En ese lapso, según el artículo tercero del proyecto de ley que ya logró media sanción del Senado y ahora se discute en Diputados, quedará facultado el gobernador a "determinar el régimen tarifario del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento en el ámbito de la concesión definido por el articulo 3ro de la Ley N° 11.220", es decir, actualizar el factor k de la fórmula tarifaria que se usa tanto para los consumos reales (con lo que indica el caudalímetro) como los consumos presuntos que emplean un cálculo arbitrario entre metros cuadrados de superficie de los inmuebles con metros cúbicos que se supone debería emplear la propiedad servida.