La UCR nacional y el Partido Socialista condenan al presunto espionaje en Santa Fe

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y la Junta Provincial del Partido Socialista Federación Santa Fe emitieron sendos comunicados en los que tanto expresan su preocupación, como su firme condena, a los presuntos procedimientos de espionaje, armado de carpetas judiciales a rivales políticos, proclamados atropellos a los derechos de una ciudadana detenida por no cumplir con la cuarentena y la búsqueda de cómo "ir contra" el CEO y principal accionista de El Litoral, Nahuel Caputto.

En sendos documentos, las máximas autoridades de la UCR en el país destacan "la persecución" desde el gobierno provincial contra el diputado provincial y precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro (Evolución), en tanto que la cabeza del PS santafesino reclama "urgentes explicaciones públicas del gobernador Omar Perotti sobre lo que está pasando, a la vez que pedimos, que tanto él como la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, y todos los ministros de la gestión, se pongan inmediatamente a disposición de la Justicia provincial para garantizar la investigación y que podamos saber con exactitud y a la brevedad, quienes son los funcionarios/as involucrados y quienes sabían o avalaban dicha operatoria".

Del radicalismo

"El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical manifiesta su repudio a la información conocida en las últimas horas que demuestra una clara persecución utilizando todos los resortes del Estado para desprestigiar, atacar y amenazar al presidente del bloque de Diputados de Santa Fe de nuestro partido, Maximiliano Pullaro", sostiene el texto difundido el 27 de septiembre.

"Los mismos mecanismos ilegales se utilizaron también contra medios de comunicación y empresarios, como es el caso del CEO y accionista mayoritario de El Litoral, Nahuel Caputto", destaca.

"El gobernador Omar Perotti, el senador Roberto Mirabella y los funcionarios y ex funcionarios involucrados deben dar explicaciones y responder frente a la innumerable cantidad de pruebas", sigue.

"El radicalismo de todo el país respalda a Pullaro y le reclama al gobierno provincial y nacional que cesen este tipo de presiones ilegales que nada tienen que ver con un marco de convivencia democrática y republicana" expresa con la firma de la Mesa del Comité Nacional.

Del socialismo

Bajo el título "Santa Fe vive una crisis institucional grave y profunda sin antecedentes", el PS subraya que lo expuesto "se agudiza más aún mientras atravesamos uno de los momentos más difíciles en materia de seguridad en la provincia".

Tras mencionar las notas periodísticas donde se publicaron audios de funcionarios del Ejecutivo Provincial, indica que "surgen con claridad maniobras políticas y judiciales de carácter ilegal, aparentemente pensadas y ejecutadas dentro del Poder Ejecutivo Provincial, a saber: Inteligencia ilegal: a la sospecha de perfilamiento de dirigentes políticos y sindicales, empresarios y periodistas, se le suman las escuchas ilegales. Tráfico de influencias sobre integrantes del Poder Judicial, funcionarios en general y medios de prensa, con la pretensión de transformar escuchas 'ilegales' en 'legales' o realizar operaciones mediáticas. Detenciones ilegales, al parecer, en la propia sede de la Gobernación. Decisiones políticas que afectaron la normal gestión del Servicio Penitenciario y de la seguridad pública en detrimento de todos los santafesinos, como forma de responder a internas partidarias. Eliminación de documentos públicos en oficinas del Estado. Si se comprueba la veracidad de estos audios -y que los mismos pertenecen a los y las funcionarios mencionados- estaríamos frente a un escándalo institucional que pondría en riesgo los estándares mínimos de democracia y de legalidad propia del estado de derecho"

"Asimismo -sigue-, dejaría a las claras que mientras la provincia de Santa Fe atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, sus funcionarios, en lugar de ocuparse de la gestión cotidiana de dicha área, utilizaron las herramientas del Estado para cometer actos ilegales. Por ello, solicitamos urgentes explicaciones públicas del gobernador Omar Perotti sobre lo que está pasando, a la vez que pedimos, que tanto él como la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, y todos los ministros de la gestión, se pongan inmediatamente a disposición de la Justicia provincial para garantizar la investigación y que podamos saber con exactitud y a la brevedad, quienes son los funcionarios/as involucrados y quienes sabían o avalaban dicha operatoria".

"Queremos, además, que el fiscal de Estado, Rubén Luis Weder, dé cuenta de lo realizado representando a la provincia como querellante en la causa de Espionaje ilegal (Decreto Prov. 22/22), así como las medidas administrativas y sumariales realizadas dentro del propio gobierno provincial. Es imperioso que ninguna persona imputada por esta causa cumpla, mientras tanto se investigue, funciones en el Poder Ejecutivo provincial o nacional, hecho que exigimos tanto al gobernador Perotti como al presidente de la Nación, Alberto Fernández, especialmente para que desde estos lugares de Poder no se pueda interferir u obstaculizar las tareas de investigación".

Fiscales y defensores

Por otra parte, "mientras nuestra provincia atraviesa un proceso de recambio institucional de autoridades del Minsterio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, así como de la implementación de concursos de jueces y fiscales, resulta indispensable que el gobierno provincial proteja ese proceso de cualquier sospecha de arbitrariedad, ilegalidad, rumor o influencias".

"Estamos convencidos que el concurso tiene que resultar ejemplar, transparente y abierto a la comunidad, y por ende ni el proceso ni el Consejo de la Magistratura pueden quedar inmersos en estas acusaciones, y mucho menos a cargo de funcionarios sospechados. Para finalizar, queremos manifestar nuestro respaldo al Ministerio Público de la Acusación para que actúe con la responsabilidad y libertad que una causa de tal magnitud requiere", sostiene la Junta Provincial Partido Socialista Federación Santa Fe .

Mirabella desmiente y cuestiona a Pullaro

El diputado nacional Roberto Mirabella fue el único miembro del oficialismo que salió al cruce de las afirmaciones vertidas por Marcelo Sain en los audios difundidos, en este caso específicamente para desvincularse de las supuestas conductas que le imputa.

"En primer lugar, es importante dejar absolutamente en claro que yo no pedí al ex ministro de Seguridad Marcelo Saín ni a ningún otro integrante del gobierno una "investigación" sobre el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro ni su ex jefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, ni sobre otro funcionario, dirigente político, o ciudadano de la provincia. Las investigaciones las pide la Justicia. Asimismo, quiero enfatizar que no hay ni habrá documentos, mensajes ni evidencia que me vincule con este tema porque este suceso sencillamente nunca ocurrió", afirmó el legislador.

Por otra parte, subrayó que "desde mi rol de diputado nacional y desde cada uno de los lugares que me toco asumir a lo largo de los años siempre trabajé y seguiré trabajando para defender a los santafesinos y santafesinas, que merecen dirigentes políticos que los defiendan, no que estén preocupados por ellos mismos y releguen los problemas de la gente a un segundo plano".

A la vez, aludió también a las declaraciones del propio Pullaro en las que "dice ser víctima de "operación", cuando hay sobradas pruebas de los vínculos del ex comisario Alejandro Druetta con el narcotráfico. Son hechos, probados ante la Justicia. Druetta, nombrado por Maximiliano Pullaro, fue jefe de Drogas Peligrosas de la región sur de Santa Fe y jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI). Fue mano derecha de Maximiliano Pullaro. Y también fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por la Justicia Federal de la provincia. En múltiples instancias, se demostró que Druetta lideraba una organización criminal que protegió y garantizó la expansión del narcotráfico en Rosario y en toda Santa Fe".

"Nadie es víctima de una "operación". Las víctimas son las y los santafesinos que durante tantos años se le abrió la puerta al narcotráfico. Víctimas de jefes de policías narcos. En síntesis, víctimas de la pésima gestión que tuvo Pullaro como ministro de seguridad de la provincia. Nuestra tarea es defender a Santa Fe. Y lo vamos a seguir haciendo, sencillamente porque somos lo que hacemos", concluyó Mirabella.