El Gobierno nacional intervino la Agencia Nacional de Discapacidad y designó a un nuevo interventor

El Ejecutivo nacional resolvió intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en medio de un escándalo por presuntas maniobras de corrupción. La medida fue anunciada este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también confirmó la designación del doctor Alejandro Alberto Vilches como interventor del organismo.

La decisión llega tras la difusión de audios atribuidos al entonces director de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se denuncian supuestos pedidos de coimas y manejos irregulares con laboratorios y proveedores. En los audios, el exfuncionario hacía referencia a una estructura de recaudación que involucraría incluso a la droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del Estado.

Un perfil técnico para normalizar el organismo

La intervención fue dispuesta por el presidente Javier Milei con el objetivo de iniciar una auditoría integral del organismo y revisar el otorgamiento de pensiones por invalidez. Desde Casa Rosada aseguraron que buscan terminar con la "intervención política" dentro de la agencia y garantizar una administración transparente y profesional.

Alejandro Vilches, médico de larga trayectoria en gestión sanitaria en el ámbito público y privado, será el encargado de conducir la normalización del organismo. El flamante interventor ya ocupó cargos relevantes en la estructura sanitaria del país, entre ellos la Secretaría de Gestión Sanitaria.

Su principal tarea será auditar el sistema de pensiones no contributivas y revisar los mecanismos de contratación y compras dentro de la agencia.

Golpe político y rechazo legislativo

La crisis en la ANDIS se produjo en una jornada complicada para el Gobierno. En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con apoyo de la oposición, lo que constituye un duro revés legislativo para el oficialismo.

Ahora, el texto pasará al Senado, donde se definirá si queda firme el veto de Milei o si se sanciona la ley a pesar de la objeción presidencial.

Desde el Gobierno sostienen que la intervención busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad y evitar que intereses políticos o económicos interfieran en una política pública sensible. Sin embargo, la medida también fue leída como una jugada para descomprimir la presión política tras la difusión de los polémicos audios.

Con esta decisión, el Gobierno intenta retomar el control de un área clave del Estado y marcar distancia respecto de las prácticas irregulares que se le adjudican a la anterior gestión del organismo. La gestión de Vilches se perfila como una etapa de auditoría y revisión profunda, en un contexto marcado por la tensión política y la exigencia de mayor transparencia.