Suspendieron a la jueza Ileana Sinchez, investigada por supuesta violencia laboral

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe, integrado a dichos efectos por el presidente de la Corte Suprema Daniel Erbetta, los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri, María Angélica Gastaldi, más la diputada provincial Georgina Orciani, el senador provincial Raúl Gramajo, los abogados de la matrícula Lilia Sosa Gerelli (Reconquista) y Miguel Murtagh (Venado Tuerto), se reunió en el martes para dar tratamiento a la denuncia contra la jueza de Familia de los Tribunales de Reconquista, Ileana Judit Sinchez.

Como resultado, se resolvió la admisibilidad de la denuncia efectuada por el procurador general, Jorge A. Barraguirre. Los efectos legales de la decisión tomada por el Tribunal de Enjuiciamiento se encuentran regulados en la ley 7050 e implican la suspensión en el cargo y la retención del 50% de haberes mientras dure el tramite de ley.

Cargos

Las actuaciones contra la magistrada fueron elevadas por el procurador general de la Corte, Jorge Alberto Barraguirre, para cumplimentar su obligación legal de denunciar los hechos que constituyan causales de remoción de jueces, de acuerdo a la ley citada que regula las normas para el enjuiciamiento de esos funcionarios judiciales.

El Tribunal consideró que, desde una «apreciación mínima y formal» la conducta de la jueza se subsume prima facie en las previsiones de los incisos 1 y 2 del artículo 7 de la mencionada ley, que refieren a la «ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial», reiteradamente demostrada.

Como así también al «incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución», leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas.

En consecuencia, resolvió declarar sometida a enjuiciamiento la jueza de Distrito de Familia de la ciudad de Reconquista y suspenderla provisionalmente en el ejercicio de sus funciones a la nombrada magistrada.

Además, el aplicó los alcances del artículo 12 de ley de referencia, que establece que «admitida formalmente una denuncia, el Tribunal suspenderá provisionalmente al magistrado en el ejercicio de sus funciones, ordenará el pago en lo sucesivo del 50% de su remuneración y la retención del 50% restante» y dispondrá su comparecencia al juicio en el plazo de tres días, con apercibimiento de nombrarle defensor de oficio si no compareciere.

Denuncias

En sus denuncias, que datan del año pasado, los empleados del Juzgado de Familia apuntaron contra la jueza Sinchez por “maltratos, gritos, insultos, agresiones, clima de tensión constante y un carácter imposible, intratable y agresivo” que habría provocado entre ellos cuadros de “apatía, estrés, gastritis nerviosa y miedo”, con patologías psiquiátricas diagnosticadas por profesionales médicos.

Asimismo, denunciaron el “pésimo desempeño en cuestiones atinentes a personas en estado de vulnerabilidad”, que las “invisibilizan y neutralizan”, y apuntaron que “llama la atención la poca cantidad de adopciones que se resuelven en el juzgado y los extensos e innecesarios procesos” por los cuales atraviesan quienes deben realizar los trámites, que de acuerdo a los dichos de los denunciantes son víctimas de la “negligencia y la falta de humanidad de la jueza Sinchez”.