Diputados acuerdan crear una comisión para investigar el caso del fentanilo contaminado y/o adulterado

En diálogo con El Litoral, el diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, indicó:

“La Comisión Investigadora no interfiere con la pesquisa penal que lleva adelante la Justicia Federal, sino que tiene como objetivo determinar la participación política de quienes, por acción, omisión, complicidad o negligencia, pudieron ser responsables de lo ocurrido. También busca identificar las fallas de un sistema de control que, claramente, debemos revisar”, el legislador manifestó que “…atendimos el reclamo de los familiares de las víctimas y vamos a brindarles un espacio de participación activa en la labor parlamentaria de la Comisión”.

La madurez política de una resolución imprescindible

Lo inédito del acuerdo parlamentario está a la altura de lo que significa para la ciudadanía un hecho que melló gravemente la confianza en un sistema de salud hoy bajo sospecha.

Los impulsores de la iniciativa fueron Silvana Giudici (Pro), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Cristian Castillo (Izquierda), quienes consensuaron un dictamen único.

El trabajo legislativo ha sido impecable: se estableció una hoja de ruta para que los 31 diputados integrantes de la Comisión arriben a conclusiones que no solo permitan conocer la verdad histórica de lo sucedido, sino que sirvan de base para construir un sistema de trazabilidad de medicamentos transparente y blindado contra la infiltración de intereses narcocriminales en la industria farmacéutica.

El caso periodístico, la causa Penal, la responsabilidad institucional

La investigación realizada por El Litoral comenzó en los últimos días de mayo de este año, cuando ya era evidente el alcance humanitario de esta catástrofe sanitaria. Si bien, en un principio, las revelaciones de nuestro medio caían en saco roto por la apatía social y un silencio mediático ensordecedor y político, poco a poco el dolor transformado en reclamo de los familiares instaló el tema en la agenda pública, hasta que explotó, lamentablemente, en el marco de la interna electoral.

El 1° de junio, en el primer artículo de la investigación, abríamos el relato con un deseo editorial que dimensionaba lo que estaba ocurriendo. Esa pretensión era que esta catástrofe no quedara reducida a una anécdota mal contada. Decíamos entonces: “Si en otro momento Cromañón, la Tragedia de Once o, en los 90, las muertes por vino adulterado, entre otras catástrofes ‘bisagra’, pudieron marcar un antes y un después en cuanto a protocolos, controles y políticas sanitarias, esta tragedia debería ser la oportunidad para un reseteo de los sistemas y actores de la industria farmacéutica nacional, e incorporar tecnología que reemplace un control vetusto, que hoy permite que empresarios ‘libanicen’ la salud pública argentina”.

Cuatro meses después, advertimos que la decisión editorial y profesional de El Litoral de priorizar el caso y destinar tiempo a generar información propia en base a la investigación periodística resultó tan atinada como necesaria. Y algo de aquel objetivo —además de informar— hoy parece más cercano: desde nuestro rol social, no sólo acompañar a la justicia, sino también visibilizar aquello que puede salvar vidas a futuro, en la convicción de una frase que hoy es imprescindible: “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos”.

Objetivos principales de la Comisión

●Relevar casos confirmados, probables y sospechosos, con datos por jurisdicción, institución y evolución clínica.

●Analizar la cronología de la detección del brote y la actuación de organismos nacionales (Ministerio de Salud, ANMAT, etc.).

●Determinar causas y responsabilidades por el uso de fentanilo contaminado y/o adulterado en el sistema público y privado.

●Verificar la habilitación y cumplimiento normativo de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A.

●Evaluar el sistema de trazabilidad de medicamentos y sus fallas.

●Examinar la responsabilidad del Estado, laboratorios y privados en la cadena de producción y distribución.

●Indagar irregularidades, destrucción de pruebas e interacción interjurisdiccional.

●Coordinar con el Observatorio de Víctimas el seguimiento de los afectados.

●Elaborar un informe final con conclusiones y propuestas legislativas y de políticas públicas.

Atribuciones

●Solicitar informes y documentación a organismos públicos y privados.

●Convocar a funcionarios y terceros a declarar.

●Recibir denuncias y pruebas.

●Requerir peritajes a organismos públicos y universidades.

●Colaborar con organismos internacionales.

●Garantizar la publicidad de las reuniones, salvo en casos de reserva solicitada.

El informe final

●Será público e incluirá una descripción de lo actuado, las debilidades detectadas y las recomendaciones correspondientes.

●Se remitirá al Poder Ejecutivo, la Procuración General, la Auditoría General y a las autoridades judiciales.

●Si se detectan delitos o mal desempeño, la Comisión deberá impulsar denuncias penales o procesos de remoción.