La Corte Suprema y los ministerios públicos encauzan el conflicto por la distribución del edificio anexo

La controversia por la distribución de la infraestructura en el Poder Judicial de Santa Fe ingresó en un terreno de resolución definitiva. A partir de una presentación conjunta firmada por las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD), la Corte Suprema de Justicia santafesina dio un paso sustancial para formalizar la asignación de dependencias dentro del edificio anexo.

El diagrama previsto comprende la ocupación íntegra del sexto piso, sectores específicos de los niveles primero y quinto, sumados a áreas del subsuelo. Respecto al impacto de este avance institucional, el ministro de la Corte, Jorge Baclini, remarcó: "Hoy entra una nota donde los ministerios públicos aceptan parcialmente los espacios consignados. Habría un principio de la posibilidad de llegar a un acuerdo".

El entendimiento contempla la cesión global de dichos ámbitos por parte del máximo tribunal provincial, delegando la reorganización y división interna del espacio en la Fiscalía General y la Defensoría General. Dentro del esquema analizado, ambas reparticiones decidieron declinar únicamente el uso del inmueble externo en el que operaba el antiguo juzgado de circuito, dejando abierta la petición de revisar futuras ampliaciones de superficie conforme se reconfiguren las necesidades operativas.

En relación con el estado edilicio de las instalaciones asignadas, Baclini detalló: "El quinto piso está terminado, el primer piso está terminado, el subsuelo está terminado. Lo importante es avanzar con el acuerdo, que era un poco la expectativa que todos teníamos".

En lo que concierne al cronograma de ocupación, la Corte decidió no imponer plazos estrictos para el inicio de las actividades en los nuevos sectores, dejando la logística de la mudanza bajo la responsabilidad de cada organismo. Pese a esta flexibilidad temporal, en los estrados judiciales se coincide en la conveniencia de agilizar el traslado para optimizar la dinámica de trabajo y aprovechar la cercanía inmediata con las salas donde se desarrollan los debates orales.

Al fundamentar las ventajas funcionales del cambio, el magistrado sostuvo: "A ellos les conviene mudarse en los espacios que ya están habilitados porque tienen mejores condiciones edilicias y aparte están en la zona del mismo lugar donde tienen las audiencias".

De este modo, el consenso alcanzado no solo permite destrabar la disputa por las condiciones edilicias que mantenía en vilo a las dependencias judiciales, sino que posibilita la confección del instrumento legal para sellar formalmente el convenio. La modalidad de aceptación parcial queda supeditada a eventuales reajustes espaciales una vez que se complete la reubicación de los juzgados en el esquema definitivo.

Al valorar la superación del contencioso y los pasos a seguir, Baclini concluyó: "Esto dejaría zanjado el conflicto. La idea era avanzar; ellos dan una aceptación parcial sujeta a que en el futuro se analice la posibilidad de darle más espacio".