ley que permitirá durante cinco años una excepcionalidad a la ley de unidad económica agraria, norma que data de 1983. Para ello se deberá tener en cuenta que a la fecha de promulgación de la norma, esos inmuebles rurales estén inscriptos en condominio, o se encontrare iniciado o se inicie el proceso sucesorio del que derive la adjudicación en condominio conforme a la Ley Nº 9319.

Con proyecto propio del radical Fabián Bastia y la firma de sus compañeros de bloque, la Cámara terminó aceptando el texto que sobre la materia había aprobado el pasado 10 de junio el Senado a instancias del también radical Orfilio Marcón (General Obligado). El bloque justicialista votó en rechazo a la norma mientras que Carlos Del Frade y Damaris Pachiotti (Frente Social y Popular - Ciudad Futuro) solicitaron la abstención. Los votos favorables y contrarios coincidieron en la necesidad de buscar una solución al problema que generan las herencias, pero discreparon sobre la forma en que debe encararse el intento de solución.

Una ley en los mismos términos, pero con solo dos años de vigencia (la 12.749), se dictó en octubre de 2007. Sobre los efectos de la división de tierra de esa etapa dio cuenta el justicialista Ricardo Olivera citando un trabajo de investigadores universitarios. Señaló que quedaron 494 parcelas de menos de 15 hectáreas, y 213 de entre 15 y 30 hectáreas.

La norma sancionada dispone al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología como autoridad de aplicación y le fija un plazo de noventa días para su reglamentación.

La ley 9.319 fue dictada en 1.983 con la intención de proteger la unidad económica agraria estableciendo una superficie mínima. "Hoy la ley ha quedado vetusta y ha tenido consecuencias desfavorables produciendo la concentración parcelaría", justificó Bastia la decisión de sancionar la excepcionalidad.

Para el radical , este régimen de indivisión forzosa generó más problemas que soluciones, planteos jurídicos, pérdidas de propiedad, abuso de especuladores y hasta remates judiciales. Mencionó que al 30 de junio último había inscriptos en la provincia 76.898 condóminos sobre 178.000 partidas rurales que tiene la provincia. "Hoy en pequeños pedazos de tierra se puede generar algún tipo de producción y no queremos que un heredero pierda el uso de la tierra. El sistema vigente ha beneficiado a fuertes, capitalistas, al vecino pudiente y al mayor poseedor de recursos financieros de cada región".

El justicialismo rechazó el proyecto. "Con los argumentos de Bastia, votamos en contra" dijo Leandro Busatto. "El proyecto deja a merced de quienes tienen poder económico quedarse con fracciones de tierra", afirmó. Con documentos del Colegio de Ingenieros Agrónomos expuso otros efectos que tuvo la ley anterior que autorizó la división en dos años. "La prórroga trajo consecuencias negativas, con lotes totalmente improductivos" añadió, y recordó que el bloque socialista (que votó favorablemente) se negó a prorrogar la norma en 2011.

"Se puede perseguir buenas intenciones, pero las experiencias demuestran que la fragmentación de la unidad económica trajo más éxodo y dificultades para sobrevivir a las pequeñas producciones" señaló Busatto.

"A través de los condominios se producen situaciones de injusticia para quienes se encuentran dentro de los mismos, por cuanto disminuye el valor de la propiedad y, también trae inconvenientes en cuanto a su utilización; llevando en consecuencia a la venta con un perjuicio económico generalmente para propietarios chicos, que son para los que se justifica una mayor atención de parte del Estado", subrayó Bastia.

"Coincidimos con el objetivo, pero la solución pasa por otro lado" reiteró Ricardo Olivera. Los justicialistas destacaron y defendieron el Decreto Reglamentario 3872/14 que incorporó el concepto de "Unidad Económica Discontinua".

Bastia concluyó que la ley "permite a los pequeños productores y sus familias, quienes se encuentran en una situación de condominio, que solucionen los inconvenientes que acarrea dicha situación y se dediquen a la explotación agraria quedando las tierras en las familias típicamente agrarias".

Comisión 19

Con una reforma al reglamento interno de la Cámara de Diputados, el pleno del cuerpo aprobó la Comisión Interna número 19 bajo la temática 'Género. mujer y diversidad', iniciativa de la justicialista Lucila De Ponti. La comisión tendrá nueve miembros.

La nueva comisión tendrá por objeto dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo a aspectos vinculados a la promoción de la igualdad de género, incluyendo igualdad de trato y de oportunidades. También sobre todo aquello que se vincule tanto al desarrollo y al reconocimiento de derechos, así como a la vulneración de los mismos, con atención a situaciones específicas del género, las mujeres y las diversidades de género.

Otros temas

También Diputados dio media sanción a otra docena de proyectos de ley que deberá revisar el Senado como la creación por ley de la Junta provincial de Seguridad de Juan Cruz Cándido (UCR); otro de declaración digital y mensual de precios de Oscar Martínez (100% Santafesino) o el Registro Único de Producciones Primarias de Clara García (PS).

San Justo y las vacunas

El justicialista Ricardo Olivera llevó al recinto -sabiendo que no tenía el apoyo del Frente Progresista- un pedido de informes sobre el sumario administrativo que lleva adelante el Ministerio de Salud a personal y autoridades del Samco de San Justo sobre presuntas irregularidades acaecidas en el operativo de vacunación contra el coronavirus llevado a cabo entre el 11 y 15 de enero de 2021. El tema abrió un extenso debate donde hubo cruces entre justicialistas por un lado y socialistas y radicales por el otro. El autor señaló que en esa fecha, en el Hospital Iturraspe de Santa Fe se vacunó a 50 personas del sistema de salud de San Justo más el administrador del Samco y un empleado administrativo. "Decir que hubo colados sin certezas es exceso e imprudencia" dijo el radical Fabián Bastia. Se sumaron reproches socialistas por la falta de respuestas a los pedidos tras los casos ocurridos en San Guillermo y Granadero Baigorria.

El pedido no tuvo los votos para ser tratados sobre tablas y se fijó un tratamiento preferencial para la próxima sesión.