En Diputados presentan el informe de la comisión investigadora sobre fentanilo

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado creada en el ámbito de la Cámara de Diputados llegará a su fin luego de dos meses y medio de arduo trabajo.

Creada por unanimidad a mediados de septiembre, comenzó a funcionar un par se semanas después bajo la presidencia de la socialista Mónica Fein y este martes, desde las 9, presentará las conclusiones y recomendaciones a partir de los datos recopilados y los testimonios que fueron presentados en la misma sede de la comisión.

Alrededor de 20 resoluciones integrarán el informe del equipo compuesto por legisladoras y legisladores de todas las bancadas. Hasta el 9 de diciembre se podrán incorporar nuevas observaciones.

“Seguramente, será la hoja de ruta de la próxima Cámara” confió la legisladora rosarina. Es que al día siguiente jurarán los legisladores electos el 26 de octubre y el Congreso tendrá una nueva integración.

Sin embargo, la gravedad del hecho que se investiga, y que ubica la cifra de muertes en un número muy superior al centenar, permite anticipar que el tema seguirá en la agenda parlamentaria.

Testimonios

La comisión funcionó con regularidad cada semana e incluyó una sesión especial en la ciudad de Rosario, una de las más afectadas por al cantidad de casos. Fue en los primeros días de noviembre, a pedido de las familias de las víctimas que en todo momento presenciaron las reuniones y se convirtieron en verdaderos motores de la investigación.

Una de las características de la comisión es su pluralidad política: como se dijo, está integrada por referentes de todas las bancadas y el triunvirato que la presidió durante todo este tiempo estuvo conformado, además de Fein, por la libertaria Silvana Giúdici y Victoria Tolosa Paz (UxP).

Entre otros testimonios, recibió los de las máximas autoridades del Hospital Italiano de La Plata, donde se registró el primer brote de afectados por el fentanilo contaminado o adulterado; de referentes del Instituto Malbrán, cuyo trabajo fue destacado en más de una oportunidad por quienes investigan el caso, y del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

El magistrado, cuya actuación se inició en mayo a partir de una denuncia realizada por Anmat, seguida por un alerta nacional, explicó en detalle cómo se hizo la investigación que reveló irregularidades en la producción del Laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

“Nuestra posición, avalada por doctrina calificada, es que la contaminación por medio de las bacterias incrementó el riesgo de muerte", fue una de las definiciones ante legisladores y familiares.

La minuciosa tarea del juzgado incluye el análisis particular de decenas de historias clínicas (ya se evaluaron 40), tarea que continuará aún durante la feria judicial, con el objetivo, con mucho viento a favor, de llevar el caso a juicio en el año 2026.

El juez contó también que no hubo trazabilidad de los medicamentos y que la Anmat desconocía la ubicación de las ampollas que se investigaban como contaminadas. Ni Anmat ni el ministro de Salud de la Nación Mario Lugones asistieron a las reuniones a las que fueron convocados, cuestión que fue comunicada a la Presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem.

Mientras tanto, la tarea desarrollada por la comisión fue bien ponderada por sus propios integrantes y los familiares de las víctimas, que se convirtieron en impulsores de la investigación.

“Hoja de ruta”

Al nuevo Congreso que iniciará sus funciones el 10 de diciembre le quedará por delante la tarea de seguir de cerca el proceso y dictar las normas necesarias para que no se repita un hecho similar.

Entre las prioridades habrá que establecer un marco normativo para la Anmat, creada por decreto en agosto de 1992 luego de otra tragedia: la que derivó en la muerte de seis personas por el consumo de productos de propóleo contaminado.

También habrá que establecer mecanismos para asegurar la trazabilidad de los medicamentos desde su producción hasta su aplicación. El lote contaminado incluyó 154 mil ampollas que fueron distribuidas a distintos centros de salud y cuya localización, al momento de conocerse los casos fatales, era desconocida por los organismos nacionales.