Diputados votó el financiamiento universitario y sigue la discusión

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado, con el voto favorable de bloques de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica, y Unión por la Patria, el proyecto de financiamiento para las Universidades Nacionales. La iniciativa obliga al Gobierno Nacional a garantizar las partidas para las Universidades Nacionales y establece un mecanismo para el aumento de los salarios de los docentes y no docentes.

Fue en la misma sesión que se extendió durante más de veinte horas, y en la cual también se aprobó el proyecto que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial", con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes; iniciativa que sumó a los votos del radicalismo a los de La Libertad Avanza, el PRO y otros partidos aliados.

En el caso del financiamiento universitario, los alineamientos fueron diferentes. Y el resultado de la votación, al final de un debate que se inició a las 4.30 de la madrugada, surgió de una suerte de justa parlamentaria, en la que previamente se produjo el rechazo de dos dictámenes: el de mayoría, que impulsaba Unión por la Patria, y uno de minoría, correspondiente al oficialismo. Finalmente se aprobó un tercer dictamen, suscripto por la UCR, al que se sumaron Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal y en el recinto recibió los votos positivos del peronismo-kirchneristmo. Se impuso 143 votos a favor y 77 en contra, con una abstención.

Para el caso de que el texto aprobado en Diputados sea sancionado como ley por el Senado, podría abrirse una nueva pulseada política, ya que el presidente Javier Milei anticipó que vetaría cualquier norma que, desde su punto de vista, pusiera en riesgo el equilibrio fiscal. De hecho, ése fue el principal argumento esgrimido en el recinto por los representantes del oficialismo y sus aliados para rechazar la iniciativa. En caso de que el Presidente ejerza su derecho a veto, el Congreso tendrá la posibilidad de insistir con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, y el Poder Ejecutivo estará obligado a promulgar la ley.

Todo el trámite se desarrolla, a la vez, con el trasfondo de un recrudecimiento del conflicto que atañe al sector universitario, con paros en todo el país por la caída en los salarios docentes y la falta de una propuesta de recomposición suficiente para remotarla.

Precisamente, el acuerdo entre los partidos votantes incorporó a la norma el mecanismo de incremento salarial periódico para el personal universitario, que será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.

Qué dice el proyecto

El texto aprobado en Diputados obliga en primer término al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades.

En ese sentido, la iniciativa fija que cada dos meses, el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de acuerdo a la inflación. A tal efecto, fija que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales por el índice general de precios al consumidor informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).

Uno de los puntos centrales es que se aumentará todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación.

Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo.

Posteriormente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre los salarios deberán ser actualizados de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este mecanismo de aumento salarial solo perderá vigencia si hay un acuerdo entre las organizaciones gremiales y autoridades universitarias que tenga el aval del Gobierno Nacional.

Otro punto de la iniciativa es que habrá control de la Auditoría General de la Nación conforme los términos del artículo 59 bis de la ley 24.521.

También se fijó que habrá una ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.