El Congreso se reactiva para discutir el juicio político a la Corte Suprema

Esta semana, el Congreso de la Nación da inicio al período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Alberto Fernández para tratar 27 iniciativas. Sin embargo, por ahora sólo habrá avances, cuanto menos formales, en la que motivó la convocatoria: la apertura del procedimiento para destituir a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reunión de la Comisión de Juicio Político se llevará a cabo el próximo jueves 26, y lo hará en una semana que ya arrancó con virulencia entre el oficialismo y la oposición, por la asistencia a la reunión de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de los jefes de Estado de Cuba, Miguel Díaz Canel, y de Nicaragua, Nicolás Maduro. Y también por la presentación ante la ONU del informe oficial sobre Derechos Humanos, en la que se denuncia al Poder Judicial, a los medios de comunicación y a la propia oposición.

Es un contexto en el que también es más que incierta la chance de tratamiento de la nómina de proyectos incluidos en la convocatoria, precisamente por la negativa de Juntos por el Cambio a otorgar quórum si el oficialismo insiste con el juicio político a la Corte. Ese procedimiento, a la vez, será impulsado seguramente por dictamen de la comisión (donde el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria), pero es prácticamente imposible que prospere en el recinto de Diputados para después poder formalizar la acusación ante el Senado.

Pero de lo que no hay dudas es que el trámite disparará, acompañando el desfile de testimonios de los testigos citados, una encarnizada batalla verbal, apoyada no solamente en los motivos originales de la presentación del pedido de juicio político, sino también en los derivados de los expedientes que se añadieron a continuación.

Cronograma

La primera jornada de trabajo de la comisión tendrá carácter poco más que formal, y precisamente servirá para poner en consideración todos los proyectos de juicio contra la Corte. Son 12 expedientes en total: cinco de diputados y siete de ciudadanos particulares. Algunos de ellos van contra los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y otros contra alguno de ellos.

En una segunda reunión, prevista para el 2 de febrero, expondrán los autores de cada uno de los proyectos; y el 9 de ese mes se producirá el informe de admisibilidad, dictaminando la apertura del sumario. Ello dará pie a la etapa probatoria, que en sí misma es objeto de polémica, pero que además abre el abanico a un sin número de debates.

Y esto es porque la comisión de Juicio Político cuenta con varias facultades para juntar pruebas, aunque hay discrepancias sobre los alcances de algunas de ellas. Por ejemplo, el oficialismo reivindica la posibilidad de solicitar cruces de llamadas entre los jueces -aseguran que eso es "prueba informativa" y no requiere la autorización de ningún juez-, convocar testigos y hacer careos entre ellos si se contradicen -aunque también esto abre la discusión sobre si están obligados a comparecer, pueden negarse o hacerlo por escrito-, así como también secuestrar teléfonos, allanar domicilios y realizar inspecciones oculares, aunque ya no sin aval judicial.

Los 12 expedientes

En el temario figuran 12 expedientes presentados por diputados tanto del kirchnerismo como de la oposición, especialmente aquellos que responden a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Las presentaciones corresponden a los oficialistas Vanesa Siley, Juliana Di Tullio, Eduardo Valdés, Antonio de Martino, María Rosa Martínez, Antonio La Greca, y Patricia Isasa; y los de la CC, Paula Oliveto, y Juan Manuel López. Así como a la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir.

"Este es un juicio político, no un juicio penal. Nosotros no condenamos a alguien, en todo caso lo destituimos o no. Somos la cámara acusadora y tenemos que presentar prueba y todo lo que sea información pública de trascendencia institucional cuenta como prueba. Los chats son información pública de trascendencia institucional", precisó Eduardo Valdés, diputado que encabeza el listado de firmas del pedido de juicio político.

Todos los cargos

La denuncia a los jueces por de la Corte por "mal desempeño" se basa en cinco puntos, con diverso nivel y volumen de fundamentación: el fallo de la coparticipación porteña, el que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, la "espuria convivencia" de Robles y D'Alessandro expuesta en los chats, el fallo "Muiña" del 2x1 a los crímenes de lesa humanidad y las supuestas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial. A esto se suman planteos particulares de Vanesa Siley contra Rosenkrantz, de Juliana Di Tullio contra Rosatti, de María Rosa Martínez contra los cuatro jueces e incluso dos de la Coalición Cívica contra Lorenzetti.

Hay, a su vez, pedidos de juicio político presentados por la Asociación Argentina de Juristas y por la Asociación Civil Exigir. Y con particular resonancia en los medios afines al kirchnerismo, el que se presentó en los últimos días por Patricia Isasa, quien acusa a Rosatti de haber protegido a uno de los represores que la secuestró y torturó cuando tenía 16 años (el ex policía Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, que era empleado municipal cuando Rosatti se desempeñó como intendente entre 1995 y 1999).

Las citaciones incluyen tanto a los cuatro ministros de la Corte como al funcionario judicial Silvio Robles y el ministro larretista Marcelo D'Alessandro y a referentes de organizaciones de Derechos Humanos, que de una manera u otra se darán cita durante las semanas que demande la etapa probatoria y que, aún cuando no concluyan con una acusación formal, garantizarán intensas jornadas de virulentos cruces mediáticos.