Impulsan exámenes por consumo de drogas en los tres poderes

En medio de las tensiones políticas que atraviesan el Congreso y en vísperas del inicio del período ordinario, un proyecto de ley sorprendió a oficialistas y opositores al proponer la obligatoriedad de que legisladores, jueces e integrantes del Poder Ejecutivo nacional se realicen exámenes toxicológicos para determinar si consumen drogas.

La iniciativa invoca como finalidad garantizar la "integridad, idoneidad y transparencia en la función pública" y está impulsada por el santafesino Gabriel Chumpitaz (PRO).

Al tiempo que lleva la firma de algunos de sus pares de bloque, los también santafesinos Verónica Razzini y José Nuñez, más Patricia Vázquez, Sergio Capozzi y Emanuel Bianchetti. Y dos representantes de La Libertad Avanza: Lorena Villaverde y Carlos Zapata.

"La lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quienes escriben las leyes, quienes las aplican y quienes las hacen cumplir", señala el autor del proyecto en los fundamentos.

Y agrega que "esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder. Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones", añadió.

Obligatorio y confidencial

Específicamente, el proyecto establece en su artículo 1 “la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios”. Conforme estipula el texto, están alcanzados por la ley todos los funcionarios del Ejecutivo, la Justicia y el Congreso".

Esto incluye, además, a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales, así como también a autoridades de rangos equivalentes en provincias o municipios que adhieran, eventualmente, a esta legislación. Pero no al personal que no tenga rango de funcionario.

El proyecto también aclara que el narcotest será obligatorio al asumir el cargo, se hará al menos una vez al año y “de forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios”.

Entre las sustancias que buscará detectar el examen están previstas la cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, alucinógenos y otras drogas sintéticas, siempre y cuando no estén “prescriptas por un profesional de la salud”.

El texto precisa, por otra parte, que “los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. El resultado será remitido a la Autoridad de Aplicación, quien garantizará su resguardo y solo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo”.

Cómo sigue

También se establece un protocolo de actuación, para el caso de que el resultado del narcotest propuesto encuentre resultados positivos, abriendo distintas posibilidades. En primer lugar, la posibilidad de solicitar una contraprueba, dentro de las 48 horas.

“Si la contraprueba confirma el resultado, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación”, establece uno de los artículos.

Luego, los procedimientos difieren conforme al poder al que pertenezca el sujeto en cuestión. En caso de que revista en el área del Poder Ejecutivo, una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción emitirán un informe al Presidente de la Nación, quien tomará la decisión final sobre su futuro en el Gabinete.

Si se trata de un diputado, senador o autoridad del Congreso, se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la respectiva Cámara. Esta “podrá recomendar la destitución y, en caso de ser aprobada por mayoría simple, se iniciará el procedimiento de juicio político o remoción según corresponda”, según prevé el proyecto.

Para el Poder Judicial, se dará intervención al Consejo de la Magistratura, el cual deberá iniciar el proceso de remoción o sanción correspondiente.

“Si el funcionario da positivo en más de una ocasión, se aplicará automáticamente el procedimiento de remoción conforme a las normativas vigentes de cada poder del Estado”, plantea además la iniciativa de Chumpitaz.

También se aclara que el costo del examen toxicológico será afrontado por cada funcionario, y rechazar el procedimiento será considerado igual que si el resultado fuera positivo, tal como sucede con los controles de alcoholemia en la vía pública.

“Esta medida no solo contribuye a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también garantizará que quienes desempeñan cargos de alta responsabilidad lo hagan con plena idoneidad y sin estar afectados por sustancias que puedan comprometer su desempeño”, manifiesta el proyecto en sus fundamentos.

En este punto, el legislador incluye una referencia particular a Santa Fe, donde “en los últimos veinte años el narcotráfico ha avanzado de manera alarmante y ha penetrado diversas esferas de la sociedad, la necesidad de controles más estrictos sobre los funcionarios públicos se vuelve aún más urgente".

Y sigue: "La violencia ligada al narcotráfico en ciudades como Rosario hacen imprescindible la implementación de mecanismos de control como el presente proyecto. No se trata únicamente de una medida preventiva, sino de un compromiso ineludible con la transparencia y la seguridad de la ciudadanía".

"En una provincia que ha sido testigo del impacto devastador del narcotráfico, exigir a los funcionarios públicos un estándar de conducta intachable es una necesidad imperiosa para garantizar que las decisiones de gobierno no se vean contaminadas por intereses espurios”, desarrolla.

Otros tiempos, estos tiempos

No es la primera vez que una iniciativa de este tipo llega al Congreso. En 1997, un proyecto del diputado Miguel Angel Toma (PJ-Capital), al que acompañó con su firma el jefe del bloque peronista, Jorge Matzkin, impulsaba la realización de una rinoscopía obligatoria para funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, secretarios de Estado y legisladores de las dos cámaras del Congreso.

"La lucha contra el narcotráfico debe ser integral y quienes deben encabezarla tienen que contar como requisito insoslayable la autoridad moral que convoque al conjunto de la sociedad", expresaba Toma en los fundamentos de su iniciativa, por la que se reclama un "exámen médico por drogadicción a todos los funcionarios de Estado".

Pero la propuesta ni siquiera cosechó suficiente apoyo en su propia bancada: "Es inaceptable que los funcionarios tengamos que ser sometidos a una revisación de drogas como un jugador de fútbol", opinaba por entonces Erman González.

En esa misma línea, el diputado Oraldo Britos cuestionaba que se ponía “bajo sospecha a todos los políticos", mientras otros alegaban que la hipótesis de las eventuales adicciones ya estaba cubierta por la Constitución, con la exigencia de idoneidad.

Curiosamente, en aquella oportunidad fue otro diputado santafesino (según recogió en un reporte para el diario La Nación el periodista Martín Di Natale) quien manifestó su apoyo. Se trata del demoprogresista Carlos Caballero Martín, quien apoyó "fervorosamente" la instrumentación de un mecanismo que controle el estado de drogadependencia de un legislador o funcionario en general.

"No debemos quedarnos solamente con la nariz”, sostuvo, y propuso añadir al proyecto una investigación sobre el patrimonio de la dirigencia política, con la colaboración de la DGI.

En este caso, Chumpitaz plantea que, si bien la droga es un negocio ilícito, opera con una matriz de oferta y demanda similar a la de cualquier negocio convencional.

En consecuencia, se debe atacar el narcotráfico y sus derivados, como el narcomenudeo y el microtráfico; pero, al mismo tiempo, se debe accionar en la prevención y control de adicciones, enfatizando de manera categórica: "Quienes pretenden liderar estas difíciles batallas contra la droga, tenemos que dar el ejemplo".

El legislador rosarino señaló: "Esta iniciativa no es solo un mecanismo de control, sino una declaración de principios que exige un cambio radical en todos los ámbitos del poder".

"Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones", cerró.