Emergencia previsional: tres nuevos amparos cuestionan el "aporte solidario" de pasivos

Tres nuevos amparos fueron presentados en las últimas horas para objetar los alcances de la reforma previsional votada recientemente en la Legislatura. Se formalizaron en los Tribunales de Rosario y son los primeros impulsados por pasivos provinciales. Dos son jubiladas – ex secretarias de juzgado- y una es pensionada; todos, pertenecientes al ámbito del Poder Judicial.

A diferencia de las cautelares anteriores, las recientes no objetan el procedimiento legislativo que derivó en la sanción de la ley, sino que apuntan contra el "aporte solidario" que la normativa plantea tanto para activos como para pasivos. Los escritos interpuestos previamente – hasta aquí, todos rechazados- habían sido promovidos por el bloque Somos Vida, por el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos y por AMSAFE. También, por cuatro efectivos de la policía provincial.

Argumentos

En los fundamentos, los demandantes justifican la vía del amparo a partir del "peligro y amenaza inminente" que constituye el "aporte solidario", y que se traduce en un "descuento sensible" (los valores dependen de la escala de ingresos) en los haberes, con la "detracción correspondiente de los montos", en el marco de la emergencia previsional que regirá al menos por dos años. Ello, sostienen, afecta "el derecho de propiedad amparado por al artículo 17 de la Constitución Nacional y por tratados internacionales". Asimismo, "conculca con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos, principios y garantías fundamentales reconocidos" por dichos marcos jurídicos. "El aporte solidario – aseguran- viola el derecho a la propiedad y a la igualdad, e implica una subversión encubierta a todo orden constitucional argentino".

Por otra parte, se plantea que "injustamente se trata de retener montos significativos" a los jubilados en concepto de un aporte solidario, pero a través de una ley "sancionada por otros funcionarios provinciales que no son solidarios en lo más mínimo". "No se advierte – plantean al respecto- en quienes han votado esta ley mayores conductas solidarias. Las condiciones administrativas de la Legislatura siguen intactas, y los costos en asesorías cuya necesidad es relativa tampoco se han visto afectados". Por lo tanto, interpretan que "la falta de austeridad termina recargando el costo de la solidaridad sobre los jubilados". "Es injusto – concluyen- que se pretenda un esfuerzo solidario de quienes están a punto de recibir su jubilación, mientras que quienes deciden acerca de esa solidaridad compulsiva no renuncian a sus privilegios ni beneficios".