La Corte dispuso readecuar el anexo de tribunales de Santa Fe y el MPA rechazó el cambio de destino

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe aprobó el 24 de febrero, mediante el Acta Acuerdo N° 4, una resolución vinculada a la asignación de espacios en edificios judiciales en construcción en Venado Tuerto, Casilda y la ciudad de Santa Fe, que en principio, restringe la posibilidad de compartirlos con los ministerios públicos de la Acusación y Defensa.

Dos días después, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, respondió formalmente y cuestionó el alcance de lo resuelto respecto del Anexo del Palacio de Justicia de la capital provincial.

El punto 16 del acuerdo, firmado por el presidente del tribunal, Rafael Gutiérrez, y los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rubén Weder y Margarita Zabalza, abordó los pedidos de información formulados por autoridades de los ministerios públicos, respecto de los espacios que ocuparán en nuevos inmuebles judiciales en Venado Tuerto, Casilda y Santa Fe.

Qué resolvió la Corte

En su decisión, el tribunal recordó la cláusula transitoria décimo sexta de la Constitución provincial reformada en 2025, que establece que el uso y destino de los inmuebles y bienes afectados al Ministerio Público no puede modificarse sin su conformidad.

En relación con la obra del Centro de Justicia Penal de Venado Tuerto, la Corte señaló que su ejecución depende del Poder Ejecutivo y que no interviene en la asignación de espacios.

Sobre el nuevo edificio judicial de Casilda, indicó que la construcción permitirá albergar adecuadamente a todas las dependencias del Poder Judicial y que se evaluarán alternativas para que los órganos del Ministerio Público ocupen espacios en esa unidad, en tanto no resulten necesarios para el propio Poder Judicial, a través de convenios específicos.

El punto más relevante se refiere al Anexo del Palacio de Justicia en construcción en la ciudad de Santa Fe. Allí, la Corte sostuvo que la concreción del edificio permitirá concentrar en dos espacios la totalidad de la jurisdicción judicial hoy dispersa en distintos inmuebles alquilados, optimizando recursos y reduciendo erogaciones por arrendamientos.

En ese marco, resolvió avanzar con readecuaciones edilicias del Poder Judicial y, una vez materializadas, “evaluar la posibilidad” de poner a disposición del Ministerio Público los espacios que existieran, siempre que no fueran necesarios en el futuro para ese poder del Estado.

Asimismo, delegó en la Secretaría de Gobierno la realización de encuentros con autoridades del Ministerio Público para analizar alternativas en el edificio de Casilda.

Respuesta del MPA

El 26 de febrero, Vranicich remitió una nota a la Corte en la que manifestó su rechazo a lo resuelto respecto del edificio Anexo de la capital provincial. Señaló que la decisión implica un cambio de destino del inmueble que —según detalló— fue planificado y ejecutado desde hace más de una década para albergar al sistema de justicia penal en su conjunto.

En su presentación, la fiscal general repasó antecedentes administrativos y normativos vinculados al proyecto, entre ellos comunicaciones intercambiadas desde 2021 entre la Corte y el MPA sobre la distribución de espacios y gestiones iniciadas por el propio Ministerio Público para el cableado de datos, mobiliario y redes en sectores que, afirmó, ya habían sido asignados.

También mencionó que la obra fue financiada con un crédito aprobado por la Legislatura mediante la Ley 13.543, que contempla como destino la construcción del “Centro de Justicia Penal Santa Fe”, y recordó decretos del Poder Ejecutivo que asignaron partidas presupuestarias específicas para ese fin.

En ese contexto, Vranicich sostuvo que los espacios del Anexo ya se encontraban afectados al Ministerio Público y que la interpretación de la cláusula transitoria décimo sexta realizada por la Corte “desnaturaliza” la voluntad del constituyente. Indicó expresamente que el MPA no presta la conformidad exigida por la Constitución para modificar la asignación de espacios.

La fiscal general reiteró el pedido de que se informe el avance y el plazo de finalización de la obra para continuar con las tareas técnicas pendientes por parte del organismo, puso a disposición a sus equipos para trabajar en forma conjunta y formuló reserva de iniciar acciones legales.

Entre ellas, mencionó el recurso de inconstitucionalidad previsto en la Ley 7055, el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la eventual intervención de tribunales internacionales en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además, remitió copia de su nota al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a la Fiscalía de Estado.